El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este jueves ante la justicia federal de Dolores para dar declaración indagatoria como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El exmandatario está citado para las 12 de este mediodía en el Juzgado Federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien este miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

El Tribunal de Apelaciones rechazó, a horas de la indagatoria, la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje.

Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada.

El propio Macri confirmó días atrás, durante su visita a la provincia de Santiago del Estero, que se presentará a la indagatoria, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca a declarar si es que vuelve a ausentarse.

Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.

Desde Juntos por el Cambio (JxC), distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich, convocaron a través de redes sociales a movilizarse este jueves, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para "bancar a Mauricio".

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno".

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", dice la imputación que leerá hoy el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Las acciones ilegales "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", se indicó en la imputación.

En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.

Lo primero que señaló fue que el juez Bava es "manifiestamente incompetente" porque, entre otras cosas, "el ARA San Juan no se hundió en Dolores", ni él trabajó en Dolores y "los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores".

"Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra", se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

Además, sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal "es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir".

Según la imputación redactada por el magistrado, "todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron".