El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se erige en el ámbito para fomentar la negociación, entre el gobierno de Nicolás Maduro y los países que apoyan una evolución incruenta en Venezuela. De hecho, Estados Unidos se postula para liderar un mecanismo de alianzas que viene de ponerse en marcha en Ginebra, luego del informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet difundido hace pocos días, sobre persistentes violaciones de derechos humanos en la República Bolivariana.

Calcada de la ecuación que intenta reflotar Joe Biden para impedir que Iran se dote irreversiblemente de armamento nuclear, elucubrada por Barack Obama sin embargo aparcada por Donald Trump, los Estados Unidos proponen a Venezuela algo similar: levantar sanciones a cambio de elecciones libres y respeto de los derechos humanos. En ambas circunstancias, se impone la figura de Antony Blinken, asesor en política exterior de Obama, hoy jefe del Departamento de Estado con Biden, quien acaba de concertar en Ginebra una trama de voluntades, gestos y discursos coincidentes que no deja alternativa a la mayoría de los países de America Latina y de la Unión Europea, que preconizan una transición pacifica en Venezuela.

Ausente por voluntad propia tras renunciar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, si la diplomacia de Nicolás Maduro deseara romper su aislamiento internacional parece no tener mejor remedio que buscar una solución en el único órgano internacional que todavía integra: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las condiciones son propicias: Estados Unidos se ausentó en 2018, programando volver en 2022, en el cual ya se encuentran los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a saber, Rusia, China, Francia y Reino Unido, entre los 47 Estados que lo componen. Por América Latina y el Caribe, actualmente forman parte Venezuela, como se ha dicho, además de Bahamas, Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, México y Argentina.

En la presente sesión del citado Consejo que finalizará este 15 de julio, la anteúltima de 2021, pese a ser aún país observador hasta fin de año, Estados Unidos ha conseguido uniformizar el discurso critico hacia Venezuela, morigerando su lenguaje y tejiendo complicidades que ha absorbido a los países del Grupo de Lima, mayoritario en América Latina, a los de la Unión Europea, más Japón, Israel, Nueva Zelandia, Australia, República de Corea y Suiza, 57 en total. En un discurso conjunto, co-firmado por Washington, no hay alusión a medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.

Debe acotarse que durante en su intervención individual como país, Estados Unidos deslizó sutilmente su compromiso “a trabajar con socios y aliados para …., aplicar sanciones adecuadas, incluso contra funcionarios corruptos del régimen que socavan la democracia o abusan de los derechos humanos”. Hizo así compatible las medidas coercitivas unilaterales con las posturas de Michelle Bachelet y con varias oeneges venezolanas, que condenan tales medidas cuando afectan a la población, toda vez que las sostienen si se trata de personeros del gobierno Maduro.

Al respecto, Venezuela denunció que “el cerco financiero bloqueó el pago de varios millones de dolares al sistema COVAX para la adquisición de vacunas contra la pandemia” … y “no se ha podido recibir los repuestos ya pagados de Microscopios Electrónicos de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que se requieren para seguir operando”. Añadió que “mientras eso ocurre, Venezuela se enrumba (sic) nuevamente a una fiesta electoral, con la celebración de comicios regionales programados para noviembre de 2021”.

No desentonaron con ese contexto la Argentina y el Uruguay, que mantienen su independencia en el debate, no obstante coincidir que Caracas debe producir transformaciones sustanciales en materia de derechos humanos. “En línea con lo manifestado por un grupo de Estados”, en supuesta alusión al pronunciamiento conjunto de 57 de ellos antes aludido, Montevideo expuso su preocupación por “las persistentes y graves restricciones al espacio cívico y democrático”, constató “la urgente necesidad de garantizar la celebración de elecciones libres e independientes”, y pidió que se permita la apertura de una Oficina de Bachelet en Venezuela, y la visita de expertos de la ONU.

Argentina fustigó “el incremento de las sanciones económicas y financieras”, y a su vez reclamó “elecciones libres, justas, pacificas e independientes que incluyan las voces disidentes”. E instó “al gobierno de Maduro a “realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes”, particularmente sobre “las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, llevando a los perpetradores ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas, así como poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de derechos humanos”.

Consultadas varias organizaciones de la sociedad civil venezolana, que no vale la pena identificarlas, susceptibles de provocar represalias en su contra, las cuales siguieron las deliberaciones de Ginebra por el sistema audiovisual directo y público de la ONU, dieron cuenta que se agrava la crisis sanitaria. Criticaron el discurso gubernamental, que evita responsabilidades, y acusa a las sanciones internacionales de la ausencia de cumplimiento de sus evidentes e implícitas obligaciones. Solicitaron a la Alta Comisionada que continúe sus gestiones para revertir la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de información pública en el país. Dijeron que los venezolanos desconocen el impacto de la pandemia. E ignoran los cronogramas y criterios en la actual campaña de vacunación contra el Covid-19.

Estos organismos de la sociedad civil apoyan la opinión de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre la agudización de la emergencia humanitaria como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, subrayando que la crisis es preexistente a las sanciones. Apuntaron, tal como lo han expresado desde 2019, con anterioridad a las medidas coercitivas unilaterales, que ya existían graves violaciones por parte del Estado venezolano al derecho a un nivel de vida adecuado, a consecuencia del desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de la infraestructura y el deterioro de los servicios básicos.

Reiteraron que se mantienen las restricciones al espacio cívico mediante campañas de criminalización y desprestigio contra militantes de derechos humanos. Alertaron que actualmente se promueven dos normativas que aumentan las restricciones: la Providencia Administrativa 002 y el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Y trajeron a colación lo sucedido en las últimas horas con las detenciones de los dirigentes civiles de “Fundaredes”, Javier Tarazona, quien padece una cardiopatía, Rafael Tarazona, y Omar de Dios García, dados originariamente por desaparecidos, posteriormente incomunicados, antes de ser imputados de “traición a la Patria, terrorismo e instigación al odio”.

Sin contacto con familiares y abogados, se les impuso a estas tres nuevas víctimas de la represión, una defensa pública, ardid ya conocido por las oeneges. Explicaron que consiste en presionar a las personas acusadas y privadas de libertad, cuando se acerca la fecha de la sentencia, para que se declaren culpables con la promesa de reducirles la pena. Las oeneges venezolanas compulsadas lamentaron que Michelle Bachelet, conociendo el caso, se limitó a solo pedir ayer “el acceso urgente a abogados defensores de su elección”, y no exigió asimismo la liberación inmediata de estos presuntos inocentes del activismo civil.