Desde el principio de la historia
argentina existió la corrupción. Incluso los extranjeros señalan a la corrupción
como una característica típicamente argentina. Desde los años del contrabando
del puerto de Buenos Aires o aquel tiempo en que Garay hacía un "indiscriminado"
reparto de tierras. La corrupción, mal que nos pese, es una realidad que siempre
hemos vivido.
Es crónica ya conocida que en la Argentina existe por cada
ley su correspondiente manera de infligirla. En los últimos cuarenta años en la
política argentina, ha existido este factor y mal que mal, Algunos se han
conocidos y se han juzgado, otros no.
Las causas por corrupción a funcionarios de un gobierno, por
lo general, se esclarecen y aceleran luego de que determinado gobierno ya ha
terminado. Así se va produciendo una especie de encubrimiento político y
jurídico.
Entonces, el principal problema de la Argentina no es ni la
pobreza, ni la inseguridad, ni la negligencia. El principal problema de la
Argentina es la justicia.
El gobierno alberga una minoría importantísima de gente con
una riqueza poco justificada, generalmente relacionada a casos de corrupción,
cuyas causas están archivadas en la ineficiente Oficina Anticorrupción (OA).
Esto produce que los funcionarios de primera línea del gobierno estén tranquilos
en los asientos de sus escritorios.
Los expedientes secretos K
Una nota de investigación de diario La Nación se
encargó de revisar los archivos judiciales de la oficina anticorrupción. Los
archivos reparten datos sobre funcionarios que están complicados en causa de
corrupción o malversación de fondos:
Quienes tienen más causas acumuladas son: Ricardo Jaime,
secretario de Transportes quien lidera el ranking de la corrupción con seis
causas. Luego lo sigue su compañero -y amigo- Julio de Vido con cuatro causas y
el Jefe de Gabinete, el perspicaz Alberto Fernández, con tres causas, entre
otros.
Un dato curioso: hasta el propio presidente tiene causas por
corrupción.
Sin avances importantes en las investigaciones, salvo el caso
Skanska y el caso "bañogate", son ya más de 100 funcionarios del gobierno los que
están manchados por distintas irregularidades monetarias. Entre ellos aparecen
los nombres más mediáticos del Gabinete: tienen causas abiertas los ministros
Ginés González García, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Alicia Kirchner y el ex
canciller Rafael Bielsa.
En la misma línea, los señalados por las investigaciones más
importantes son funcionarios que ya no forman parte del actual gobierno: Fulvio
Madaro, ex interventor de Enargas, Felisa Michelli, ex ministra de economía y
Nestor Ulloa, ex titular de Nación fideicomisos.
Los procesados son sólo tres, ex funcionarios con cargos
inferiores en la AFIP y uno de la Anses. También están imputados 45 integrantes
de las Fuerzas Armadas: el brigadier Carlos Rodhe, ex jefe de la Fuerza Aérea, y
Roberto Giacomino, ex jefe de la Policía Federal, entre otros.
El que se lleva todos los premios es el ex secretario de
Agricultura Miguel Campos, hoy asesor en la Jefatura de Gabinete, es el
único funcionario de primera línea del gobierno de Kirchner. Recordemos que hace
poco se le dictó falta de mérito en una causa por irregularidades en la
distribución de la "cuota Hilton".
También aparece el nombre del presidente Kirchner. Figura
como imputado en una causa por el empleo de automóviles entregados por empresas
según el sistema de comodato. Esta especial causa la dirige el juez Daniel
Rafecas: "es una practica habitual que venia de otros gobiernos" comentó
oportunamente alguien del juzgado. Si es una tontería ¿Por qué ningún medio
se atrevió a contarlo?
En la misma causa están imputados Julio de Vido, Aníbal
Fernández, González García, Bielsa, el vocero Miguel Núñez y otros ocho
funcionarios.
El jefe de Gabinete está imputado en una causa por una
reasignación de partidas para la entrega de subsidios a la empresa de trenes
Metropolitano, en otra similar en la que se benefició a Southern Winds
y en un expediente en el que se investiga si le ofreció un cargo al diputado
Eduardo Borocotó a cambio de pasarse al kirchnerismo.
