En la semana que se fue para ya no volver, quedó en evidencia, una vez más, que los casos de abuso sexual gozarían de impunidad cuando son cometidos por parte de encumbrados dirigentes políticos o que tengan llegada a ellos. Y si para muestra basta un botón, en Tucumán existen tres casos resonantes que se ajustan a la perfección al modus operandi que el Poder Judicial implementa para salvaguardarlos.

El primero de ellos y que viene generando mucho ruido en la opinión pública local es el de Rodolfo Burgos, a quien la Justicia imputó por el delito de abuso sexual en contra de su hija, hoy de 5 años. El hecho fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, ex pareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio del letrado Gustavo Morales.

Esto dio inicio a una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell y órdenes de restricción, con el fin de salvaguardar la integridad física de las víctimas. Se trata de un hecho tan grave en sí mismo, que la Justicia dictó contra Burgos tres prohibiciones de acercamientos a su ex pareja, su hija y la psicóloga Medina que detectó los supuestos indicios de abuso en la menor.

A pesar de la imputación, Gustavo Morales, señaló que durante el avance de la causa hubo diferentes tipos de irregularidades que obligaron la intervención del Observatorio de Niños Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados. “La Fiscalía a cargo de Fernando Blanco es bastante deficiente y hubo actitudes procesales maliciosas de María José Lens, integrante del Ministerio Público Fiscal que trataron de favorecer al acusado Burgos”, afirmó el abogado.

Por su parte, la madre de la menor aseguró que “Burgos claramente apunta a lograr impunidad y está buscando protección a través de distintos medios”. Además, dijo que “los medios callan porque Rodolfo Burgos es presidente de canal 10 y profesor constitucional en la facultad de Derecho de la UNT y tiene amistades en el diario más viejo de Tucumán, con periodistas que escriben sobre todo los días sábados y domingos y son ellos los que me han censurado”.

Pero para la madre de la víctima, contó en exclusiva a Tucumán Despierta que “el tema es que hay elementos más que suficientes para presumir que Rodolfo Burgos efectivamente ha cometido este delito. Sin embargo, por sus influencias y porque es un vende poder, ha conseguido por distintos medios callar la voz de mi hija para lograr su impunidad”.

En esa línea, declaró también que “la política está entrometida en esta causa porque es casi lo mismo, ya que no están separados la política y la justicia a pesar de que son distintos poderes”. La realidad es que esto no sería una sorpresa si tenemos en cuenta nada menos que una idéntica situación de otorgamiento de impunidad por parte de la Justicia es la que atañe a José Jorge Alperovich.

Y es que el ex gobernador provincial fue denunciado en 2019 por su sobrina y ex asesora. La mujer lo acusó por siete hechos de abuso sexual: dos ocurridos en la provincia del norte y los otros cinco sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña se había declarado incompetente y lo mismo ocurrió con la justicia tucumana. Por eso, el asunto lo tuvo que dirimir la Corte.

Hasta mayo del año pasado, la causa estuvo prácticamente paralizada, lo que había generado un fuerte malestar en la denunciante, que criticó con dureza a la Corte por no expedirse con rapidez. A pesar de que la denunciante relató ante la Justicia diversos episodios de acoso que sufrió durante los años en los que trabajaba con Alperovich. Según sus palabras uno ocurrió en la casa del dirigente, en marzo de 2018, en Yerba Buena.

“Él le pidió al personal de seguridad que se quede en otro sector y para mí fue un día espantoso porque me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía “mirá cómo me ponés”. Los abusos sexuales denunciados habrían ocurrido en Tucumán y en un departamento del edificio ZenCity, que queda en la calle Rosario Vera Peñaloza, de Puerto Madero. El lugar pertenece a la familia Aperovich.

Es por ello que, al cumplirse un año de su denuncia, la víctima expresó en una carta pública que “sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia”. Está claro que siguió esperando, ya que manifestó que “mientras espero, acumulo demoras poco profesionales. Y mientras acumulo esas demoras miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen”.

Y es que de esta manera la joven viene dejando en evidencia la revictimización que sufre de parte del Estado por la falta de respuesta a su denuncia. Pero no sólo eso. También alertó acerca del “espanto de lo atravesado y de lo que genera estar frente a un sistema que intimida, contando con lujo de detalles los abusos a los que fui sometida”.

“Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda”, detalló en noviembre del 2020. Es decir que desde entonces pasaron nada menos que 17 meses más de absoluta impunidad. Más de dos años desde que realizó la denuncia formal. De esto se trata la impunidad.

Por último, otro dirigente político local que también habría abusado a una mujer es nada menos que el titular de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. Su causa está tan parada, que el abogado de la denunciante, Salvador Iovane se vio obligado a recurrir a tribunales internacionales, debido a que la Justicia nacional, tanto la federal de Tucumán, como la Corte nacional, no dieron respuesta a los planteos realizados en lo que respecta a las garantías de justicia.

Y es que las pruebas que se han requerido no se han producido. Y las que sí se han recabado, según comentó, el juez de la causa se encarga de desperdigarlas por donde puede. Es por ello que se aclaró que se preparó la demanda internacional contra el Estado argentino a fines de dejar sentado que no hay garantías de justicia. En ese marco, la denuncia llegó a la ONU y a la Comisión Interamericana de DDHH por la falta de respuesta del Estado argentino.

Esta denuncia muestra las garantías extra constitucionales que la legislación provincial le concede a Bussi y a otros abusadores del poder político. “Realmente, se está atravesando una situación terrible porque no hay una garantía real de justicia”, analizó el abogado de la víctima. En ese sentido, remarcó que la fiscalía nunca hizo nada por la causa ya que jamás investigó nada al respecto.

“Eso quiere decir que el poder político no quiere que se investigue”, sentenció para justificar la búsqueda de justicia en algún tribunal en el exterior el abogado de la denunciante. Como se puede observar, se trata de tres casos de abuso sexual donde la justicia no actúa de forma efectiva en tiempo y forma. Para colmo, no sólo la justicia brilla por su ausencia, sino también falta la voz del colectivo feminista.

Y es que el mismo no dice nada cuando se trata de funcionarios del kirchnerismo, a pesar de que estén involucradas no sólo mujeres, sino hasta niñas pequeñas como en el caso de Burgos. Lo mismo que en el caso de Bussi que, si bien no pertenece formalmente al PJ, lo cierto es que ha sido innumerables veces funcional al oficialismo provincia, por lo que tranquilamente se lo puede colocar en la vereda de los peronistas.

Es por ello que cabe preguntarse entonces: ¿Hasta cuándo gozarán estos dirigentes políticos de la impunidad que les supo brindar la Justicia? En definitiva, el Poder Judicial es el que deberá responder esta pregunta y decidir entre ocultar las fechorías de los Burgos, los Alperovich y los Bussi de la vida, o ponerse los pantalones largos y enjuiciarlos de una buena vez para que rindan cuentas ante la sociedad.

Su Señoría…¿Será Justicia?