La maniobra de Cristina Kirchner, alzándose -mientras preservaba la mayoría- con la segunda minoría del Senado al partir el bloque oficialista en dos para quedarse con un cargo clave que no le corresponde en el Consejo de la Magistratura, no fue algo surgido de su ingenio malicioso, sino que desprende ese “deja vu” recurrente de la política argentina.  

El recurso no puede sorprender porque ya era conocido. Por lo tanto, es algo que, quizá, pudo evitarse anticipando la jugada y afinando la letra de la ley para impedir que, una vez más, la Constitución Nacional sea pisoteada por la ambición de poder de cualquier gobierno de turno.  

Antes de la reforma constitucional de 1994, los senadores nacionales eran elegidos por las legislaturas provinciales. El bloque mayoritario enviaba dos representantes, que -con mandatos de seis años- se renovaban cada tres. El título, o diploma, llegaba al Senado de la Nación y en su comisión de Acuerdos se analizaba su validez revisando el proceso de designación y atendiendo otro tipo de impugnaciones posibles al elegido. Luego, el pleno lo aprobaba y el nuevo senador se integraba al cuerpo.   

En muchas ocasiones este trámite, que debía ser sencillo, se empantanaba durante meses debido a los poco transparentes procesos de designación en las legislaturas. Se originaban discusiones, impugnaciones y denuncias. 

Un método utilizado para quedarse con bancas ajenas era que bloques de las legislaturas provinciales se unieran, entre gallos y medianoche, para constituirse en mayoría mediante una inesperada alianza de dos bancadas que, hasta ese momento, eran adversarias. Así, enviaban su representante a la Cámara alta.  En lugar de senadores para integrar el cuerpo ahora se trata de enviarlos al Consejo de la Magistratura. En lugar de unir bloques, el martes se dividieron. Es más, de lo mismo.   

Aquello que se cuenta sucedía aun cuando la gobernación hubiera cambiado de manos con la consiguiente modificación de la mayoría parlamentaria provincial. Hasta ese momento se suponía que los senadores -gracias al federalismo consagrado en la Constitución Nacional- representaban al gobierno provincial.  

Más de una vez, el justicialismo, aliado con partidos provinciales, desorientó al bloque de la UCR con estas maniobras. Por supuesto que la comisión de Acuerdos podía haber atendido impugnaciones y rechazado dichos diplomas, pero en general todo estaba acordado con el hegemónico justicialismo en la cámara alta y aquellas designaciones poco claras eran funcionales a su agenda y se avalaban. 

Más de una vez, los senadores radicales reclamaron por estas cuestiones, aunque no podían hacer nada en concreto para impedirlo. Esta cronista, acreditada por aquel entonces ante el Senado de la Nación por una conocida agencia de noticias, recuerda haber pasado noches cubriendo estas discusiones tan largas como escandalosas.  

Esto sucedió hasta mitad de los años 90 cuando fue reformada la Constitución Nacional tras el “Pacto de Olivos” acordado por el entonces presidente Carlos Menem y el ex-presidente Raúl Alfonsín. Junto al tercer senador por la minoría -que le permitiría a Alfonsín sumar senadores propios en varias provincias- el líder radical logró que estos se eligieran por el voto directo de los ciudadanos y no por componendas legislativas. Pero llegar a esto no fue sencillo. 

Aquél “off the record” con Alfonsín 

Las negociaciones eran infinitas en cada punto y había presiones para seguir dejando en manos de las legislaturas la designación de sus senadores nacionales pese a que el punto había estado acordado en el “Pacto de Olivos” que se tradujo en el papel en el Núcleo de Coincidencias Básicas, un compendio de todos los artículos que ambos líderes habían pactado.  

Sin embargo, con la elección directa se le escabullía al justicialismo una herramienta clave para retener su amplísima mayoría en la cámara alta y no la aceptaban tan sencillamente. Por eso, horas antes de la votación de este núcleo, el fantasma de la elección indirecta por las legislaturas cobraba vida en los pasillos de la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, donde sesionaba la Convención Reformadora. 

Esta fue la pregunta clave que, quien aquí escribe, llevaba en su cabeza para hacerle a Alfonsín en un off concedido esa tarde y este fue el diálogo:  

– Doctor, ¿Qué están haciendo? – Dijo la periodista con respeto, pero con cierto tono de reto e incredulidad.  
¿Por qué? – Preguntó Alfonsín mientras alegaba que no era un asunto tan grave. 

-Porque nunca van a poder tener los senadores por la minoría si cuentan con elección indirecta, estoy acreditada ante el Senado y todos los periodistas de esa sala comentamos lo mismo, que a los que sean minoría los van a pasar como poste caído, discúlpeme, pero es así. Ellos son más rápidos. 

En lugar de molestarse o de cambiar de tema, Alfonsín se inclinó hacia adelante, se tocó la cara, fijó unos ojos muy pícaros en su interlocutora y le dijo: 

A ver, contame, ¿qué es eso que andan diciendo los periodistas acreditados en el Senado…? 

