El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple con la Ley 1502 de cupo laboral para personas con discapacidad. Así lo verificó la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en un informe publicado este año. De un total de 128.696 agentes, solo 2.574 corresponden a personas con discapacidad.

Entre las observaciones realizadas por el organismo de control porteño se encuentra la falta de registro de personas con discapacidad de la Policía de la Ciudad y la falta de los Certificados de Discapacidad en el Registro de las Personas con discapacidad. “El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alcanza los porcentajes de personas con discapacidad requeridos por la Ley Nº 1502”, concluye la AGCBA.

El informe revela que, vencidos los plazos, el Gobierno de la Ciudad "incumple con el porcentaje mínimo de personal con discapacidad en su plantilla" al 31 de diciembre de 2019. "Además, detalla que el registro especial creado por la Ley presenta inconsistencias y faltantes, con lo que el porcentaje que falta cumplir podría ser mayor que el evidenciado", señaló el auditor porteño Lisandro Teszkiewicz.

De esta forma no solo se incumple la normativa sino también el inciso 7 del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad donde se establece que el parlamento legisla para que se garantice la igualdad real de oportunidades. “El control sobre el cumplimiento de la ley es a la vez el control sobre el  cumplimiento de la manda constitucional y, básicamente, sobre el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de igualar las oportunidades de acceso efectivo a los derechos de quienes se encuentran con mayores dificultades en la vida”, agregó Teszkiewicz a El Auditor.info.

Controles anuales no superados

Este no es el primer informe de auditoría. La misma ley prevé controles anuales que se realizan pero, según aseguraron desde el organismo de control porteño, año a año se reitera el cumplimiento de esta normativa que en octubre cumplió 21 años.

“Vemos que pasan los años y pasan los gobiernos, las gestiones, por más que en la Ciudad es siempre el mismo y no hay indicios de voluntad política de que se quiera cumplir el cupo. Quienes gobiernan deberían empezar a poner en agenda el tema de discapacidad con otro énfasis. No vemos que sea una prioridad”, alertó Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).

Desde REDI remarcaron que el empleo es lo primero que debería garantizarse para empezar a pensar en una mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Es muy dificultoso salir a buscar trabajo porque uno tiene que salir a enfrentar los prejuicios que existen en el empleador respecto de la capacidad que uno tiene para trabajar. Por desconocimiento se termina desvalorizando lo que podemos aportar. Vemos que todos los años crece el empleo público y, sin embargo, no se contratan personas con discapacidad”, mencionó Betti.

¿Qué pasa a nivel nacional?

Meli Garbini, a cargo de la coordinación de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña, señaló que el cupo tampoco se cumple a nivel nacional.

“Según la ley, en la Nación el cupo es del 4% y en Ciudad es del 5%. En ningún lado se cumple, es más la mayoría de las organizaciones sociales están pidiendo que ese cupo sea el piso, no el techo. Lamentablemente es muy difícil que el cupo se cumpla, sobre todo hasta que no se cambie la mirada del enfoque hacia las personas con discapacidad. En la Defensoría sí se está cumpliendo", sostuvo Garbini.

La Ley 22.431 establece un cupo laboral del 4%  para personas con discapacidad del total de empleados del Estado Nacional. A 40 años de la sanción de dicha normativa, la cantidad de personal con discapacidad contratado es de 0,61%, según datos de 2021 de la secretaría de Gestión y Empleo Público. De un total de 460.506 solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados. 

Para Betti la normativa quedó desactualizada. “Amerita que se la reformule porque tienen un enfoque que no es el de la Convención de Naciones Unidas a la cual el país adhiere y está escrita con un vocabulario médico que no responde a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. Desde REDI venimos pidiendo que esa ley se armonice con la convención y se empiece a pensar la discapacidad desde un modelo social”

Para finalizar, Teszkiewicz reflexionó: “La discriminación existe, es real, concreta y trastoca y trunca proyectos de vida, impidiendo a las personas con discapacidad desarrollar todo su potencial. Ante esta situación el Estado resolvió en acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias promocionar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, incumplir esa manda es dejarlas libradas a su suerte sin el respaldo que por derecho les corresponde”.