El 12 de agosto de 2021 se cumplieron dos años de ocurrida «La gorra leaks 2.0», la mayor filtración de datos de la historia argentina, que afectó nada menos que a la Policía Federal Argentina. Transcurrido todo ese tiempo, y luego de 15 allanamientos y 6 detenciones, en la causa no hay ninguna imputación formal contra nadie.

Ni siquiera se sabe con exactitud (y de esto da cuenta una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) qué sistemas policiales fueron vulnerados, ni qué información se sustrajo de los mismos.

Y yo, que fui falsamente incriminado por la policía (de lo que también da cuenta un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), sigo insistiendo con la esperanza de que el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal federal Ramiro González hagan de una vez su trabajo, en vez de dejar seguir pasando el tiempo con la esperanza de que la causa prescriba y todo (incluyendo el encubrimiento y los abusos policiales) quede en la nada. Pero parece que estos buenos señores no quieren atender razones ni para desvincularme de la causa ni mucho menos para investigar la complicidad policial.

El nuevo escrito

(Aquí en formato PDF).

Señor Juez Federal:

Javier Smaldone, conjuntamente con mi abogado defensor Pablo Slonimsqui, en la causa Nº 55.276/2019 caratulada “NN S/VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA”, que tramita en la Secretaría n° 18 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, ante V. S. me presento y digo:

MANIFIESTA

El 08 de agosto de 2021 se acaban de cumplir veintidós (22) meses de que allanaran mi domicilio y secuestraran mis herramientas, llevándose con ellas información sensible e indispensable para mi trabajo. Durante todo este tiempo no hicieron nada, más que dejarlas volverse obsoletas y ocasionarme un perjuicio. Y no parece haber, a juzgar por los movimientos en el expediente, ninguna intención de realizar alguna forma de peritaje sobre su contenido en un futuro cercano. Los oficiales de la Policía Federal que me incriminaron falsamente se salieron con la suya, el daño ya está hecho. Habida cuenta de ello, habré de solicitar su inmediata devolución.

Desde un primer momento dije a V.S. que la investigación policial en la que se basó la orden de allanamiento era un auténtico mamarracho –no solo informático sino también jurídico–, partiendo de una afirmación comprobable y comprobadamente falsa del subcomisario Carlos Alberto Aguirre (fs. 68). Aunque se me negó tener razón, tuvo que venir un fiscal especializado en delitos informáticos, el Dr. Horacio Azzolin, un año y medio después a desglosar punto por punto cada uno de los dislates policiales tendientes a hacerme aparecer como sospechoso (fs. 1681-1692). Ni más ni menos, lo mismo que había hecho yo en mi primera presentación (fs. 1157-1161), y que complementé con otras que ya no me alcanzan los dedos de las manos para contar. Dijo el fiscal Azzolin que “los investigadores habrían tomado ciertos atajos […], efectuando atribuciones en base [a] muchos argumentos genéricos y pocas evidencias concretas” (fs. 1682 vta.). Y definió al intento –lamentablemente exitoso– de involucrarme como “un conjunto de apreciaciones sin rigor científico ni anclaje concreto en elementos objetivos del caso (las evidencias recolectadas, a las que hicimos referencia anteriormente, parecerían dirigir la investigación hacia otras personas), que pretenden vincular a un perfil determinado de persona con un hecho” (fs. 1689), concluyendo además que “las apreciaciones parecen ser propias de otras épocas, colisionan con el derecho a la libertad de expresión y no deberían ser tomadas en cuenta como premisas para construir un caso” (fs. 1689). Sí, el titular de la UFECI comparó la investigación realizada por la Policía Federal Argentina con los métodos de las dictaduras militares. Y como si esto fuera poco, también dijo haber recibido amenazas e imágenes de abuso sexual infantil como un nuevo intento de incriminarme (fs. 1692). Más claro, agua.

Pero ahora veo que, desde hace casi cuatro meses, andan dando palos de ciego para escribir un exhorto que debería haber sido enviado a la Justicia de los EE. UU. a pocos días de ocurrido el hecho, y que seguramente no tendrá ningún resultado positivo, ya que se pide información anterior al 7 de agosto de 2019, hace más de dos años. Parece que entre un Juzgado Federal Criminal y Correccional y una Fiscalía Federal Criminal y Correccional, pidiendo ayuda a una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y hasta a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tienen terribles problemas para determinar cuál es la hora oficial de la Argentina (Ley 26.350). Hasta el Instituto Geográfico Nacional no paramos.

Mientras tanto, como ya mostré en este expediente (fs. 1665 vta.), mi nombre aparece en los principales medios de prensa de la Argentina –siempre a instancias de “fuentes policiales”– como sospechoso de haber publicado información que puso en riesgo la vida de muchas personas. Por esta situación aún hoy sigo recibiendo insultos y amenazas, no solo a través de las redes sociales, sino por medios directos de contacto como correo electrónico, WhatsApp y Telegram. Nuevamente le recuerdo que, a diferencia de usted, debo ganarme el pan consiguiendo clientes mes a mes, y para ello dependo de mi buena reputación.

Lo que no logro dilucidar, y solo tengo penosas opciones por las que decantarme, es si el Ministerio Público es partícipe de la maniobra policial tendiente a involucrarme, si se trata solo de un rasgo distintivo de su personal el no atender razones, o si enfrento una estructura burocrática que se ha hecho un nudo con su propia incompetencia.

REITERA – SOLICITA

En razón de lo expuesto, de V.S. solicito:

1. Se me devuelvan mis herramientas con mis datos, toda vez que el trámite de lo actuado exhibe sin matices la ausencia de razones que justifiquen su secuestro.

2. Se me desvincule de esta causa, cesando en la afectación de mi buen nombre y honor.

3. Se investiguen los ilícitos y omisiones cometidos por el personal de la Policía Federal Argentina en esta causa.

4. Se investigue lo denunciado por el fiscal Horacio Azzolin respecto de la vinculación con esta causa de la amenaza de muerte recibida y la imagen de abuso sexual infantil intentando incriminarme.

Proveer de conformidad será una muestra de racionalidad y SERÁ JUSTICIA.