Quien examine el contexto en el que se desarrolla la actual disputa de poder, si no se deja sugestionar por los augurios dominantes sobre su resultado, tendrá la impresión de que es imposible que el oficialismo gane. Sin embargo, todos los pronósticos coinciden en que, si se la pudiera pensar como una competencia nacional, la carrera tendría un desenlace favorable para el Frente de Todos.

Un triunfo tímido, de más o menos 4 puntos respecto de Juntos por el Cambio. Es una imagen solo indicativa: dada la diversidad de combinaciones partidarias que se presentan a nivel local, la comparación es imposible. Si se pone el foco en la batalla bonaerense, que es la más determinante, también se presume una ventaja de los candidatos del Gobierno. El fenómeno relevante, difícil de explicar, es que ese final convencional no parece congruente con la situación general del electorado. Sorprende que no haya una sorpresa. Dicho de otro modo: dado el panorama que rodea a estos comicios, el resultado que vaticinan las encuestas es un verdadero cisne negro.

La sociedad a la que se consultará por sus preferencias políticas está envuelta en una atmósfera rarísima. Votantes encerrados o semi encerrados a lo largo de casi un año y medio, atemorizados por un virus endiablado. Con un solo tema de conversación: la enfermedad; en todo caso, la muerte. Y las derivaciones de ese tema: si llegaron las vacunas, si se conseguirá la segunda dosis, e inquietudes de ese tipo. Asociada a este drama, una impresionante mutación de la vida cotidiana, que se puede sintetizar, como lo hace Juan Germano, de la consultora Isonomía, en un solo detalle: “Ya no sabemos cómo hacer algo tan común y tradicional como el saludo a un conocido. ¿Chocamos los puños? ¿Los codos? ¿Conviene no tocarlo?”. Son perplejidades que llevan a un asesor de Alberto Fernández a comentar: “No estamos en una campaña. Estamos en una pandemia, en la que un día a la gente se le pedirá que vaya a votar. ¿Tomamos nota de ese aspecto emocional que hoy presenta la política? Creo que no”.

Las atípicas circunstancias de los ciudadanos hacen juego con el excepcional desafío de los candidatos: deben hacer propuestas y hablar sobre un futuro acerca del cual no tienen la más mínima idea. La visibilidad se ha reducido al cortísimo plazo. ¿Quién puede hacer una promesa? Al final de su clásico Tractatus, Wittgenstein aconseja: “Sobre lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio”. El drama de los políticos que piden el voto es que están obligados a decir algo. Por eso el proselitismo tiene hoy algo de patético.

Al miedo de la enfermedad y de la muerte se le agrega el de las mortificaciones de la vida material. Hay cerca de 3 millones de personas que antes de la pandemia eran de clase media y ahora son pobres. Pobres con expectativas, formación y categorías políticas de clase media. Son señores o señoras que le tuvieron que anunciar a su hijo que ya no podrán pagarle la universidad. O explicarle a su hija que debe abandonar el colegio bilingüe para pasar al parroquial. Gente que debió llamar a la prepaga para cambiar de plan por uno más precario. Desde hace un año y medio se destruyeron 240.000 puestos de trabajo. Entre los sectores medios hay pánico. Pánico a la caída. Ese temor, que tiñó la última etapa de la gestión de Mauricio Macri, perdura, agravado, en estos días.

Los analistas de opinión pública se encuentran con un pesimismo pocas veces visto. En casi todas las encuestas alrededor del 70% de los consultados cree que este año le está yendo peor que el anterior. Y que el que viene seguirá el descenso. Federico Aurelio, de Aresco, consigna que 57% de sus entrevistados manifiesta vivir en un estado de ansiedad, enojo o miedo. Los niveles de insatisfacción superan los de la última etapa del gobierno de Cambiemos. Al kirchnerismo nunca le tocó gobernar en un clima parecido. La consecuencia inmediata de ese malhumor es cierto tedio. Un gran desinterés por la política. Los encuestadores lo advierten en su trabajo. Uno de ellos cuenta: “Cuando en 2019 hacía estudios con el método de llamadas telefónicas automáticas, me sorprendía que me atendían una vez de cada 100 intentos. Ahora tengo que llamar 250 veces para encontrar a alguien que responda. El problema es que el que no contesta es un tipo de votante distinto del que sí lo hace. Aparece un problema metodológico delicado para establecer qué piensa la gente”.

Esa apatía se manifiesta en los índices de participación electoral. Hay poca información para establecer un patrón de comportamiento. Pero si se comparan las elecciones locales de Misiones de 2019 y este año, la asistencia cayó de 79 a 60%. En Río Cuarto, en 2016 intervino el 62% y el año pasado, 50%. En Salta fue del 73 al 64% entre 2017 y este año. El promedio de caída ha sido del 13%.

