La Agencia de Acceso a la Información Pública es un organismo con independencia funcional que detenta la máxima autoridad administrativa a la hora de decidir, entre otras cosas, qué información pública puede entregarse a un ciudadano, cuando éste la reclama.

Diversos escándalos en los que se ha visto involucrado el actual gobierno, como la fiestita de Fabiola en cuarentena estricta o los abusivos gastos de la primera dama en viajes y estilistas, han visto la luz gracias a la intervención de este organismo.

Luego de la renuncia del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública que designara Mauricio Macri, y del fallido intento de Alberto Fernández por instalar en el cargo a un asesor de la Jefatura de Gabinete, el Presidente decidió, finalmente, designar a una integrante del Instituto Patria, como Directora de la mencionada agencia.

La flamante funcionaria es Beatríz de Anchorena, quien viene de ocupar el cargo de Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional en el actual gobierno. Quienes defendieron su postulación en la audiencia pública reivindicaron la gestión de la entonces postulante y sus supuestos logros en la materia.

Ahora bien, no parece que durante la gestión de Anchorena las instituciones de nuestro país se hayan fortalecido, sino todo lo contrario. Antes de la pandemia, Alberto Fernández gobernaba con declaraciones de emergencia en casi todas las áreas y a puro decretazo. Este método se profundizó durante la pandemia, retaceando y ocultando información, estableciendo inmerecidos privilegios en la vacunación, haciendo oídos sordos a la violación de derechos humanos en varios puntos del país y aplicando el pase sanitario por medio de un simple acto administrativo del Jefe de Gabinete.

Salvo algunas excepciones, la audiencia pública en la que se evaluó a Anchorena se caracterizó por un desfile de funcionarios de universidades del conurbano e investigadores kirchneristas del Conicet que resaltaron las condiciones académicas y profesionales de la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. En cambio, desde sectores de la oposición, se cuestionó que la entonces postulante no tuviera conocimientos ni experiencia específica en la materia, así como su falta de autonomía para conducir un organismo que, necesariamente, debe tomar decisiones que no suelen agradar a quien gobierna.

El autor de esta nota, tuvo la oportunidad de preguntarle a Beatríz de Anchorena, en la audiencia pública, si ella consideraba que en Nicaragua y Venezuela se respetaban los DDHH en general y, en particular, el derecho humano de acceso a la información pública. La entonces postulante omitió brindar una respuesta directa al respecto, sosteniendo que “en un ámbito donde nosotros propiciamos la libertad de pensamiento y expresión, no tengo que hacer declaraciones al respecto” (¿?).

En definitiva, ha quedado a cargo del organismo que tiene como función primordial garantizar el derecho humano del acceso a la información pública, una funcionaria que no sólo pertenece a una entidad como el Instituto Patria, que respalda públicamente a dictaduras latinoamericanas, sino que tampoco se anima a manifestar si en Nicaragua y Venezuela se vulneran los DDHH.

De este modo, no ha quedado claro si Anchorena tiene, al igual que “el Patria”, una postura negacionista de la violación de DDHH en Nicaragua y Venezuela o si piensa lo contrario, pero no se pronuncia por miedo a contradecir a Cristina Kirchner. En cualquier caso, su designación en la Agencia de Acceso a la Información Pública es un hecho grave: ya sea por negacionismo o por falta de independencia de “la Jefa”, estamos frente a una designación que desprestigia a un ente de control, que debería ser autónomo, y profundiza la destrucción de la República.


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