En Cuba la independencia judicial es deficiente y hay “restricciones al ejercicio independiente de la abogacía”. Los tribunales militares mantienen competencias para juzgar a civiles. Y son letra muerta las reglas de Nelson Mandela para las condiciones de detención, y los principios del abogado argentino Juan Méndez para prevenir la tortura. La ONU instó a reformas urgentes.

El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), integrado por 10 expertos independientes nombrados por el voto secreto de los 173 países que han ratificado la Convención internacional en la materia, recibió los datos de 13 mil denuncias de “malos tratos” desde el 2012, obra de las autoridades cubanas contra detenidos, que el gobierno dijo no tener “registrados”, documentó el examen realizado en Ginebra.

El CAT alentó a que Cuba establezca “un mecanismo de queja específico e independiente” de tales “actos”, que “sean investigados de manera pronta e imparcial, sancionar … a los responsables y proporcionar una reparación integral a las víctimas, incluida una indemnización adecuada y rehabilitación”, evacuando así el “riesgo” de repetición y obstrucción de la investigación a los torturadores todavía impunes.

Por descontado, el CAT urgió a Cuba a que todos estos casos no queden en el laberinto del olvido. Pidió preservar a “los denunciantes y los testigos de actos de tortura”, mediante “la protección y asistencia necesarias”; que “los sospechosos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata”, ante el temor de represalias en perjuicio de las víctimas, debiendo los verdugos figurar en un “registro público”.

A esas alturas, los expertos trajeron a colación el agravamiento de estas prácticas en Cuba, revelando “el uso de métodos coercitivos en interrogatorios”, especialmente, “agresiones físicas, exposición a cambios bruscos de temperatura, aislamiento e incomunicación prolongada” (la denominada “tortura blanca”), exigiendo en consonancia “la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura”.

Para la ONU falta “información estadística” sobre “personas privadas de libertad fallecidas” en cautiverio, unas 100 por año. Se alega que la principal causa de las mismas serian “enfermedades cardiovasculares”. Las autopsias no revelaron “signos de violencia corporal”, salvo en tres casos, sin especificar los eventuales antídotos disciplinarios, desconociéndose los nombres de los fallecidos y de los funcionarios involucrados. Cuba tampoco aportó información requerida por el Comité respecto a “las muertes en custodia” de Alejandro Pupo Echemendía y Reidel García Otero.

La ONU criticó “la descalificación” de “defensores de derechos humanos, periodistas y artistas”, y sus familiares, blancos de amenazas, “agresiones, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y represalias”, algunos objeto de arrestos “por breves periodos de tiempo”. Reclamó “medidas” para prevenirlos e instaurar un “mecanismo nacional independiente de protección” de esos y “otros actores de la sociedad civil”.

Los expertos solicitaron que cesen las “restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia con fines de intimidación, agresiones físicas, actos de repudio frente a sus domicilios, lugares de trabajo o estudios de opositores políticos, exilios forzosos … y hostigamientos presuntamente cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de Seguridad del Estado”, lamentando que Cuba “no haya brindado información” del “enjuiciamiento” de los perpetradores.

En cuanto a las “protestas sociales” pacíficas de los “Sucesos del 11 de julio de 2021”, la ONU le pide a Cuba información “a más tardar el 13 de mayo de 2023”, sabiendo que ocasionaron 1440 detenciones, incluyendo 750 aún encarcelados, asimismo “defensores de derechos humanos, artistas y periodistas”, quienes testimoniaron de haber recibido “golpizas, insultos, y amenazas de carácter sexual”.

Estos detenidos sufrieron “registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas en zonas remotas”, siendo 790 los “procesados penalmente”, sometidos a “juicios sumarios sin garantías del debido proceso, restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a internet y actos de repudio”.

“Creo que es muy positivo en primer lugar que el CAT haya solicitado a Cuba información puntual sobre población penal, condiciones de las prisiones y, en definitiva, sobre los malos tratos que recibieron los manifestantes en julio de 2021”, indicó la periodista cubana Darcy Borrero Batista, la cual declaró ante los 10 expertos de la ONU en sesión confidencial, al inicio del presente examen en Ginebra.

“Que el propio CAT reconozca que a la delegación cubana le quedó pendiente responder a varias de las preguntas formuladas, deja al descubierto el actuar del Estado y expone la veracidad de las denuncias de la sociedad civil sobre hostigamiento, detenciones arbitrarias, intimidación, encarcelamiento y represalias contra defensores de derechos humanos”, precisó la periodista cubana.

“En sus recomendaciones a Cuba el CAT tomó en consideración las demandas de la sociedad civil, particularmente las de investigar las prácticas descritas y sancionar a los responsables, así como crear una institución nacional de derechos humanos y un mecanismo independiente para visitar periódicamente sin aviso previo los espacios donde hay personas privadas de libertad”, afirmó Borrero Batista.

“Resta ver, en la práctica, cómo este régimen que normalmente busca mecanismos para evadir sus responsabilidades y atribuir los problemas de Cuba al embargo de EEUU, implementa las recomendaciones en lugar de seguir recurriendo a métodos repudiados internacionalmente con tal de perpetuar su poder”, concluyó la periodista cubana.