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En los últimos días, y a raíz de una investigación judicial, se detectaron varios chats entre el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. En una de las comunicaciones pudo apreciarse cómo De Vido dio la orden a los pseudoperiodistas y artistas K de atacar públicamente a Darío Lopérfido por sus declaraciones de mediados de 2016, en las que ponía en duda el número mágico de los 30.000 desaparecidos: “sean duros y precisos con la contestación a Loperfido y q hable luis. Los artistas q participaron y vos también” / “Pónganle q me denuncie un hijo de puta q negó a los desaparecidos me llena de Orgullo”.
La acusación no resistía el menor análisis. Ni Darío Lopérfido, ni las personas que –como él- basados en datos oficiales, consideramos que los desaparecidos no fueron 30.000, negamos a los desaparecidos. Por el contrario, la búsqueda de la verdad histórica y de la precisión sobre las víctimas del terrorismo de estado, constituyen afirmaciones de que la barbarie existió.
Poco tiempo después de las declaraciones de Lopérfido, que motivaran la campaña de desprestigio orquestada por De Vido, y a raíz de una solicitud de acceso a la información pública requerida al gobierno nacional, se supo oficialmente que el número de víctimas del terrorismo de Estado era sensiblemente inferior al dogma de los 30.000.
Más aún, se supo que el 14% de las víctimas contabilizadas oficialmente no correspondían al gobierno de facto, sino al gobierno peronista que lo precedió: sí, al gobierno del “León Herbívoro” que luego continuara su viuda.
Asimismo, el 25 de agosto de 2016, en el fallo “La Perla”, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba determinó que “ya entrado el año 1.976, se encontraba en pleno funcionamiento el aparato represor estatal, quien desatendiendo todo tipo de garantías y derechos consagrados en nuestra Carta Magna, valiéndose de métodos atroces e ilegales (detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones), se aboca a la destrucción de las agrupaciones que eran denominadas de corte “Marxista”, consideradas contrarias a los intereses estatales del momento. A estos fines, se disponen instalaciones tendientes a albergar a las personas que siendo considerados “enemigos”, eran secuestradas. Cabe señalar que en estos lugares denominados “Lugares de Reunión de Detenidos” (L.R.D.), se procedía sistemáticamente a interrogar salvajemente, valiéndose de diversos métodos de tortura, a las personas allí recluidas. Así las cosas, demás está decir que a partir del 24 de marzo de 1976, y una vez que las fuerzas militares de las tres armas toman el control del país, la situación antes señalada se agudiza, siendo moneda común la criminalidad y el desprecio absoluto de las libertades y derechos consagrados a los ciudadanos en nuestra Constitución Nacional, por parte de las fuerzas de seguridad en su conjunto.
Así las cosas, las estructuras y engranajes represores que ya actuaban antes del golpe militar de marzo de 1976, adquieren dimensiones inusitadas, transformando así a cada ciudadano en potencial enemigo del sistema, cristalizándose de esta manera, una verdadera cacería humana sin precedentes en la historia de este país.”
Nótese, entonces, que el puntapié inicial de la metodología del terror lo dio el peronismo, con la excusa de combatir a organizaciones armadas, en muchos casos, también de origen peronista.
Los que violaron los DDHH en los 70´, los que propiciaron la autoamnistía a militares primero y el indulto a militares y terroristas, luego, los que se negaron a integrar la CONADEP, hoy pretenden dar clases de DDHH a la oposición, aún después de las muertes y desapariciones en la infectadura.
En definitiva, desde el peronismo se pretende imponer cuáles fueron los hechos vinculados a la peor etapa de nuestra historia, así como la interpretación oficial de los mismos, con el fanatismo del converso. Careciendo de trayectoria y antecedentes, caen de modo ridículo y evidente en la sobreactuación. Les pesa lo que fueron y lo que siguen siendo.
Así, la pretensión de tildar de “negacionistas” a los que pedimos rigor histórico, sin visiones sesgadas, proviene frecuentemente de aquellos que son verdaderos negacionistas de la responsabilidad del peronismo en el terrorismo de Estado y el terrorismo no estatal. A tal punto llega el negacionismo peronista, que algunos “compañeros” llegan a tergiversar su propia historia personal. Tal es el caso de la recientemente reelecta legisladora de la Ciudad, Victoria Montenegro, quien afirmó que sus padres son “desaparecidos por la última dictadura Cívico-Militar”, no obstante que la fecha de su desaparición –según información pública oficial- data del 13/02/1976 (ver acá y acá)
Con el espíritu fascista que orienta al peronismo y a los autodenominados organismos de DDHH que le son afines, se cuestiona y pretende acallar, también, a todo aquel que opine, comente o investigue el rol de las organizaciones armadas como Montoneros o ERP en la década del 70´. Según los “dueños de la Historia” (como los bautizó Mario Negri, en uno de sus más destacados discursos) mencionar la intervención de aquellos grupos delictivos es abonar la “Teoría de los Dos Demonios”.
En fin, el peronismo oculta en su relato su participación decisiva y protagónica en ambos terrorismos: el de Estado y el no estatal.
Pero le tengo una mala noticia a la secta de los DDHH: lo que ellos rechazan como teoría, mal que les pese, es una realidad. El demonio representa al mal y las malas acciones no dejan de serlo por el hecho de que se cometan fuera de la órbita del Estado. Por supuesto que es innegable que la maldad, desde el Estado, supone un mayor grado de responsabilidad. Es el Estado quien debe garantizar los derechos más elementales de los ciudadanos como la dignidad, la vida y la propiedad, siendo su deber supremo que tales derechos se defiendan en libertad y con las garantías previstas en la Constitución. En definitiva, no hay dudas de que un demonio fue peor que el otro, al mismo tiempo que no hay dudas de que, en los 70´, los demonios fueron dos.
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