Ya no hay que esperar unos meses para que se repitan las olas de contagio del viejo continente. Ahora es todo en simultáneo. Por esa razón, el país ya es objeto de análisis por parte de infectólogos de otras latitudes.

Funcionarios de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires esperaban un avance significativo del COVID-19 por la llegada de la variante Ómicron, pero nunca imaginaron que en enero se iban a batir todos los récords, que la Argentina iba a superar los 110 mil contagios en 24 horas y que los testeos masivos iban a hacer colapsar el sistema de atención a la salud.

Nadie quiere asumir responsabilidades o culpas, pero desde la campaña electoral se ven, en coincidencia con las amplias apertura dispuestas, grandes concentraciones con muy poco apego por cumplir con los protocolos vigentes, comenzando con la falta de distancia y la no utilización del barbijo.

Desde las manifestaciones políticas hasta los “after” en las playas de Pinamar, Gesell y Mar del Plata, pasando por el público llenando estadios de fútbol o recitales, todo fue y es un ejemplo de lo que no se debe hacer para combatir a Ómicron o Delta.

Se actúa como si estuviésemos en una normalidad que no existe bajo ningún punto de vista y la política no sabe o no puede actuar.

Sin restricciones a la vista a pesar del récord de casos

No habrá restricciones, dispuso el presidente Alberto Fernández, y su opinión es compartida por el gobernador Axel Kicillof y el porteño Rodríguez Larreta. No importa hasta donde lleguen los contagios. Confían que en tres semanas las cifras comenzarán a ceder.

Sin embargo, los especialistas dudan que esos plazos, basados en experiencias internacionales, se puedan cumplir si el verano sigue mostrando un desapego muy importante a las normas anticovid.

La situación económica de la Argentina y la posibilidad de que las vacaciones permitan dar oxigeno a muchas cajas municipales o provinciales, son también factores que tienen atrapados a los funcionarios.

Aunque no menos importante es el estado de ánimo de la población. Quienes están en lo más alto del poder, en sus respectivas jurisdicciones, saben que no hay clima social para fijar nuevas restricciones. Que no serán acatadas y que pueden derivar en desbordes sociales que nadie quiere.

Por esa razón, Alberto Fernández optó por una vieja receta en pandemia. Que la responsabilidad de lo que haya que hacer, incluidas algunas restricciones, queden en mano de los gobernadores y que sean ellos los encargados de pagar el costo político por su aplicación y por lo que resulte en las calles.

Un ejemplo. Enero es el mes de los festivales en todo el país. Y con esta decisión serán los gobernadores quienes decidan si se hacen o se suspenden por el COVID. Así, el costo político no se trasladará a la Casa Rosada.

Lo mismo se puede aplicar con la costa Atlántica y los desbordes playeros.

El plan: vacunación masiva y terceras dosis

Mientras tanto, las autoridades se siguen aferrando a las buenas perspectivas que ofrece una vacunación masiva, ya no de dos sino de tres dosis, algo que todavía está en su etapa inicial en la Argentina.

También a la poca ocupación de la terapia intensiva y las muertes por Ómicron, aunque los números que se van conociendo día a día comienzan a ser un llamado de atención. Por ahora, la mayoría de los internados son aquellos que no recibieron vacunas o solo una dosis.

Mientras tanto, los testeos siguen siendo un problema de difícil resolución, no solo para la Nación sino para las provincias.

El autotest tardará unas semanas en llegar a la venta en farmacias y será para aquellos que tengan la capacidad de compra. Su correcta aplicación todavía genera dudas entre funcionarios y médicos. Ahora, todas las miradas están puestas en la resolución que regirá para esas pruebas.

Por lo pronto, se decidió que se deje de hisopar a los contactos estrechos y el ministerio de Salud de la Nación resolvió enviar a todo el país un millón de pruebas de PCR para atender la gran demanda que se genera por estos días.

Lo que no tiene aún una decisión consensuada es el pase sanitario que no solo divide al oficialismo de la oposición sino que generas grietas puertas adentro de esas alianzas políticas. Todo depende de las necesidades económicas de cada provincia y de los costos políticos que estén dispuestos a afrontar. En definitiva, siempre la misma historia.