Como mínimo, desde el sábado 14 de agosto pasado, el presidente Alberto Fernández ya tenía preparado uno de los principales argumentos con los que se defendería en la Justicia por el “caso Olivos”. Eso significa que también conocía desde entonces, y desde antes también, que sería imputado en la causa que lo investiga a él, a la primera dama Fabiola Yáñez, y a los nueve invitados al cumpleaños que su pareja organizó el 14 de julio del 2020 en el Chalet de la Residencia Presidencial Olivos (RPO). Regía entonces la cuarentena estricta para todo el país. El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), una medida reglamentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el propio Fernández. Es el número 297/2020.

El Presidente, abogado penalista, ya explicaba hace más de dos semanas, tanto a sus sus asesores de confianza, y a varios interlocutores más, cuales serían sus argumentos jurídicos para defenderse en los tribunales federales. Entonces conocía también que sería imputado. Hace más de quince días pensaba lo mismo que ahora: el expediente judicial en el que iba a quedar como imputado para establecer si incumplió medidas sanitarias para evitar la expansión de la pandemia no le generaría infortunios procesales.

“Soy penalista, se me va a acusar de lo que los abogados conocemos como delito ‘de peligro abstracto’”, enseñaba a quien no es experto en Derecho, pero hablaba del tema con el: “A ver, el ejemplo más simple es de tenencia de armas de guerra: si se probara que las tengo, estaría cometiendo un delito. Pero si de confirmara que hace dos años yo tenías esas mismas armas de guerra pero no las tengo más, no habría delito alguno porque no habría generado algún perjuicio”.

Esas frases, repetidas de modo oral por el Jefe de Estado ante quién lo interrogaba al respecto, finalmente fueron casi calcadas en el escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello quien lo remitió al fiscal que instruye el “caso Olivos”, Ramiro González.

En ese texto de prosa jurídica y técnica, el Presidente, que se presentó en los tribunales como abogado de sí mismo, redactó varios párrafos sobre el “delito de peligro abstracto” que, según él, se encuadraría en los hechos del cumpleaños de Fabiola investigados, y por resumió su pedido para cerrar la causa lo más rápido posible de este lodo: “Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”.

Fernández remarcó en su escrito, varias veces, que aceptaba que el cumpleaños del 2020 de la primera dama fue un acontecimiento que nunca debió concretarse por razones de ética. Pero insiste en que no se puede vincularlo por esa acción con algún delito estipulado en el Código Penal. También, apelando a normas muy técnicas del Código Procesal Penal, ofreció un acuerdo que debe homologar el fiscal, que consisite en transferirle al Instituto Malbrán, durante cuatro meses, la mitad de su salario.

Esta historia, más allá de la noticia impactante pero no por eso no esperada por el Presidente, respecto a que sería imputado en el “caso Olivos”, tiene una trama desconocida, en la que se cruzan días de desconcierto en Olivos; funcionarios del Gabinete de confianza de Fernández que no sabían cómo actuaría frente a una posible investigación de la Justicia; una pelea y una reconciliación entre Fabiola Yáñez y quien era su principal asesora en julio del 2020, la ex modelo Sofía Pacchi; abogados que lideran estrategias conjuntas de varios de los imputados; otros de los festejantes de Olivos que se abrieron de ese plan pero siguen los pasos judiciales que les aconsejan desde el poder; una amiga de Fabiola que eligió un abogado por su cuenta que se maneja de modo autónomo a lo organizado desde Olivos; un abogado mediático y militante K que se autoproclamó en público defensor de Fernández en este caso, pero que tras una entrevista desbocada generó estrépito en el Jefe de Estado que decidió correrlo como consejero; y hasta un chequeo asustado de los invitados a la noche inolvidable de Olivos para recordar si habían tomado fotos del cumpleaños problemático; incluso se rastreó si habían grabado videos, y dónde y en qué aparatos telefónicos podría estar ese material olvidado, pero que ahora quema.

El texto de defensa del Presidente tiene un párrafo que él se guardaba en secreto: explicó que no se lo podría investigar por no restringirse él mismo al ASPO; ni tampoco, redactó, podría correr para él un artículo del Código Penal que prevé condenas para los funcionarios que incumpliesen medidas dictadas por ellos mismos.

Jamás se defendió así en declaraciones públicas, pero sí lo puntualizó ante la Justicia. El Presidente afirmó que el DNU 297/2020 con el que él implementó la cuarentena estricta para todo el país, al mismo tiempo lo exceptuaba de cumplir con esa norma. Es decir que mientras como Jefe de Estado él alarmaba a la sociedad por imputaciones y consecuencias penales que afectarían a quienes no hicieron caso a su DNU y salieran de sus casas durante los meses de encierro tutelado por el Gobierno.

