Hace sólo unos días, la señora, esposa, madre, abogada, primera dama, senadora y candidata presidencial Cristina E. Fernández de Kirchner, muy alegre, lanzaba la frase “teníamos que venir los progresistas para poner orden…”
    Desconozco qué significado tenga para los funcionarios de este gobierno el término “progresista”, pero seguramente es muy distinto a lo que todos conocen del mismo, algo similar a la percepción de la "inflación oficial" frente a la del resto de la población.
    Esta nota en principio no iba a tener comentarios o referencias políticas, pero es imposible no hacerlo.
    De todo lo mal hecho por este gobierno, tal vez, el fracaso más grande haya sido el “Programa Anti-impunidad”, una decisión del por entonces Secretario de Justicia Pablo Lanusse. En su origen, el mencionado programa tuvo miles de problemas que fueron, desde no tener un espacio físico propio, hasta la falta de abogados y demás profesionales necesarios para un correcto funcionamiento. De nada sirvieron, dicho sea de paso, los acuerdos y los compromisos de los Colegios de Abogados en cuanto a trabajar coordinados con el programa por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
    Crease o no, esta dependencia -en teoría bajo la órbita del Ministerio de Justicia- ha tenido más escándalos que logros. Por si alguien no lo recuerda, su primer coordinador, el Dr. Avelino Tamargo se fue del programa apremiado por las denuncias de "acoso" al personal femenino y luego de su mudanza de la calle Uruguay a Sarmiento 476 2º piso perdieron algo más que algunos papeles, ya que en el camino quedaron miembros y funcionarios.
    Hoy, el “programa”, que por su función originaria debería ofrecer "publicidad" a los ciudadanos que son víctimas a diario de la impunidad, ha pasado a ser una dependencia fantasma: en la actualización de la Web del Ministerio, por caso, curiosamente ya no se lo puede encontrar, y de esto hemos advertido hace ya unos meses a los responsables del programa personalmente, pero al parecer todo sigue igual, en las sombras.


Una dependencia sin dependencia

    Hoy he intentado una tarea de lo más difícil: obtener un simple "sí" por parte de los funcionarios que deberían informarnos. Desde horas tempranas comencé a intentar comunicarme al 0800-122-5878 número del “Programa Anti-Impunidad”, una vez comunicado, alguien que sólo saludó con la palabra “programa”. En vano solicité que me comunicaran con el coordinador del programa (hace tiempo que el coordinador no concurre por lo menos para atender llamados), por lo que solicité que me comuniquen con algún otro responsable: la mujer que me atendió no pudo contener la carcajada, aunque amablemente me respondió: -“responsables hay muchos, y empleados también, pero no vienen casi nunca, siempre venimos los mismos, hay abogados, psicólogos o algún chico que te puedo comunicar, pero no responsables”. Ante semejante panorama, le pedí si podía confirmarme que aún siguieran dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación, a lo que me confirmó que sí.
    Para ello me comunique al 5167-6689 donde me atendieron correctamente y me solicitaron mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. La respuesta fue rápida, se comunicaron para interiorizarse de mi llamado, pero tampoco supieron exactamente si el “programa” dependía de la Secretaria. Luego de algunas consultas, concluyeron que en teoría sí, pero que nadie tiene información sobre quiénes trabajan en el “programa” y sus actividades, ya que aparentemente, de esto se ocupa directamente el ministro de Justicia, Dr. Alberto Juan Bautista Iribarne. Con este dato a cuestas, me comuniqué a la privada del Sr. Ministro quien no se encontraba en el lugar y se me dio un mail para que yo pudiera ponerme en contacto, lo cual obedientemente realicé.


Un programa que discrimina

    En los años que lleva de vida el “programa”, no han sido pocos los casos de enfrentamientos entre los propios familiares de las víctimas. Si bien existe un refrán que lo resume todo, “cada quien trata de llevar agua para su molino”, resulta casi ilógico que esto ocurra sin que se trate de evitar la inequidad en el trato de los casos y de los familiares de las víctimas. No voy a mencionar a los involucrados por respeto a las víctimas, pero a veces las discusiones que se dan, están muy lejos del "objetivo común" que se debería perseguir.
    Aquí también existe una gran responsabilidad del gobierno, que ha manipulado en muchas oportunidades el dolor y la memoria con un tópico muy similar al "clientelismo". Incluso, se ha dado el absurdo de familiares a los que no se los invita a determinados “eventos” (casi siempre políticos) y hasta se los ha “etiquetado” con rótulos de “persona difícil”, “oportunista”, o simplemente “agitadora”.
    Por si fuera poco, son varios las casos de familiares de víctimas que han denunciado mal trato por parte de una de las personas que integran el programa a la que han identificado como la Lic. Mariana Ponce de León, a quien no he podido ubicar en los números consultados para tener una explicación sobre algunos desafortunados comentarios que habría hecho a varios familiares, acusándolos -para ser sintéticos- de “lucrar con la muerte de sus hijos” o de pretender obtener algún beneficio, (en todos estos casos, el reclamo de los mismos era por puestos laborales que los ayudara a paliar los gastos por el homicidio de sus hijos y la demora en el acceso a la Justicia).
    El reclamo no parece descabellado si se tiene en cuenta que algunos familiares han obtenido trabajo para ellos mismos y para su propio núcleo familiar. Incluso, algunos han sumado más de un contrato y “pagos extras”.
   

