La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó investigar al ahora ministro de Seguridad de la Nación y exjefe de gabinete, Aníbal Fernández, por supuestos sobornos pagados para acceder a derechos de televisación, un desprendimiento del escándalo mundial del Fifagate. Son ocho torneos que están bajo la lupa de la justicia y el fiscal Gerardo Pollicita quien había impulsado la denuncia y fue archivada por el juez Daniel Rafecas.

Ahora la Cámara Federal revoca el sobreseimiento de Aníbal Fernández y del otro exjefe de Gabinete como Juan Manuel Abal Medina, así como de Juan Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Arnold Vierra, y Ronald Michel Kolders.

La denuncia la había presentado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra Hugo Victor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco. Fue a partir de las detenciones y los datos que surgieron del escándalo mundial del Fifagate. Burzaco era CEO de Torneos y Competencias y los Jinkis responsables de "Full Play", que comercializaba derechos de televisación.

La sospecha es que los empresarios habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Esos contratos bajo sospecha le permitieron vender a las empresas “Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.” vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias millonarias.

El fiscal Pollicita estimó que el pago del Estado Nacional a esas empresas por dos años fue de 33 millones de dólares y sobreprecios pagados por 19 millones de dólares. En los Estados Unidos, el empresario Alejandro Burzaco ventiló detalles como confesor ante la Justicia de ese país, y ahora los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aconsejaron que se le tome declaración sobre esos contratos bajo sospecha.

“En esta tesitura, más allá de la pertinencia de la eventual identificación de aquellos valores mediante un nuevo peritaje en los términos solicitados por el Fiscal, resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios (...) públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación”, concluyó la Cámara.