Según los denunciantes del “caso Olivos”, como las autoridades de la Fundación Apolo, con el dirigente Yamil Santoro como referente, alrededor de 10 millones de personas fueron denunciadas, imputadas o detenidas por incumplir la cuarentena.

El Presidente, según él mismo, no estaba sujeto a esa obligación porque en el mismo DNU con el que inició el ASPO se especificó que habría actividades específicas estarían calificadas como “esenciales”, y por ende tenían permiso para romper la cuarentena. Textual del escrito que el Presidente presentó en los tribunales: entre quienes se incluyeron como habilitados para no cumplir el ASPO, siempre con permisos otorgados por el Estado al respecto, se encontraban “las autoridades superiores de los Gobiernos Nacional” (SIC).

Lo que evitó agregar Fernández en que el artículo 5 de ese mismo DNU se establecía que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas”.

Los exceptuados del ASPO, como los funcionarios del Gobierno Nacional y otros trabajadores de rubros diversos, solo tendrían permitido desplazarse para realizar sus tareas laborales. Y nada más.

Y también agregó un párrafo que, de acuerdo a fuentes que protagonizaron esta trama judicial del escándalo de Olivos, podría tener un respaldo documental desconocido por ahora. Es la parte en la que se afirma que el cumpleaños de Yáñez se hizo cumpliendo “protocolos” y otras medidas.

¿Cuáles serían esos documentos que podrían respaldar esas afirmaciones?

Fuentes vinculadas a la estrategia jurídica del Presidente dejaron trascender que los invitados al festejo de la primera dama tendrían cómo acreditar que antes de entrar en Olivos se sometieron tests de PCR para detectar si tenían Covid-19, con resultados negativos.

La versión oficial sobre este punto no fue probada ante TN.com.ar con la demostración de que existen las pruebas de esos PCR.

El Presidente se presentó como abogado de sí mismo ante la Justicia. Lo habría asesorado el defensor de su pareja, Fabiola Yáñez, el doctor Juan Pablo Fioribello, junto a su socio, el doctor Lizardi.

Fueron esos “colegas de la matrícula” de Fernández quiénes ganaron un pleito que la primer dama, y el hijo del mandatario, le iniciaron en conjunto al editor de una web a la que acusaron de difamación. La Justicia les dio la razón.

El mandatario evitó así presentarse en la causa con quien es su abogado en un juicio que él le inició a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por el caso Pfizer. El doctor Gregorio Dalbón dio un reportaje radial en el que trató al fiscal Ramiro González de “coimero”, y en el que también explicó lo que significaba para él que el juez del caso Olivos sea el doctor Casanello: “Me importa un huevo. Comodoro Py está recontra podrido y Casanello y dentro de la pudrición está Casanello (SIC). Que venga Casanello que lo vamos a atender”, planteó Dalbón, con una verborragia que no se expresó de ese modo en una defensa por escrito elevada a Su Señoría.

Sobre el fiscal de la causa, Dalbón profundizó su acusación respecto a que era un “coimero”: “Yo se que la colectividad judía lo coimeó”, agregó, en una frase que para algunos dirigentes de entidades judías es calificada no solo como falsa, si no además como “antisemita”.

Por si faltaran alguna aclaración más al respecto, el doctor Dalbón detalló sobre el fiscal que él conoce “a los operadores que le llevan y le traen la plata”.

De acuerdo a fuentes vinculadas al oficialismo y que visitaron estos días por los despachos de Fernández, en el poder K no temen que el desarrollo de esta causa complique al Jefe de Estado. Están muy seguros de que el caso finalizará sin condena para el abogado que es además el titular del Poder Ejecutivo.

Fernández es quizás el dirigente del kirchnerismo que mejor conoce a los tribunales federales de Comodoro Py, debido a que en sus épocas de Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner planeó, siempre ateniéndose a las normas, quiénes serían los nuevos jueces federales de ese fuero, a lo que sumó conocimiento sobre quiénes y cómo trabajaban o trabajarían los fiscales federales. Fue tras lograr que el ex presidente fallecido designase como Procurador General de la Nación, es decir, como jefe de todas las fiscalías, a su “maestro” en el Derecho, Esteban “Bebe” Righi.

Fernández acusa a los investigadores de Comodoro Py de formar parte de un Poder Judicial que debe reformarse. Paradojas, o no, de su destino: en su escrito de defensa, en su pedido de sobreseimiento, cita fallos que lo favorecen de varios fiscales y jueces que jamás, nunca, elogiaría en público.