En los últimos años han aparecido grandes cantidades de causas penales por presunta trata laboral en el amplio cordón frutihortícola que comprende las localidades de Mar del Plata, Batán, y Sierra de los Padres. Si bien en la mayoría de los casos hubo procesamientos y hasta prisiones preventivas, lo cierto es que no hubo una sola sentencia condenatoria, y muchas de las causas ni siquiera llegaron a juicio. Ciertamente, un dato que llama mucho la atención.

“Somos uno de los distritos que más investigaciones por trata laboral tiene en el país, y a pesar de eso, no hay una sola condena. Es evidente que hay una persecución”, refiere un importante productor local. Esta situación parece ser confirmada por la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la psicóloga Zaida Gatti, quien consideró a comienzos de 2020 que la ciudad balnearia “tiene un altísimo nivel de trata de personas”.

Pero también vale recordar las elocuentes palabras dichas por el fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani: “En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.

Los últimos movimientos registrados en el país en materia de toma de tierras, que incluye el controvertido fallo del juez Alejo Ramos Padilla respecto a lo ocurrido en la ciudad de La Plata, y el histórico enfrentamiento entre el kirchnerismo y el campo, enrarecen aún más el espeso clima reinante. Sin embargo, resulta muy esclarecedor desentramar la compleja red de relaciones que asoma por detrás de la andanada de denuncias que afectan a cientos de productores rurales marplatenses. Un hecho que no se debe pasar por alto es que el cordón frutihortícola de la zona es el segundo más importante de toda la provincia de Buenos Aires.

Las primeras denuncias por presunta trata en el distrito fueron promovidas por la ONG de Gustavo Vera, “La Alameda”. Amigo personal del papa Francisco, Vera fue designado en marzo de 2020 por el Presidente Alberto Fernández como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, dependiente de la Jefatura de Gabinete. “La Alameda” nació con la crisis de 2001, y a los pocos años se especializó en denunciar casos de explotación sexual, para luego ampliar su mirada sobre el campo laboral.

Las presentaciones judiciales de la mencionada ONG siempre hallaron eco en la justicia federal de Mar del Plata. La trata, de a poco, comenzó a ocupar el lugar que iban dejando los delitos de lesa humanidad. Los mismos personajes que se arroparon al calor del kirchnerismo con la bandera de los derechos humanos, ahora se abrazaban a la legitimación moral que les otorgaba el enfrentamiento contra aquellos que explotaban a sus semejantes. Quien se puso a la cabeza de la lucha contra la trata fue el fiscal ante la Cámara y titular de la filial local de Justicia Legítima, Daniel Adler, cuya figura fue alabada por propios y extraños.

Sin embargo, no tardaron en aparecer algunas dudas.

En el año 2010, hizo su aparición la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuyo máximo dirigente es Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires desde marzo de 2020, y un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. De hecho, el hijo de la vicepresidente fue quien impulsó su designación.

La UTT nuclea a más de 22.000 familias productoras de alimentos, con representación en 18 provincias del país. En Mar del Plata, donde inauguró hace pocos meses un local a dos cuadras de la Municipalidad, ha adquirido una importante representación: se estima que en sus filas hay más de 2.000 productores. De acuerdo a información oficial, casi ninguno de ellos es propietario de la tierra que cultiva sino que la alquila, viviendo en esos mismos terrenos.

Los postulados de la UTT son al menos polémicos. En su página web, se afirma que “somos quienes producimos los alimentos pero la tierra está concentrada en muy pocas manos que solo exportan y generan ganancias multimillonarias para ellos”, añadiendo que “la tierra es para quien la trabaja y produce, el acceso a la tierra es fundamental para la soberanía alimentaria”. Este último concepto se escuchó mucho durante el fallido intento por parte del gobierno de Alberto Fernández de estatizar la firma Vicentín.

En la misma línea, reafirman que en la Argentina hay “poca gente con muchísima tierra, ganancias extraordinarias y que no generan empleo, en un país con hiperconcentración urbana, empobrecido y envenenado”. Sus posiciones están más que claras.

Así mismo, de acuerdo siempre a su web, informan que “el Estado Argentino dispone de 400.000 hectáreas de suelos fiscales. Mientras tanto, más de la mitad de la agricultura familiar se ve obligada a alquilar tierras para producir;en los cordones frutihortícolas este indicador puede alcanzar el 90%”. Es por ello que, indican, presentan iniciativas como la Ley de Acceso a la Tierra: “Si accedemos a la tierra propia mejoramos nuestras condiciones de vida, mejoramos la calidad de la alimentación del pueblo y enriquecemos nuestros suelos degradados”,aseguran.

