“Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización en la Argentina”, clamó el Papa Francisco en 2015 en referencia al avance del narcotráfico en el país. Aquella advertencia llegó desde lo más alto de la Iglesia católica, pero estuvo lejos de ser la primera sobre esta desgraciada problemática que fue realizada desde la institución eclesiástica. En rigor, hace muchos años que obispos y sacerdotes, especialmente los que se desempeñan en las villas, vienen alzando su voz no solo por el aumento del tráfico de drogas, sino por el crecimiento del consumo.

El caso de la cocaína adulterada que provocó 24 muertes y casi un centenar de intoxicados estremeciendo al país en los últimos días -sumado a las recientes masacres en Rosario, incluido el asesinato de un bebé- pusieron sobre el tapete una dramática realidad que patentizó que las alertas desde el ámbito religioso -como también, para ser justos, de especialistas y ONGs- no fueron escuchadas por los gobernantes. Con el agravante -como apuntan los expertos- que la expansión del flagelo tiene etapas que hace cada vez sea hace más difícil revertirlo.

En una sucesión de pronunciamientos, los obispos acaban de señalar la necesidad de que se atiendan todas las aristas de esta problemática. El primero en expresarse fue el presidente del Episcopado, el obispo de San Isidro Oscar Ojea, quien señaló la importancia de atacar no solo las consecuencias, sino también las causas del flagelo. En ese sentido, le pidió al Estado que, además de ocuparse del combate al narcotráfico, procure detener “el creciente consumo” de estupefacientes. Y dijo que ello es tarea de la “buena política”.

A renglón seguido, monseñor Ojea expuso lo que a su juicio constituyen las razones principales del aumento del consumo: “Tiene que ver con falta de horizontes humanos y laborales, profundas crisis familiares, el déficit enorme de nuestra educación, la profunda soledad y la necesidad de afecto”, dijo en una sucesión de tuits. Lo cual revela que se está ante un desafío ciclópeo que no solo involucra al Estado, sino a la sociedad, en particular a las instituciones educativas, las iglesias, las ONGs y los propios padres.

Paralelamente, la Pastoral de las Adicciones del obispado de Lomas de Zamora advirtió que la última campaña a nivel nacional para la prevención de las adicciones se hizo hace 20 años. Como contrapartida, el consumo de drogas ilegales en el país en la población subió del 3,6% al 8,3% entre 2010 y 2017 -la ingesta de cocaína aumentó un 100%-, según un relevamiento de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

Por otra parte, la venta ilegal de droga a cielo abierto, la supuesta complicidad policial con el hallazgo de dinero para el pago de coimas y la repentina captura de un prófugo que enmarcó el episodio de la cocaína adulterada actualizó la sospecha de corrupción en estamentos del Estado. Por eso, la docena de obispos de la región metropolitana salieron a pedirle al Gobierno que “se ocupe de ir detrás de los mecanismos de corrupción en todos los niveles” que favorecen el narcotráfico.

Los obispos también fueron al cruce de quienes recomiendan la legalización de las drogas como forma de contrarrestar el flagelo. “La despenalización del consumo, la legalización de las sustancias, solo traerá más consumo y marginalidad. Seguramente se instalará en la sociedad que las drogas legales no hacen daño: las drogas matan siempre”, consideraron. Por cierto, hace años que los curas villeros advirtieron que la droga esta “despenalizada de hecho en las villas”.

Finalmente, los obispos consideran que es necesario que se sancione “cuanto antes” una Ley de Emergencia de las Adicciones que afronte de manera integral el problema del consumo y, en particular, permita contar con lugares y recursos para la recuperación de los adictos, hoy claramente insuficientes. La Iglesia católica cuenta con centros de rehabilitación como los Hogares de Cristo, al igual que los evangélicos con iniciativas como el Programa Vida.

Para los expertos, los altos niveles de pobreza que tiene el país sostenidos en el tiempo y que abren paso a la marginalidad ofrecen un marco propicio para que el flagelo siga creciendo vigorosamente. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió días pasados que el narcotráfico será “el problema más importante de la Argentina dentro de tres o cuatro años”. La Iglesia avisó hace rato.