Entre Ríos, Catamarca, Tierra del Fuego, La Rioja, San Luis y Córdoba. Durante la última semana se han registrado incendios forestales en cada una de estas provincias. En lo que va del año, más de 153 mil hectáreas, siete veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, quedaron arrasadas por el fuego, perdiendo ecosistemas y biodiversidad.

Un incendio forestal es un fuego descontrolado que se propaga rápidamente convirtiendo en cenizas bosques, llanuras y pastizales. Gran parte de los siniestros suelen ser provocados por el accionar humano, ya sea por un incidente como fogatas o colillas mal apagadas hasta por intereses para cambiar el uso de las tierras. Sí, el factor climático también influye. Que no llueva lo suficiente, que haya temperaturas elevadas, heladas constantes o vientos fuertes son elementos que favorecen la propagación de llamas. 

Argentina atravesó el año pasado la mayor crisis de incendios en décadas, con más de un millón de áreas afectadas, según datos oficiales. Aunque desde diversas organizaciones calculan que son más porque desde el mismo Ejecutivo reconocieron que no tiene capacidad de relevar la totalidad de las áreas quemadas. 

“Hay muchas limitaciones en el acceso a la información”, señala Ana Di Pangracio, directora de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a El Auditor.info. Como referente de la organización, en agosto de este año elevó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación donde, entre otras cuestiones, solicitaba los registros de las áreas afectadas, mecanismos de control y prevención ejecutados, y los procesos de restauración en las áreas afectadas. 

“Son las provincias y municipios, con sus estructuras y métodos heterogéneos, quienes deben comunicar las superficies efectivamente afectadas por los incendios. Desde el SNMF (Servicio Nacional Manejo del Fuego) se recaba y sistematiza toda la información que cada jurisdicción brinda”, respondió Sergio Federovisky, actual viceministro de Ambiente de la Nación.

Con la ley no alcanza

El año pasado, el Congreso realizó modificaciones a la ley de manejo de fuego (27.604). El artículo 22 bis establece que en caso de incendios que afecten vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas, se prohíbe por 60 años modificar el uso y el destino de las tierras.

“Durante 2020 se quemaron más de 350 mil hectáreas en Córdoba y este año ya vamos por 60 mil. Hay razones que tienen que ver con la emergencia climática pero sobre todo es lo intencional. Hay un interés por el cambio de uso de los suelos y eso se ejecuta con gran violencia para que no se noten desmontes. El fuego es una herramienta agroindustrial para avanzar con negocios”, cuenta el geógrafo, investigador y brigadista Joaquín Deón ante la consulta de El Auditor.info. 

Según explica Deón, que es miembro de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierra Chica, muchas tierras quemadas suelen ser solicitadas para actividades recreativas hasta que finalmente se les termina dando un uso totalmente distinto que infringe con la ley nacional de manejo de fuego, la de bosques nativos, entre muchas otras normas nacionales y provinciales vinculadas a la protección del ambiente.

También los incendios son muchas veces consecuencia de prácticas que se importan y no se condicen con las características de la región o ecosistema. En este sentido, Di Pangracio explica que el Delta fue la zona más afectada el año pasado, “prácticamente se quemó todo”, y que la mayoría de las quemas se produjo “para el rebrote de pasturas destinadas al ganado cuando se trata de una zona donde hay suficiente agua y forraje si se llevara adelante una ganadería planificada y responsable”.

Un trabajo con enfoque comunitario

La participación ciudadana es clave para contribuir y promover tareas de concientización, capacitación y prevención de incendios. Y es uno de los pilares en los que se ha avanzado ante las catástrofes registradas en los últimos años.

Deón explica que en la región serrana, las asambleas conformadas por distintas comunidades proponen redes para pensar el reordenamiento de bosques nativos, posibles usos y manejos de bienes comunes, redefinen cómo habitar las tierras. “Hay todo un trabajo que viene avanzando y que en algunos lugares hasta se han conquistado ordenanzas municipales. En los que queda trunco por diferencias con las gestiones comunales se realizan actividades de concientización para movilizar y definir entre todos qué uso darle a esas tierras de manera definitiva y vinculante”.

En Córdoba, el compromiso ciudadano en lo que refiere al combate del fuego es muy importante y quedó puesto de manifiesto con el aporte que hicieron los pobladores en el combate de los distintos focos que sufrió la provincia. 

“Hay todo un proceso autogestivo y mucha unión de vecindades para la defensa de los bosques nativos. Además de la labor de bomberos voluntarios y brigadistas que trabajan con los escasos recursos con los que cuentan. A raíz de los incendios, el año pasado en la provincia se armó una federación. Se dijo que era para institucionalizar un trabajo que se venía realizando de forma voluntaria pero lamentablemente se transformó en un espacio de disputa para el manejo de fondos estatales”, indica Deón.  

Presupuesto y recursos

Las modificaciones a la norma de manejo del fuego establece presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. “Las partidas presupuestarias deben estar a la altura del desafío y las actividades que supone la prevención y el combate de incendios. Es tiempo de que la legislación existente en materia del fuego se implemente efectivamente, se reglamenten y se financien. Hoy las partidas son insuficientes e incluso se subejecutan”, comenta Di Pangracio.

“Sería posible ahorrar y emplear más eficientemente los recursos disponibles si la comunidad organizada, con constante acompañamiento del Estado, siguiera pautas dirigidas a prevenir los incendios. Este trabajo supondría también preparar a la comunidad para actuar en caso que se desate una emergencia. También se podría tipificar como delito los incendios intencionales. Y ponderar en todo el trabajo la variable climática que tienden a subestimarse”, sostiene la ambientalista.

Desde FARN destacaron las medidas nacionales acertadas en la materia, como la transferencia de la dirección del Servicio del Manejo del Fuego desde el Ministerio de Seguridad hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y la jerarquización del área, que se convirtió en una dirección nacional con dos direcciones de línea (Planificación y Prevención; y Operación y Logística) y seis coordinaciones regionales. 

Además, este año se constituyó el fondo fiduciario que elevó sus recursos económicos cuatro veces con respecto a 2020.

“Es urgente que pase de un accionar 'emergentista' a una gestión preventiva e integral. En Argentina existe un enfoque de tipo belicista ante el fuego, de combate, y se sigue corriendo detrás de la emergencia con acciones reactivas, lo que termina condicionando las políticas y convirtiendo al sistema en ineficiente”, indican desde la organización.