Quien apoyó fervientemente hacia fines de 2021 el proyecto fue la diputada ultra k Cecilia Moreau. Al respecto, vale la pena reproducir textual un tweet del citado Nahuel Levaggi, la cara visible de la UTT, con lenguaje inclusivo y todo: “Quiero agradecerle a la diputada @ceciliamoreauok por el apoyo que nos brinda para que esto pueda avanzar y transformar la realidad de miles de familias productoras de alimento en todo el país. Ahora esperamos que buena parte de les diputades estén a la altura de esta demanda histórica del pueblo campesino”.

A medida que se fue consolidando, la UTT comenzó a intervenir decididamente en las denuncias por trata laboral en Mar del Plata.

En los últimos días, sucedió un hecho extraño y curioso. Los productores marplatenses nucleados en la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon fueron convocados a diferentes reuniones para hacerles llegar una encuesta muy particular.

En la misma, articulada entre los Ministerios de Agricultura y el de Ciencia y Tecnología, y llamada pomposamente “Caracterización territorial de las horticulturas bonaerenses para la incorporación de criterios sociales y productivos sostenibles”, se les solicita información muy sensible, lo que generó las sospechas de los productores.

Entre otras cosas, se piden datos personales, familiares, de infraestructura, laborales, de salud. Hasta preguntan de qué club de futbol son hinchas. Y si bien no es obligatorio responder, se aseguran que si el dueño del terreno no está presente al momento de ser visitados por los encuestadores, puede responder quien allí se encuentre, bajo el calificativo de “informante”.

Inclusive, se solicita información que solo pudo surgir de las propias causas judiciales, lo que hizo sospechar a los productores sobre la posible intervención en la confección de jueces, abogados y fiscales. Los datos que se piden son hasta el 31 de julio de 2021.

A modo de presentación de la encuesta, circuló un documento emitido por el gobierno bonaerense con algunos conceptos llamativamente muy similares a los postulados de la UTT. Allí se afirma, por ejemplo, que “el sector hortícola de la provincia de Buenos Aires es tan diverso y dinámico, como social, económica y ambientalmente poco sustentable”, abogando por “reorganizar la actividad”.

También se menciona la existencia en el rubro de informalidad laboral y precarias condiciones de vida, un concepto que antecede al de trata: “Bajo este marco, la población de la horticultura familiar y los trabajadores hortícolas padecen condiciones de vida sumamente deficitarias, asociadas al acceso a la vivienda, a la infraestructura básica, a la salud, a la educación”. El trabajo está firmado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y por su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Según diversas fuentes, quienes estuvieron detrás de la convocatoria fueron Jorgelina Porta, una dirigente muy allegada al senador Oscar Parrilli y ex funcionaria municipal entre 2011 y 2015, y Sol de la Torre, actual concejal marplatense por el Frente de Todos y ex funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar.

La ley 27118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, fue promulgada el 20 de enero de 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner. En la misma también se hablaba de lograr la soberanía alimentaria, y fue uno de los ejes discursivos del dirigente social Juan Grabois.

No son pocos los que creen que, detrás de esto, aparece la mano de Grabois .

La UTT articula con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde militan, entre otros, Emilio Pérsico y el propio Grabois, quien promueve una reforma agraria y supo decir, para fomentar el acceso a la vivienda, que “la solución más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

Amigo del papa Francisco al igual que Gustavo Vera, con quien estuvo muy ligado allá por el año 2010, Grabois también creó el Proyecto Artigas, desde dónde planteó la necesidad de avanzar con una agricultura familiar que haga un uso responsable del medio ambiente.

Cuando irrumpió con fuerza la UTT en Mar del Plata, la ONG “La Alameda” delegó en ellos el rol de denunciante. En la actualidad, Vera es funcionario nacional, interviniendo desde el Comité contra la Trata en todas las causas judiciales, instruidas por el único juez penal de la jurisdicción, Santiago Inchausti, cercano a La Cámpora, y procuradas por los fiscales Laura Mazzaferri, muy vinculada a Alejandra Gils Carbó, y Daniel Adler, de Justicia Legítima.  

El 31 de mayo de 2018, se recibió en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas (PNR), una denuncia por posible situación de explotación laboral en una quinta de la localidad de Batán. La denunciante, quien prefirió mantener sus datos en reserva, manifestó que era miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra.

“Que la denuncia la haga la UTT le da sustento legal al juzgado, a la fiscalía y a la AFIP para allanar las quintas. Procesan a los productores, a algunos los meten presos, le dan temporalmente en custodia el campo a las víctimas, a quienes manejan desde el Estado, y de a poco, se van metiendo”, grafica, con suma precisión, un importante productor de la zona de Sierra de los Padres.