Aproximadamente a fines de la década del 50 empezaron a operar en la Argentina las que hoy se denominan "agencias de seguridad privada". En sus principios cubrían roles de portería y serenos, luego en la década de los 80 empezaron a tener un rol cada vez más fuerte en la sociedad. Hoy en día, con una fuerza efectiva de casi 90.000 hombres y con costos muy variables, operan estas organizaciones que en su mayoría son controladas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o los distintos Gobiernos provinciales y sus armas registradas en el Renar, dependiendo desde hace poco tiempo del Ministerio del Interior.
    Pero el problema no radica en el circuito formal de la seguridad privada sino, por el contrario, en el informal. Vemos a diario el problema de los custodios de los locales bailables que propinan feroces palizas a jóvenes que los contradicen o casos en los que información sensible se filtra para la comisión de ilícitos. Como siempre, en la Argentina las idas y vueltas hacen que las medidas sean espasmódicas y aquellos que se desenvuelven en el marco de la normativa se vean perjudicados por los inescrupulosos que sin lugar a duda juegan con la ventaja de la clandestinidad.
    Ahora la pregunta es ¿quién me cuida? Ese hombre que tengo en la esquina de mi casa que conoce mis movimientos mejor que yo mismo y que me alumbra con su linterna para hacerme saber que me ve entrar a mi domicilio ¿está debidamente chequeado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal? La “empresa” a la cual pertenece ¿paga los aportes ART, seguro comprensivo a la utilización de armas?, ¿Tiene portación de armas autorizada por Renar? ¿Tiene su alta de vigilador ante la autoridad competente al día? Todas estas preguntas hay que hacerlas al momento de efectuar una contratación de este tipo.
    La respuesta dolorosa se da cuando un hecho de sangre ocurre y estos parámetros no están cubiertos, ya que el contratante es responsable solidario directo ante la justicia.
    No sólo me puedo perjudicar ante una mala contratación, ya que la ley no me permite alegar torpeza propia y decir que yo no sabía que no era una empresa constituida o no sabía que el vigilador tenía un arma en forma ilegal. No será mía en todo caso la responsabilidad penal pero sí la civil si quien está detrás de algunos servicios no tienen las autorizaciones en regla para responder.
    Por otro lado, el bien tutelado más importante a proteger es la vida de la gente y yo me pregunto, en algunos casos ¿no estaremos durmiendo con el enemigo, sentados sobre verdaderos coches bomba esperando a estallar en la esquina de nuestra casa pero en forma de garita?
    A veces los bajos precios hacen sospechar que en esta Argentina de “SALADAS Y CROMAGNONES” debemos empezar a erradicar la desgracia antes de que ocurra. Por ello recomiendo como un servicio a nuestros lectores que antes de contratar un servicio de seguridad privada pidan la documentación y las habilitaciones vigentes de acuerdo a la jurisdicción, tanto el GCABA como el Ministerio de Seguridad en sus páginas web tienen los listados de prestadores y de requerirlo sin interés mas allá de que se hagan las cosas bien el que suscribe puede aclarar sus dudas vía mail a todos los lectores de Tribuna de Periodistas que tengan dudas al respecto.
    Para que hagamos una Argentina mejor entre todos, cada uno desde su especialidad.

Alberto Weckesser
Especialista en seguridad privada