No sólo de pan vive el hombre

    Tal vez los testimonios que más me han impactado en las reuniones de los familiares para recordar a sus víctimas han sido el trato frívolo que han obtenido los “pocos” que han llegado a Casa de Gobierno. Allí, el Presidente de La Nación a muchos les ha prometido ocuparse él y sus ministros de solucionar los temas más urgentes, pero al parecer, una vez derivados a distintos ministerios, solo obtuvieron una primera entrevista llena de promesas y luego el esquivo proceder del funcionario, varios de los cuales derivan las respuestas a sus secretarios.
    Entre los funcionarios que encabezan este vergonzoso ranking, contamos con el Secretario General de la Presidencia el Dr. D. Oscar Parrilli, de quien no sólo se quejan por sus promesas incumplidas, sino de no haber tenido el "tacto" necesario al recibir a algunos familiares que necesitaban ser escuchados y a los que interrumpió con un “dígame cuánto dinero necesita para su caso”, luego de lo cual los familiares se retiraron lamentando la actitud del allegado presidencial.
    Le sigue el Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández quien apenas derivado el caso a su cartera por el propio Presidente se muestra como un “todo se puede” y luego comienza a esquivar los llamados y las respuestas.


Promesas, sólo promesas

    Este pandemónium burocrático, propio de nuestra olvidable política, uno de los casos más emblemáticos de promesas incumplidas y con consecuencias nefastas ha sido el caso de la familia IRAIZOZ, quienes le habían planteado su temor al Gobernador Felipe Solá, referidas a una serie de amenazas recibidas, y este les prometió ocuparse del tema, pero la tragedia fue más expeditiva, y días después su hijo Nahuel terminó siendo asesinado en la puerta de la empresa de su padre, el cual también resultó herido en el hecho. Las disculpas brindadas posteriormente por el Gobernador a la familia no repondrán jamás la vida de su hijo.
    Idéntica actitud para con ellos tuvo la candidata presidencial -Cristina de Kirchner- en oportunidad de encontrarse en un acto político en el sur, donde se comprometió mostrándose compungida a brindarles su apoyo para que la investigación no se demore y tengan justicia, hoy su mamá Marta recuerda esas palabras que nunca se cumplieron y ni siquiera se les concedió una entrevista a pesar de los reiterados pedidos.
    La lista de familiares que esperan una respuesta a “todas” las promesas hechas es extensa, podemos mencionar a Susana Yedro, Verónica Ferreti, Ramona Ruíz Díaz, Enrique Rogelio Redondo y su esposa Delía Martínez, la Sra.Tarditti, Emilce Peralta, la familia Maggi y tantos otros familiares de víctimas que además de Justicia, esperan un Estado comprometido con el discurso que enarbolan.


Conclusión

    A nadie escapa que los recursos siempre son escasos y que ningún Estado puede brindar satisfacción garantizada a todos sus administrados, pero también es cierto que se gastan fortunas en campañas, gastos innecesarios de representación, abuso de recursos en distintos sectores de la administración, sobresueldos, contratos, etc., etc.
    Ni siquiera se respeta la memoria o el trabajo hecho por esos familiares que, incomprendidos, suelen encontrar un espacio que mitigue su dolor “produciendo”, y como ejemplo voy a citar el inexplicable estado de abandono en que se encuentra “el mural de las víctimas” que se encuentra en la localidad de Longchamps y que fuera pintado por diferentes artistas en memoria de 75 víctimas.
    Es una muy fea actitud, que para algunos eventos de víctimas desde el Estado se realicen gastos elevados, mientras que en otros casos ni siquiera se les envía una misiva.
    Alguna vez leí que el dolor es dolor, que no existe un dolor que duela menos, por eso es importante destacar esta necesidad de igualdad entre familiares.
    No estoy en contra de ninguno en este segmento social, pero sí debo destacar que mientras algunos padres reciben numerosas visitas a sus marchas porque se les facilitan los medios, otros sienten una soledad aún más profunda en su lucha y eso no es justo.
    Nuestra Constitución en su Artículo 16 habla de la igualdad, y solo puedo entender esta actitud estatal desde una frase repetida hasta el cansancio por los ambiciosos, “divide y reinarás”.
    Esta nota la escribo con la experiencia de haber mirado a los ojos a padres y madres, de haber compartido su dolor, de saber cómo se siente la injusticia en la garganta y las noches de insomnio que uno pasa ante la impunidad con la que algunos se mueven.
    De haberme conmovido con sus lágrimas, y de comprender que la dignidad de todo ser humano debe tener el mismo valor, que sepan esos que se llenan la boca de lindos discursos que los derechos humanos son universales y que lo último que se pierde es la memoria, por eso: “vivos, respeten a los muertos”.

Marcelo Hawrylciw
Editor periódico El sindical