La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un informe sobre los principales desafíos de las políticas anticorrupción en Argentina. La falta de autonomía funcional, y financiera, de los organismos de control y la poca promoción de participación ciudadana fueron dos aspectos destacados. El documento fue realizado en el marco del segundo ciclo de revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

La Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) son los tres organismos oficiales de prevención de la corrupción en el país. La Oficina Anticorrupción es el único que presenta una autoevaluación oficial ante la CNUCC. Ese informe se complementa con los que realizan asociaciones civiles, conocidos como "informes sombra", donde analizan la gestión con una mirada más independiente. 

“Una de las conclusiones del informe que hicimos es la necesidad de dotar a los órganos de control de autonomía e independencia”, señala el abogado y miembro de ACIJ Joaquín Caprarulo ante El Auditor.info. “Deben contar con garantías para la designación y remoción de las autoridades sin presiones”, detalla.

El documento elaborado por la asociación civil también destaca la escasa promoción de participación ciudadana que ayudaría a profundizar el control y así evitar hechos de corrupción. “Son pocas las instancias que hay de participación. Si bien hubo avances como la conformación de la mesa del consejo consultivo, junto a organizaciones civiles y miembros de la academia, y también están las instancias de Gobierno Abierto, aun queda mucho por hacer en este sentido. Hay un déficit en lo que refiere a consultas populares, querellas colectivas en casos de corrupción, juicio por jurado a nivel federal, designaciones en la Defensoría del Pueblo que también es un organismo de control”, indica Caprarulo. 

Acceso a la información

En el informe se rescata el avance dado en cuanto al acceso a la información con la legislación aprobada en 2016, al considerar sobre todo que se publique en formatos abiertos, aunque aun existen desafíos importantes para su implementación completa.

“De los cuatro órganos de control existentes, solo dos cuentan con sitio web propio y publican un informe anual de rendición de cuentas y solo uno publica algún tipo de información sobre los resultados de la auditoría de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y pasiva por parte de los sujetos obligados. Además, el acceso a la información y la rendición de cuentas del poder judicial en las investigaciones de corrupción es extremadamente limitado”, señala el informe.

Por otra parte, la ACIJ registró que no todos los poderes públicos cuentan con órganos de control en funcionamiento, con autoridades designadas de acuerdo con procedimientos que aseguren su idoneidad e independencia y con garantías contra la destitución arbitraria.

Qué hacer para mejorar

Tras el trabajo realizado, la ACIJ definió una serie de recomendaciones para mejorar las estrategias anticorrupción y el lavado de activos, así como avanzar en la recuperación de activos producto de este tipo de delitos.

“Lo relevante de este tipo de informes es que tengan un impacto. Una vez hecho el diagnóstico se elaboraron recomendaciones que entendemos que contribuyen a mejorar el trabajo. Advertimos debilidades institucionales que demandan cambios. La independencia de los organismos para designar autoridades, la contratación de personal en el Estado mediante concursos y dejar atrás mecanismos discrecionales, el manejo del dinero con transparencia”, afirma Caprarulo.

Entre las recomendaciones, el informe de ACIJ enumera fortalecer los sistemas de monitoreo externo e interno, adaptando la legislación a los estándares internacionales para la prevención y criminalización de la corrupción; implementar un sistema público de empleo de promoción e ingresos a través de concursos abiertos; mejorar el financiamiento de partidos políticos para evitar conflictos de intereses; promulgar una nueva ley de ética pública; actualizar el marco legal para compras y contrataciones de bienes, servicios y obra pública. 

También se sugiere crear y poner en funcionamiento órganos de fiscalización del acceso a la información pública en todos los poderes del Estado; establecer mecanismos institucionales efectivos de participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas en general, y en particular en la prevención, detección y sanción de la corrupción; mejorar la regulación sobre la acreditación de la identificación de los beneficiarios finales de empresas o personas jurídicas clientes de entidades financieras, y actualizar la lista de sujetos obligados informantes.

Qué pasa con los activos recuperados

En cuanto a la recuperación de activos, el documento advierte que la forma en que se regula el decomiso, restitución y enajenación de bienes presenta numerosos desafíos. “Además de la superposición de normativas, la falta de transparencia y la debilidad de los mecanismos existentes, el actual uso arbitrario de dichos activos durante el período en que están en manos del Poder Judicial es motivo de gran preocupación”, se indica en el informe.