Este lunes, el diputado Nacional por el PRO Jorge Enríquez presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, doctores Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grunberg por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 53 de la Constitución Nacional, por sus votos en el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner y otros en la causa “Hotesur-Los Sauces” sobre lavado de dinero.

“El momento procesal en que se dictó no admite una resolución de fondo, porque ya varias instancias judiciales definieron que la instrucción era correcta y solo falta el juicio oral. Queda claro que se buscó definir el caso con un juez que se va del Tribunal y evitar que se ventilen las pruebas en un juicio público”, sostiene el legislador al respecto.

Y añade: “La intencionalidad de favorecer a CFK y familia, surge de que el análisis jurídico de los delitos involucrados, por el que concluyeron que los hechos por los cuales se obtuvo el dinero lavado no son delictivos, no lo podían hacer en esta etapa porque son materia de juzgamiento en otros tribunales ( obra pública y Oil combustibles), de modo que debieron esperar esos fallos antes de sobreseer. Al dictar el sobreseimiento ahora se entrometieron en la labor que corresponde a otros jueces”.

Enriquez puntualiza: “Comprendo que el juicio político a magistrados es algo grave y que, como regla general, no debería tener como fundamento el contenido de sus fallos, que pueden ser impugnados de acuerdo a los recursos que ofrece el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esa regla no es absoluta. Los jueces ejercen su labor a través de resoluciones y estas pueden evidenciar la existencia de mal desempeño cuando no se se traducen en una postura meramente equivocada, con la que se pueda discrepar, sino en "el desconocimiento inexcusable del derecho", la "negligencia grave en el ejercicio del cargo" o "la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones" (art. 25, incisos 1, 3 y 4 de la Ley de Consejo de la Magistratura). Es lo que inequívocamente ha sucedido en el caso que denunciamos, que constituye un escándalo jurídico de enorme magnitud”.

Y culmina: “La intención de estos jueces de favorecer a los imputados en un caso de corrupción pocas veces visto en la historia argentina es evidente. Carecen, por lo tanto, de las condiciones de idoneidad e independencia necesarias para desempeñar la misión de impartir justicia. Su permanencia en el cargo es una afrenta a la República”.