El ataque a tiros al Centro Penal de Justicia en Rosario y la amenaza del líder de Los Monos en pleno juicio dejaron en claro que, pese a estar en prisión, el clan Cantero sigue dominando el territorio en la ciudad santafesina, pese a que emergieron otros grupos. Ariel “Guille” Cantero y otros miembros de la narcobanda están siendo juzgados por una serie de atentados ejecutados en 2018, tras su condena por asociación ilícita, balaceras que fueron dirigidas a todos las personas vinculadas a la investigación que los llevó a prisión.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a cargo de Jorge Lagna tras el desplazamiento del polémico Marcelo Saín, dispuso un fuerte operativo de seguridad en torno a los protagonistas del nuevo debate contra la organización criminal. TN.com.ar pudo averiguar que casi 300 policías provinciales y 70 móviles protegen a jueces, fiscales y a los 80 testigos que declararán en el juicio.

En el procedimiento participan agentes de la Tropa de Operaciones Especiales, detectives encubiertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y francotiradores apostados en los techos de los edificios de la ciudad santafesina. Entre ayer y hoy casi no durmieron, alterados por las balas que impactaron contra el palacio de Justicia. Todos llevan chaleco antibalas y armamento especial frente a una banda que demostró su poder de fuego, facilidad y desparpajo a la hora de cometer los ataques. Un combo muy peligroso que inquieta a toda la ciudad.

“Contratamos sicarios para pegar tiros a jueces”, dijo “Guille” a la presidenta del Tribunal cuando le preguntó a qué se dedicaba. El narco no miente: la venta de drogas y el sicariato son solo algunos de los negocios que mantienen viva a la organización. “También cobran por protección, realizan extorsiones y manejan las barras bravas de Rosario Central y Newells”, indicaron investigadores que siguen sus movimientos.

El hermano del mítico Claudio “Pájaro” Cantero -asesinado el 26 de mayo de 2013, un ajuste de cuentas que desató una sangrienta venganza- dirige todo desde prisión, sin mayores escollos: tiene condenas firmes por más de 60 años. Sabe que pasará casi el resto de su vida en un penal. La de 2018 fue el puntapié inicial. Pero, al parecer goza de impunidad, tras las rejas.

“No paran ni van a parar”, se alarman altas fuentes judiciales ante el poderío que sigue demostrando el líder. Señalan a la complicidad de agentes penitenciario en las cárceles como uno de los grandes obstáculos para frenar el avance narco desde las prisiones.

“La mayoría de los capos narcos, están presos. Sin embargo, las grandes organizaciones siguen funcionando”, advierten. “En las cárceles hacen lo que quieren”, resumen.

En la misma línea, Lagna aseguró a TN que existe “un problema de violencia afuera generado desde adentro de las cárceles”, por lo que consideró necesario realizar un fuerte trabajo con el Servicio Penitenciario.

El Ministro también explicó que el juicio contra Los Monos se realiza de forma virtual con los imputados debido a que se considera el evento de “riesgo extremo”. Reveló, además, que existen “20 o 30 objetivos entre inmuebles y seres humanos” que están siendo protegidos por las fuerzas de seguridad. Él mismo tiene, por su función en la provincia con mayor conflictividad delictiva de la Argentina, dos custodios que lo siguen a luz y sombra.

Además, informó que consensuó con el presidente de la Corte Suprema santafesina que se alargaran las jornadas de las audiencias para acortar el juicio que, originalmente, se estimaba que duraría unas cuatro semanas.

“Tenemos que ocuparnos; es una gran preocupación en la familia judicial sobre todo; esto deviene de 2018 con 15 balaceras en distintos centros públicos. Este plan de prevención va a seguir aún terminado el juicio y leída la sentencia “, completó.

Los fiscales del caso son Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo. El Tribunal está compuesto por Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto. Por último, los imputados son siete: Cantero, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Alejandro Fernández y Lucía Estefanía Uberti.

Los hechos que se les imputan conforman una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.

El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos.

A continuación, el 26 de julio, se perpetraron los atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.

Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.

El 5 de agosto, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.

El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.

La cronología de atentados destinados al poder judicial continúa el 14 de agosto cuando sucedió un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900.

Y el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI). Este jueves, rozando la medianoche, dos hombres en moto balearon la sede judicial penal más importante de Rosario.