La Argentina se siente en su salsa jugando con fuego. El ejemplo más reciente lo ofreció el presidente, Alberto Fernández.

Durante 2020, el presidente impuso algunas de las restricciones más severas del mundo para contener la COVID-19: los alumnos no fueron a las escuelas, no se podía salir a la calle —bajo pena de castigo— y mucho menos organizar reuniones sociales. Para muchos las restricciones resultaron casi imposibles; quedarse en casa sin trabajar los condenaba a no comer. Miles de comercios y empresas cerraron y la pobreza extrema aumentó del 35,5 al 42 por ciento, según datos oficiales. Y aún así, en buena medida, los argentinos cumplieron con las restricciones.

No todos. Justo cuando afrontábamos uno de los períodos más restrictivos del confinamiento, en julio de 2020, el presidente violó la cuarentena que él mismo impuso. Celebró el cumpleaños de su pareja en la residencia presidencial junto a una decena de invitados, sin barbijos ni distanciamiento social. Pero sí con champagne, velas, torta, rosas, canciones y aplausos. Al escándalo se le ha llamado “Olivosgate”. No es el primero.

En este país proliferan los escándalos. Cada cierto tiempo surge uno nuevo, antes fue el llamado “Vacunación VIP”, antes aún salió a la luz un escándalo de espionaje cuando Mauricio Macri estaba en la presidencia y, antes, escándalos de corrupción, que afectan a casi todos los partidos.

Como reflejan investigaciones judiciales y periodísticas, parece que estar en el poder en la Argentina es un ejercicio de privilegios.

Las consecuencias más inmediatas empiezan por la apolitización ciudadana y el desencanto electoral, pero hay otras más hondas y problemáticas: la deslegitimación de la clase política en general. Y, al fondo, surge la pregunta: ¿cómo gobernar un país sin dirigentes creíbles cuando se necesitan con urgencia políticas públicas para encarrilar la economía, reducir la desigualdad y la pobreza, solventar los problemas del sistema de salud pública que evidenció la pandemia y reformar la educación tras meses de clases a distancia?

Cuando se filtró la primera imagen del encuentro, el gobierno de Fernández lo negó e incluso deslizó la idea de que era una foto trucada. Luego buscó relativizar la importancia de lo ocurrido. Solo cuando las dimensiones del evento se hicieron más grandes —una oposición pidiendo su destitución o una pena judicial y una sociedad harta después de padecer la cuarentena más larga del mundo— lo admitió. “El único responsable soy yo, me hago cargo”, dijo Fernández.

Este escándalo ha agitado más la confrontación entre oficialismo y oposición, deja al presidente en una situación bochornosa de irresponsabilidad (política y sanitaria) y revela a una oposición que sobreactúa a sabiendas de que sus acciones no se traducen en resultados. Un par de figuras de la oposición jugaron la carta del juicio político, aunque no prosperará a menos de que una parte del oficialismo los apoye. Otros piden un castigo en los tribunales por incumplir la “cuarentena reforzada” y por la que podría afrontar una pena de a 6 meses a 2 años de prisión, más una inhabilitación especial.

La combinación de descrédito presidencial y una oposición más vociferante que pragmática arroja un saldo preocupante: una clase política aún más desprestigiada, que provoca una sociedad más apática y pone la gobernabilidad del país en riesgo. Una vez más.

Muchos argentinos ven a los políticos como una casta endogámica, interesada en sus propios intereses mientras el país se hunde en varias crisis —con un promedio de 5560 nuevos casos de covid y con un estimado del 45 por ciento de inflación anual para 2022—. Según la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza en el gobierno se ha desplomado vertiginosamente desde abril del año pasado, al punto que, de acuerdo con un informe reciente, hay una mayor confianza en las fuerzas armadas que en la clase política.

Una de las inferencias más importantes de la falta de confianza ciudadana en su clase política es que puede percibir una incapacidad de lidiar con los problemas coyunturales y estructurales del país. Y esa posibilidad parece confirmarse con lo que vemos en la política día a día: la dificultad de consensuar soluciones o de, siquiera, plantear soluciones que vayan más allá de las frases vacías y de ocasión que deben repetir en tiempos de elecciones. Y el problema es que la Argentina necesita con urgencia —en todo momento, pero en particular en el mundo pospandémico— una clase dirigente que sea capaz de gobernar, dialogar y hacer acuerdos que atraviesen las grietas políticas.

Ahora, cuando necesitamos más gobernanza y menos milonga, los argentinos tendremos que acudir a las urnas. Las elecciones primarias de septiembre y las generales de medio término de noviembre serán un buen parámetro para evaluar hasta qué punto se expandió la deslegitimidad a los políticos y la consecuente apatía entre los ciudadanos. Los votos en blanco, los votos a candidatos antisistema y la abstención serán algunos de los datos a observar.

En un país donde el voto es obligatorio, los primeros indicios resultan preocupantes, como destaca el analista político Carlos Pagni. Entre 2019 y 2021, en elecciones locales, la asistencia cayó del 79 al 60 por ciento en la provincia de Misiones; en Salta, bajó del 73 al 64 por ciento. “El promedio de caída ha sido del 13 por ciento”, alerta Pagni.

Si la clase política realmente quiere solucionar los problemas que hunden a este país desde hace décadas, el primer paso debe ser dejar a un lado la politiquería y la cultura del privilegio de los poderosos, presente entre oficialistas y opositores por igual.

Recuperar la necesaria confianza ciudadana conllevará muchísimo más que un mea culpa presidencial. Será indispensable algo que parece imposible en la Argentina pero es tan necesario: que los políticos dejen de lado la retórica y muestren con el ejemplo que no hay privilegios entre y para ellos.

Un primer paso debe ser dejar de hablar sobre la necesidad de “unidad política” o de alcanzar “acuerdos básicos” —lo han prometido figuras dentro del peronismo y del radicalismo desde hace más de diez años, Macri lo dijo al final de su mandato y, ahora, políticos de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta, lo vuelven a plantear—. Dejen de una vez las palabras y acuerden mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para erradicar privilegios de uno y otro lado. Este es momento de fijar pautas claras e inamovibles que nos permitan a los argentinos saber cuál es el proyecto de nación del país.

Demuestren con hechos, en suma, que no son una casta preocupada solo por sí misma (NYT).