“Nunca comiences una pelea, pero siempre termínala”, Clint Eastwood.

A casi 45 años de los hechos, un manuscrito hasta ahora desconocido públicamente aporta evidencias en torno a uno de los casos emblemáticos de la represión clandestina de la última dictadura militar, gracias a la complicidad de civiles. Los tribunales parecen estar todavía lejos de hacer justicia.

Se llamaba Luis Balaguer, era contador público nacional diplomado en la Universidad Nacional de Cuyo, y residía en la capital de la Provincia de Mendoza, hasta que falleció en esa ciudad el 24 de enero de 2011. Con suficiente anterioridad me hizo llegar un manuscrito hasta hoy inédito con una minuciosa reconstrucción sobre la apropiación ilícita de tierras por parte de la Armada Nacional en Chacras de Coria, Mendoza, que llegó a valorar en 20 millones de dólares. La pesquisa identificó a sus legítimos dueños, los desaparecidos Victorio Cerutti, Omar Massera Pincolini y Horacio Palma, y desmontó el mecanismo de falsificación de documentos e identidades para cometer el robo de esas 27 hectáreas de tierras, enmascarándolo en la ficción perversa de transacciones supuestamente legitimas. La maniobra de asesinatos, falsificaciones y el sometimiento a servidumbre de prisioneros, fue concebida y realizada desde el centro clandestino de detención de la ESMA, bajo responsabilidad de los genocidas Jorge Radice, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Rolón y Jorge Acosta, entre los más conocidos y aún vivos. (1)

Así pues, Balaguer pudo consignar que en esa atroz faena, los Oficiales de la Marina, fueron ayudados por presuntos codelincuentes civiles de Mendoza, particularmente el abogado Manuel Andres Campoy y su padre el contador Manuel Andrónico Campoy, conjeturalmente al amparo del abogado Nicolas Becerra, ulteriormente Procurador General de la Nación con Carlos Menem y Néstor Kirchner como Presidentes de la República. Aquellos dos letrados, y el progenitor de uno de ellos, continuan impunes (2). Los victimarios obligaron a participar como mano de obra esclava en la operación de apropiación ilegal de bienes, al menos a dos víctimas secuestradas en la ESMA, Marcelo Camilo Hernandez y Federico Ramon Ibañez. Estos y otros datos resaltan en dos capítulos del manuscrito que conciernen trágicos episodios históricos, insertos sucesivamente a continuación, entre los párrafos de la presente introducción. La rapiña dejó el tendal de numerosos imputados y desaparecidos, por cierto sin fecha de juicio oral prevista, no obstante los innumerables requerimientos del fiscal del procedimiento, Eduardo Raúl Taiano. (3)

Luis Balaguer había nacido en 1951. Con el correr del tiempo formó parte de varias formaciones políticas justicialistas como el Frente Estudiantil Nacional (FEN), la Mesa del Trasvasamiento Generacional (TG), Guardia de Hierro, y la JP Lealtad, continuamente opuesto a la tendencia revolucionaria del peronismo, liderada por los Montoneros. Trabajó como inspector de la Dirección General Impositiva de Mendoza, hasta que renunció en 1981 para fundar su propio estudio contable. Fue luego consejero del Bloque de Senadores del PJ y también en la Cámara Diputados, siempre de Mendoza. Ocupó después el cargo de Secretario de Administración y Finanzas del Departamento General de Irrigación, y el de Subsecretario en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ambos de la mencionada Provincia, además de asesorar posteriormente a las Comisiones de Energía y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación.

Conocí a Luis Balaguer en Mendoza a fines del siglo pasado. En tanto periodista le seguía allí los rastros al narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, para un libro periodístico en co-autoría con mi colega chileno Rodrigo de Castro, publicado en Chile (2000) y en Argentina (2001). Se trata de “La delgada línea blanca”, Premio de literatura de no ficción Rodolfo Walsh, de la Semana Negra de Gijon, España, otorgado el 16 de julio de 2001. La justicia de Ginebra había destapado las cuentas bancarias de Al Kassar en 1995, vinculadas al prohibido comercio de armas a los Balcanes en guerra, tres años después que obtuviera la nacionalidad argentina, en virtud de los contactos e influencia de Nicolás Becerra, quien armó querella contra esa investigación periodística, toda vez que desistió posteriormente de la misma en 2004. Debo reconocer que Balaguer me había facilitado el acceso a importante información para ese libro, cuya parte argentina se adjunta al pie. Fruto de su ayuda solidaria descubrí a su vez en Mendoza documentos de procedencia judicial, los cuales aportaban la prueba documental que el genocida Ricardo Cavallo, había sido condecorado en 1985 por Francia con la Orden General del Mérito, distinción que el actual presidente francés Emmanuel Macron, le retiró el 30 de abril de 2020, a consecuencia de mis revelaciones. Mientras tanto, Al Kassar purga 30 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico.

El primero de los dos capítulos de la pesquisa de Balaguer que a continuación se acompaña, se titula “Los Montoneros se hacen bodegueros”, una trama sobre las inversiones vitivinícolas de la guerrilla peronista hacia 1973 en Mendoza, en la que aparecen mencionados los entonces militantes de la “tendencia revolucionaria del peronismo”, Juan Carlos y Horacio Cerutti, Raúl Melchor Magario, Julio Alsogaray, y Federico Ramón Ibañez. Este último fue secuestrado en la ESMA en diciembre de 1976, forzado a colaborar con sus captores en el despojo de bienes en Mendoza, sin perjuicio de haber sido antes sindico y titular de acciones de una sociedad del tinglado guerrillero que le tocaría contribuir a desguazar, según cita Balaguer. El propio Ibañez denunció ante la Camara Federal de Buenos Aires, haciendo constar en el procesamiento dictado contra Ricardo Cavallo el 21 de mayo de 2009, que sus verdugos lo habían llevado a Mendoza varias veces. Precisó al respecto que “en el primer viaje conocí al Escribano Campoy y a su padre que … iban a ser quienes se iban a encargar de la venta de las tierras”, el emprendimiento inmobiliario mendocino que sucedió a la gesta bodeguera, concluida la primera al menos en un rotundo fracaso empresarial, y la segunda, corolario de sangrientas desgracias y desdichas. (4)