Estos datos abren un enorme interrogante para las elecciones de septiembre y noviembre. Las principales consultoras prevén que la abstención será mayor que la diferencia entre el primero y el segundo. ¿A quién deja de votar el que no concurre? ¿Es un voto que pierde la oposición o el Gobierno? También es difícil responderlo, porque hay un enojo transversal. Para citar una evidencia: según tres de los principales analistas de opinión el único dirigente nacional, de los de primera fila, que hoy tiene más imagen positiva que negativa es Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández y María Eugenia Vidal suben o bajan en esa línea de flotación, según el mes. Un dato inesperado que aparece en un sondeo de Poliarquía, de Alejandro Catterberg: el sector que concita más confianza en las últimas mediciones es el de las Fuerzas Armadas.

Catterberg observa desde hace unos meses un dato interesante por lo novedoso: el corrimiento de las preferencias por franjas etarias. Detectó que una corriente importante de mayores se aleja de Juntos por el Cambio. El motivo principal sería el rechazo a los dirigentes de esa fuerza que criticaron con mucha dureza la cuarentena estricta impuesta por Fernández. El avance de la vacunación, además, genera en ese público una mayor empatía con el Frente de Todos. Al mismo tiempo, el oficialismo ve cómo se alejan los jóvenes de su base electoral. Una explicación se relaciona también con la pandemia: las restricciones han fastidiado a la juventud mucho más que a otros sectores. Existe otro motivo en esa antipatía y es que quienes hoy tienen alrededor de 20 años no tienen una memoria luminosa de las administraciones kirchneristas. La edad de oro de Néstor Kirchner ya está quedando muy atrás para los votantes nuevos.

Más rarezas a desentrañar. ¿Adonde va el voto joven? Los sondeos indican que se radicaliza. Una parte, desencantada con Juntos por el Cambio, prefiere a José Luis Espert o a Javier Milei. En el caso de este último, es más notorio el esfuerzo por ofrecerse como un castigo a toda la dirigencia política. También la izquierda trotskista se beneficiaría con esta marcha hacia los extremos. En algunas encuestas pasaría del 3 o 4% de las últimas elecciones a alrededor de 8%. Es una tendencia que podría acelerarse después de las primarias, en ambos sentidos. Sin embargo, esta fuga hacia las puntas del dial ideológico tendría un límite: la polarización kirchnerismo/antikirchnerismo y macrismo/antimacrismo sigue organizando el espacio electoral. Algunos observadores bendicen esa tensión: “La confrontación convencional empobrece el debate, infantiliza la política, pero también evita la fragmentación. Gracias a la grieta en la Argentina no se verifica la descomposición que se ve en otros países”. Es la opinión de un dirigente que fue clave en la gestión de Macri.

Existe otra referencia para advertir que el triunfo oficialista, que es el consenso de todos los estudios, tiene alguna disonancia con el marco en el que se produciría. De 35 elecciones que se realizaron a escala global durante la pandemia, en 15 perdió el oficialismo, en 5 salió debilitado y en 15 ganó. Si se recorta el fenómeno a los mercados emergentes, de 30 elecciones, en 14 perdió el oficialismo, en 4 salió debilitado y en 11 ganó. Hay, como se ve, una tendencia a la declinación electoral de los gobiernos.

En la Argentina suele recurrirse a un fetichismo para palpitar el desenlace de los comicios. Es el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Ese número mantiene desde hace años, por razones desconocidas, una correlación llamativa con el porcentaje de sufragios que obtienen los oficialismos. Si los comicios fueran este mes, el Frente de Todos sacaría, según esta misteriosa guía, 36% de los votos. Es alentador para el Gobierno porque, si las elecciones se hubieran celebrado en julio, el “resultado”, según ese índice, habría sido de 34%.

La postergación del calendario beneficiaría al Frente de Todos. Pero ahora aparece, de nuevo, el misterioso comportamiento del Covid, en forma de variante delta. El Gobierno reemplaza los reflejos sanitarios por los electorales: ante la noticia de que esta nueva cepa comienza a circular, anuncia la reapertura de espectáculos deportivos y el estímulo al turismo.

