Los activistas de la sociedad civil sancionados con duras condenas de cárcel por sus convicciones son objeto de suplicios en China, un problema “que sigue siendo endémico”, afirmó la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, la irlandesa Mary Lawlor, indica un comunicado difundido hoy en Ginebra.

«Condenar a los defensores de los derechos humanos, en particular a largas penas de prisión, por su trabajo pacífico en favor de los derechos humanos, martirizarlos bajo custodia y no proporcionarles una atención médica adecuada es algo que no puede continuar», protestó Mary Lawlor. Agregó que ciertas víctimas sufren también “arresto domiciliario”, y se les niega “el acceso a la atención sanitaria, a sus abogados y a sus familias”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es el máximo órgano en la materia de la organización supranacional. Lo integran 47 Estados, nombrados por el voto secreto de la Asamblea General, compuesta los 193 países que resultan el parlamento de Naciones Unidas. Los escaños se distribuyen según una repartición proporcional a las cinco regiones del planeta en que se divide la ONU. China forma parte este año del citado Consejo.

Los más de 50 expertos independientes que dispone este Consejo, actúan de acuerdo a su conciencia, no son funcionarios de la ONU, ni cobran sueldo, solo reciben los viáticos para cubrir los gastos de sus mandatos, de tres años, renovables solo una vez, abocados a cuestiones “temáticas” (tortura, extrema pobreza, libertad de expresión, etc.) o a situaciones en países con graves crisis de derechos humanos (Myanmar, Iran, Mali, Somalia, Bielorusia, Eritrea, etc.).

«He recibido innumerables informes que indican malos tratos que pueden equivaler a la tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Lawlor. No obstante “la gran cantidad de documentación y recomendaciones de los mecanismos de la ONU durante años, incluido el Comité contra la Tortura”, que vigila la Convención Internacional en la materia, el problema perdura. Y citó los casos, Gao Zhisheng, “desaparecido por la fuerza” y Guo Hongwei, “muerto en prisión”.

Lawlor dijo tener conocimiento de al menos 13 defensores de los derechos humanos que han sido condenados a 10 años o más de cárcel bajo “cargos espurios”, como «buscar pelea» o «provocar problemas», en realidad intentando defender pacíficamente los derechos de los demás. Y expuso a continuación lo sucedido a Li Qiaochu, detenida en virtud de leyes con disposiciones vagas, e interpretaciones arbitrarias, “cuyo paradero actual en alguna cárcel no está claro”.

La experta irlandesa se refirió además a Qin Yongmin, que fue condenado a 35 años de prisión en relación con su acción en pro de los derechos humanos, incluida la promoción del compromiso con la ONU. Y a Ilham Tohti, “un erudito moderado”, que purga cadena perpetua, detenido arbitrariamente, presuntamente torturado, tras un juicio a puerta cerrada, sin permitir la visita de sus familiares, sobre los cuales las autoridades chinas no le han dado ninguna información desde entonces.

Luego evocó al defensor de los derechos humanos Chen Xi. Este cumple actualmente una condena de 23 años de prisión y ha sido humillado con “malos tratos y posiblemente a tortura”, manifestó Lawlor. “Padece una enteritis crónica que le provoca deshidratación y fiebre. Todos los inviernos ha sufrido graves congelaciones en las manos, las orejas y la zona abdominal”, subrayó.

Después vino el turno del abogado Yu Wensheng, detenido en abril de 2018 y condenado a cuatro años de prisión tras un juicio secreto. Sin embargo se le niega la atención médica necesaria en la cárcel, aquejado de varias afecciones graves. A continuación la Relatora nombró a Huang Qi, quien está enfrentando una condena de 12 años de cárcel en relación con su trabajo de derechos humanos. Soporta hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, una afección renal crónica e hidrocefalia. Presumiblemente Huang Qi no ha tenido la indispensable atención médica en la cárcel, y su estado de salud se está deteriorando.

Otros expertos independientes se sumaron al llamado de Mary Lawlor a China. Lo hicieron Nils Melzer, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el Derechos a la Salud Física y Mental, y los Grupos de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, constituidos con 5 expertos independientes cada uno.

«La imposición de penas de prisión arbitrarias, específicamente de larga duración, a defensores y defensoras en relación con su labor de derechos humanos es un intento inaceptable de silenciarlos y acallar sus esfuerzos, así como de intimidar y disuadir a otros de realizar esta legítima tarea», opinó Lawlor. «A muchos se les ha negado contar con abogados de su elección y poder ser visitados por sus familias”. Reveló que “en algunos casos, los mismos abogados y sus familiares son también el objetivo” de la represión.

«Pido a las autoridades chinas que liberen inmediatamente a estos defensores de los derechos humanos de su detención, y que garanticen que pueden continuar con su significativa y necesaria obra de derechos humanos sin temor a represalias de ningún tipo, incluso contra sus familiares», finalizó Mary Lawlor.