En los próximos días, el Gobierno de Alberto Fernández podría recibir una solicitud extra de las autoridades del FMI. Por una fuerte presión de los bonistas internacionales que litigan contra la provincia de Buenos Aires para renegociar la deuda en default el organismo podría solicitar al gobierno de Axel Kicillof que solucione rápido ese problema para continuar con las negociones para lograr un nuevo acuerdo el año próximo.

El 24 de junio pasado, la provincia de Buenos Aires extendió una vez más el vencimiento de su período de invitación a los tenedores de deuda para aceptar una propuesta de canje. Es la decimoctava vez que Axel Kicillof vuelve a extender un arreglo con los bonistas. Las conversaciones entre fondos tenedores de esos bonos y el Gobierno se llevan adelante bajo acuerdos de confidencialidad.

La Provincia cayo en default el 14 de mayo del año pasado y busca canjear unos 7.100 millones de dólares en bonos en medio de una prolongada recesión con alta inflación, que fue agravada por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, contrató a Bank of America Securities y Citigroup Global Markets para que actúen como administradores de distribuidores para la Invitación y D.F. King actúa como agente de intercambio, tabulación e información.

Hay que recordar que el 23 de marzo pasado, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, acreedores de 11 series de obligaciones con un monto de capital total de más de u$s7.100 millones emitidos por la provincia, presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El estudio White & Case, que los representa, al explica que "la Provincia dejó de realizar los pagos programados por los Bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series de Bonos". La demanda fue por un reclamo de u$s205 millones (u$s30 millones ya caídos) y luego se sumó otra, de fondos que integran este grupo más otros inversores, por u$s1.900 millones (u$s336 millones ya en default).

En su último comunicado, del 8 de junio pasado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas a cargo de Pablo López, informó que "los acreedores optaron por interrumpir el diálogo y discontinuar los intercambios restringidos, a pesar de que la Provincia mostró voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten".

Desde el gobierno de Kicillof niegan que los flujos de pago entre ambas propuestas sean los mismos y citan como ejemplo que el cupón máximo propuesto por los acreedores a partir de 2025 es de 7,125% o 6,75%, según los dos escenarios contingentes que plantean sin mayor explicación; y el propuesto por la Provincia asciende a 6,25% para el mismo período".

Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda bonaerense afirman que "la Provincia sigue abierta al diálogo y a encontrar una solución consensuada".

En ese sentido, resaltaron que el Gobierno bonaerense "necesita condiciones sostenibles para su deuda a fin de atender a las enormes necesidades sociales de sus habitantes, independientemente de las soluciones que encuentren otras provincias".

Cabe destacar que la provincia de Buenos Aires y La Rioja son los únicos distritos que todavía no consiguieron acordar la reestructuración de su deuda con legislación extranjera.

Nueva misión de Guzmán 

Con respecto a las negociaciones con el FMI, hay que destacar que el ministro de Hacienda Martín Guzmán viajará la semana que próxima a Italia. En Roma participará de la cumbre de ministros de Economía del G20 y mantendrá una reunión clave con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, donde espera poder avanzar en la negociación.

Guzmán tiene previsto insistir ante las autoridades del organismo con dos cláusulas que considera fundamentales para poder destrabar el acuerdo:

• 1. En primer lugar, solicitar que el FMI no le cobre a la Argentina la sobretasa de interés por el monto extraordinario del crédito por u$s45.000 millones que recibió el gobierno de Mauricio Macri.

• 2. En paralelo, pedir que se incluya una cláusula especial que le permita a Argentina "cambiarse" a otra línea de facilidades más ventajosa si en algún momento el FMI las aprueba.

Cualquier reestructuración de deuda persigue básicamente dos objetivos: en primer lugar, volver a la misma "sustentable", es decir, mejorar la capacidad de repago del emisor que avanza en la refinanciación.

El segundo, es recuperar el acceso a los mercados y refinanciar los futuros vencimientos a tasas razonables.