Los "enemigos íntimos" Alberto Fernandez y Julio de VIdo
comparten la causa sobre subsidios a la empresa ferroviaria Metropolitano
y una reasignación de partidas para la entrega de subsidios a la misma empresa.
El juez Rodolfo Canicoba Corral los había sobreseído,
pero el caso fue reabierto y quedó a cargo de Ariel Lijo.
También, los ministros están imputados por las increíbles
facilidades que le dieron a la compañía aérea Southern Winds (SW),
implicada en el caso de las narcovalijas.
Pero aún hay más: aparecen el ex secretario de Cultura,
Torcuato Di Tella, por anomalías en la contratación de una consultora, y el ex
subsecretario de Vivienda Luis Bontempo, por cambios de partidas en el Plan
Federal de Viviendas
En el expediente sobre la manipulación de los índices del
Indec, están imputados el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; la
directora del organismo, Ana María Edwin; la directora del índice de precios,
Beatriz Paglieri, y otros tres empleados.
También, son investigados el ex director del Occovi, Claudio
Uberti, su ex empleada Victoria Bereziuk junto con el presidente de Enarsa y
Exequiel Espinosa en las causas sobre el ingreso de 800 mil dólares de la mano
de Antonini Wilson.
La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, es investigada
por irregularidades en el manejo de fondos. Escándalo que desenmascaró diario
Clarín un día después de que, a través del decreto 2898, se designó a
Alberto Fernández como director titular en la empresa Papel Prensa SA
representando el 26.2% de las acciones del Estado. Fernández calificó el hecho
como "terrible operación política".
También está imputado Juan González Gaviola, el ex
interventor del PAMI y actual superintendente de AFJP, por una sospechada compra
de sillas de ruedas.
Al ex director del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (Incaa) Jorge Coscia lo investigan por presunto enriquecimiento
ilícito al igual que el embajador de México, Jorge Yoma.
Por la contratación aparentemente irregular de una empresa
publicitaria, se investiga al presidente de la Lotería Nacional, Armando López,
y a otros ocho funcionarios del organismo.
Situación ya conocida: las causas por lo general se
resuelven o se aceleran al dejar el poder los funcionarios de turno.
Entiéndase que, si el día de mañana Cristina asume como presidente, las causas
prácticamente quedarían en la nada.
Un ejemplo conocido es el del ex presidente Carlos Menem,
cuyas causas fueron iniciadas meses antes de que dejara el poder en 1999.
En abril del 2003, por caso, la Oficina Anticorrupción ya
había procesado a 23 ex funcionarios del menemismo de cierta relevancia y cerca
de cien de menor rango. Actualmente el menemismo y el kirchnerismo mantienen una
insólita semejanza: tienen a los dos presidentes imputados por causas
judiciales de corrupción ¿Casualidad?.
Concluyendo
Ya lo analizó Raúl Scalabrini Ortiz en El hombre que está
solo y espera donde hizo referencia al miedo -desconocido en este caso- que
tiene el hombre frente ese "leviatan" conocido como Estado. "El Estado debe
temer a la gente, no la gente al Estado", dice el autor.
“No te metas”, suele decir el ciudadano argentino. El “No te
metas” es, verdaderamente, una pauta de la idiosincracia porteña, pero no es un
consejo dirigido a rectificar resoluciones personales. Nadie dice “No te metas”
a quien va a presentar la renuncia de su cargo, “No te metas” es una prevención
trascendente, no doméstica. Quiere recordar: “No te metas en un asunto que no es
tuyo y es privilegio del Estado".
“No te metas, que si te va bien no te lo agradecerán y si te
va mal se reirán de vos”, parecería decir la frase.
El argentino finalmente no hace nada porque está convencido
de que su movilidad sería nociva para los demás y estéril para la Nación, en
quien delegó sus atribuciones.
Mas allá de ir señalando con el dedo quién hizo las cosas
bien o mal, en razones de conceptos totalmente opuestos, deberíamos embarcarnos
en una noción distinta al "no te metas".
No es menor el hecho de ser el segundo país más corrupto de
Latinoamérica -primero está Ecuador- según la organización Transparency
International (TI).
Alan Videla