-Es que, doctor, lo vemos todo el tiempo, hay diplomas de senadores que llegan a la Comisión de Acuerdos y mucha transparencia no traen. Los bloques de los partidos provinciales arman y desarman bloques, muchas veces en alianza con el justicialismo o entre ellos, discúlpeme, pero todos sabemos que el peronismo es más rápido que ustedes.  Los que sean mayorías van a partir bloques para tratar de convertirse también en la segunda minoría y nada será claro por más disposiciones que incluyan. Si se hacen trampas para elegir a los senadores de la mayoría no quiero pensar lo que será para pasar por encima al de la minoría. Por más que lleguen diplomas con impugnaciones, no se tendrán en cuenta. Uds. saben todo esto, entonces no entiendo lo que están haciendo.   

Alfonsín sonreía, pero comenzó a pedir ejemplos de diplomas controvertidos ingresados en los últimos tiempos, algunos eran enviados un año antes de que se produzcan las vacantes y otros con mucho retraso para dar tiempo a que los bloques se reacomodaran.   

La cronista se empeñaba en hacer dibujitos sobre sus hojas de apuntes como si fueran rompecabezas. Eran líneas, cuadraditos que significaban las bancas, que se separaban y se unían, etc. Alfonsín miraba con atención los espantosos dibujos como si pudieran entenderse y preguntaba detalles mientras insistía en minimizar los riesgos de mantener la elección indirecta (es facil presumir que pensaba todo lo contrario). 

Finalmente dijo que todo eso sería contemplado en el artículo, que todo estaría bajo control.   

Un par de horas después comenzaba a votarse el Núcleo y el primer boletín urgente de la cronista fue para dar la noticia de que los senadores se elegirían por el voto directo y no de modo indirecto como se había anticipado. Fue así, una pelea hasta último momento, tan delicada era esta cuestión. 

La charla que aquí se reprodujo no pretende adjudicar ninguna influencia de esta cronista en las decisiones de Raúl Alfonsín, pero sí mostrar su interés particular tanto en la cuestión como en conocer una opinión objetiva y desinteresada de alguien que era testigo de lo que ocurría. Mientras se producía ese off the record, las negociaciones continuaban. La anécdota intenta dar fe de lo complicado que era el tema como para que el líder radical se ocupara en persona del mismo; del riesgo que se corría y, especialmente, de la humildad de un ex presidente al escuchar tan atentamente la opinión de una joven periodista que se indignaba cada vez que alguien saltaba por encima de la Constitución.   

Hecha la ley, impedida la trampa 

Dentro de la reforma constitucional ya se habían introducido cláusulas transitorias muy oportunas que anticiparon posibles maniobras, como la de considerar el mandato presidencial que transcurría en ese entonces, expresamente, como el primero de los dos mandatos a los que podía aspirar el titular del ejecutivo. Recordemos que la Constitución se reforma para permitir la reelección de Menem. Si se introdujo una cláusula por única vez pensada a su medida fue porque se descontaba que, si era reelecto en 1995, intentaría postularse a un tercer mandato consecutivo en 1999, algo que por supuesto ocurrió pero que Menem no pudo concretar gracias a esa cláusula. Se legisló pensando en la trampa y en la peor de las posibilidades y se legisló correctamente. Fue una forma de anticiparse a la ambición desmedida de poder de quien gobernaba al evitar que la letra de la ley dejara lugar a interpretaciones más ambiguas. 

Si era previsible que Menem quisiera candidatearse al tercer mandato, también pudo ser previsible que un gobierno alterara las mayorías y minorías con un simple juego de divisiones y pretendiera quedarse con representantes del oficialismo por la mayoría y representantes del oficialismo por la primera minoría. 

Eterno retorno 

Hoy, Cristina Kirchner simplemente tuvo que apelar a la memoria del justicialismo y de la vieja política para manotear un recurso y resolver el problema que tendría si la composición del Consejo de la Magistratura no le era favorable. 

Los legisladores que redactaron la ley del Consejo pudieron recordar esto al momento de hacerlo y haber definido con precisión de qué se habla cuando se habla de bloques de la mayoría y de la primera minoría. Por ejemplo, congelar la conformación de los bloques en un momento determinado -que puede ser al renovarse la cámara- y prohibir expresamente que se considere válida la división de una bancada, o la unión de dos o más, unas horas o días antes del nombramiento de sus representantes al organismo.  ¿Cómo? Seguramente hay fórmulas que la técnica legislativa permite y los juristas pueden encontrar si la decisión política existe. 

Porque, si la unión o división oportunista de los bloques en las cámaras legislativas podía representar un problema tan serio como lo es ahora -y si esto tenía antecedentes-, entonces había que preverlo e impedir la trampa.  

Quejarse después o recurrir al Poder Judicial para que dirima cuestiones internas del Poder Legislativo no parece muy práctico. 

La oposición debe asumir al legislar que, ahora como entonces, “ellos son más rápidos” y van a recurrir a todo tipo de componendas para pasar por encima de la Constitución como si esta fuera “poste caído”.