Las irregularidades de la vacunación también cobran relieve. Un informe de la Fundación Alem de la UCR, donde la voz sanitaria corresponde a Adolfo Rubinstein, indica que al país llegaron 48,8 millones de vacunas, se distribuyeron 44,5 millones y se aplicaron 39,6 millones. Las diferencias en esas cifras no tienen una explicación clara. Se podría especular con que el oficialismo ha retenido dosis para acelerar la vacunación en plena campaña. Es posible que muchas se preserven como segunda dosis, en un momento en que la variante Delta exige inmunizar con el esquema completo. Los técnicos radicales consignan un dato inquietante: de las dos apuestas del Gobierno han fracasado. Falta el 35% de las Sputnik y el 50% de las AstraZeneca, según lo comprometido en los contratos originales.

En medio de estos inconvenientes irrumpe el “detalle” de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos. El Presidente propone pagar una multa. Pero al mismo tiempo dice que no cometió irregularidad alguna. Esta segunda afirmación es temeraria. No porque expresa un error jurídico: en todo caso esto lo deberá determinar el fiscal porteño Ramiro González, de quien nadie puede explicar por qué investiga un episodio ocurrido en Olivos, es decir, en la jurisdicción federal de San Isidro. Lo más grave es que, al decir que violar los decretos de la cuarentena no es delito, Fernández sacrifica la que fue su principal herramienta administrativa durante toda la epidemia. Está diciendo que, en adelante, se podría abandonar el aislamiento siempre que no se contagie a nadie. Las fiestas clandestinas se vuelven regulares. Esta tesis hizo que se viralice un video en el que el Presidente se ufana de haber iniciado infinidad de causas penales contra gente que hizo lo mismo que él en aquel cumpleaños. Ese video inicia un nuevo género. Hasta ahora proliferaban antiguas imágenes de Alberto Fernández adoptando posiciones contrarias a Cristina Kirchner. Ahora comienzan a verse registros recientes de Alberto Fernández criticando medidas recientes de Alberto Fernández. Imposible calibrar cuánto afectarán la disputa política estos desaguisados en el manejo de la pandemia.

La atipicidad del proceso electoral es relevante porque plantea un desafío analítico. Obliga a tomar prevenciones frente a todos los pronósticos. Pero existe otro motivo por el que se vuelve significativa: obligado a doblegar una inercia que le juega en contra, el Gobierno se vuelve más extremo en sus decisiones económicas. De todos los indicadores que instalan una duda sobre lo que pronostican las encuestas acaso el más convincente es el comportamiento del salario real. Para decirlo en otros términos: las fluctuaciones del poder adquisitivo. Existe una relación notable ente esa variable y la suerte de los oficialismos frente a las urnas. El economista Esteban Domecq ha graficado esa curva. Si se consideran pesos equivalentes, el salario real era de 104.585 pesos en julio de 2017, pasó a 88.000 pesos en octubre de 2019, subió un poco hasta 92.000 pesos en febrero del año pasado y volvió a derrumbarse hasta 84.000, que es su valor actual.

El mismo poder adquisitivo se puede medir, como hace Alfonso Prat-Gay, observando un movimiento que para el Gobierno resulta odioso: el del salario mínimo medido en kilos de asado. Durante la gestión de Macri, con esa suma se podían comprar 192 kilos; hoy solo 122. El salario mínimo, entonces, perdió valor por 70 kilos de ese asado que Fernández prometía.

El Gobierno pelea contra ese gran rival electoral. Por eso aumenta el gasto social pero, sobre todo, atrasa el tipo de cambio, que es la mejor manera de llegar a la clase media. Así se puede explicar la leve mejora de la confianza del Gobierno en el último mes. Eso sí: la emisión monetaria, que fue de 3500 millones de pesos en mayo, aumentó a 70.000 millones en junio, a 100.000 en julio y promete estar en 200.000 millones en agosto. Reabsorber esos pesos abre un fenomenal problema monetario, que exige medidas muy desagradables para su corrección. Tiene un argumento a favor el 58% que en la encuesta de Isonomía opina que el Gobierno no logrará controlar la inflación. Solo 22% considera lo contrario. El resto no contesta.

Las desviaciones que produce esta economía electoral predicen algo obvio: la discusión con el Fondo Monetario va a ser mucho más trabajosa. Tanto que podría volverse más natural, en el oficialismo, dudar de la conveniencia de un acuerdo. Pero existe otro problema, menos evidente. ¿Qué sucedería si en las primarias Cristina Kirchner enfrentara un resultado más ajustado que el previsto? La urgencia por aumentar el gasto y atrasar todas las variables se dispararía de inmediato. Guzmán estaría en problemas. Más que ahora. Las derivaciones de un cuadro semejante serían más misteriosas que las condiciones en que ese cuadro se genera. En esas circunstancias angustiantes, habría que prepararse para otros videos, mucho más preocupantes, de Alberto Fernández hablando en contra de sí mismo (Diario La Nación).