Entre los indicios de ese primer capítulo elaborado por Balaguer, resalta el protagonismo del abogado Nicolás Becerra, en medio del “golpe de Estado institucional” que derrocó a Alberto Martinez Baca, el gobernador mendocino del triunfante peronismo en la restauración democrática del 11 de marzo de 1973. Becerra fue ungido Subsecretario de Gobierno del nuevo gobernador Carlos Mendoza, relacionado con la Triple A, e intervino en la nominación de otro jefe de policía provincial, el brigadier Julio Cesar Santuccione, instaurado como su asesor. Santuccione figura en el informe de la CONADEP, informó Balaguer. Becerra se convirtió en abogado del gobernador Mendoza, caído en desgracia más adelante al llegar la dictadura militar, y de policías provinciales acusados de haber realizado defraudaciones y estafas reiteradas en perjuicio del Circulo y la Mutual de Suboficiales y agentes retirados de la Policía de Mendoza (AMSA).

El segundo de los dos capítulos del manuscrito de Luis Balaguer, se titula “Los Montoneros se hacen terratenientes”, en alusión a la compra legal de las 27 hectáreas de tierras en Chacras de Coria, Mendoza, adquiridas por Victorio Cerutti en 1974, evidentemente mandatado por los guerrilleros peronistas que aportaron los capitales para la adquisición. A tal efecto crearon la sociedad “Cerro Largo SACIA”, en la que Cerutti sin embargo cedía el puesto de accionista mayoritario y la Presidencia al contador Horacio Mario Palma. La gerencia la ocupaba Omar Raúl Masera Pincolini, casado con una hija de Cerutti. En 1975 iniciaron el loteo de los terrenos para ponerlos a la venta, pero a partir del 10 enero de 1977, el plan se interrumpe porque les cae encima la represión de la dictadura militar.

En efecto, sus captores llevan rápidamente a Cerutti de Mendoza a Buenos Aires, donde le hacen otorgar una carta de pago por el valor del inmueble, concebida obviamente en cautiverio. El documento fue extendido frente al escribano Oscar Jorge Maglie, quien dio un domicilio de la Capital Federal sin chapa identificatoria en el edificio, cuando en verdad se desempeñaba como escribano de la Prefectura Naval Argentina en el Registro Nacional de Buques. Para no contaminar las transacciones fraudulentas que vendrían, con fecha 8 de enero de 1977, anterior a la redada que se iniciaría dos días más tarde, los presuntos nuevos accionistas celebran una fantasmal asamblea general ordinaria, la que no está firmada por Cerutti, sino por otro escribano de los círculos navales, Ariel Washington Sosa Moliné. En el acta surgen de la nada dos inesperados accionistas, Felipe Pages y Mario Rodriguez, desconocidos en el Registro Nacional de las Personas y en la Cámara Nacional Electoral, en realidad dos esbirros de la ESMA, el capitán de corbeta (RE), Francis William Whamond y el teniente de navío (RE) Alejandro Spinelli.

De inmediato estos dos nuevos dignatarios de la compañía, dan la orden para trasladar el domicilio de “Cerro Largo SACIA” de Mendoza a Buenos Aires a un lugar inexistente, y entran a poseer la totalidad del paquete accionario. Con miras a enrarecer sus huellas, los flamantes titulares dan un amplio poder de administración a un tal Pascual Gomez, en verdad el teniente de fragata Daniel (y/o Hugo) Berrone, hasta que finalmente este último concede a su turno poder al abogado mendocino de carne y hueso, Manuel Andres Campoy, quien junto a su padre, el escribano Manuel Andrónico Campoy, los dos anteriormente evocados, concretan en la legalidad usurpada el loteo y su venta.

Lo hacen principalmente vía otras dos sociedades instrumentales cronológicamente encadenadas, “Wil Ri” y “Misa Chico”, constituidas la primera a instancias del contador Mario Alberto Cédola, teniente de fragata retirado, la segunda en beneficio de Eduardo Enrique Massera, hijo del Almirante Eduardo Emilio Massera, y su hermano Carlos Alberto Massera. Entre los accionistas de “Wil Ri” sobresalía un tal Juan Héctor Rios, vale decir Jorge Radice, contador naval y teniente de fragata, quizá cerca de comparecer en juicio oral en Buenos Aires, escoltado por su hermana, Berta Radice. Los acusan de la apropiación de 9 inmuebles, 5 caballos de carrera, 3 embarcaciones y 11 automotores (5). Perdura sin fecha el juicio oral y público del pillaje de 20 millones de dólares en tierras de Chacras de Coria, uno de los delitos aberrantes que distinguen a la ESMA, donde además de varios militares, hay 3 encumbrados civiles bajo sospecha aquí citados, una novedad significativa entre los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

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La Delgada Línea Blanca, acceso al libro.

(1) Juez de instrucción federal Sergio Torres, elevación a juicio oral, 10 de marzo de 2010.

(2) Clarin, 7/1/2001, 25/2/2001 y 4/3/2001.

(3) Requerimientos de elevación a juicio del fiscal federal Eduardo Raúl Taiano, del 26/12/2007, y del 28/12/2009.

(4) Procesamiento de Ricardo Miguel Cavallo, Cámara Federal de Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.

(5) PROCELAC, Area de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 16 de junio de 2021.