Próximo a cumplir dos años de vigencia (ya lleva 21 meses), el DNU 690 que declaró servicios públicos a la prestación de Internet, TV Paga y telefonía móvil, estableciendo un control de precios de facto sobre las mismas, podría ser revisado. O al menos esto es lo que se desprende de acciones y expresiones de distintos sectores del gobierno vinculados a las telecomunicaciones.

El primer indicio vino de parte del Vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, a principios de año, cuando mencionó el término “desjudicialización” como forma de salir del pantano en que se encuentran las telecomunicaciones a partir del DNU. Pero ahora, varios meses después, se sumaron otras señales provenientes de distintos sectores del oficialismo.

Primero fue el proyecto de ley de actualización del marco regulatorio de servicios TIC “Argentina Digital”, impulsado por diputados del oficialismo encabezados por el presidente de la Comisión de Informática y Comunicaciones, Pablo Carro, que apunta a desactivar algunos puntos conflictivos. Particularmente, en el caso del control de precios, principal impulsor de la judicialización, el proyecto restaura el artículo 48 de la ley 27.078 (conocida como Argentina Digital) reafirmando dos aspectos claves. Uno es que “los licenciatarios de los servicios de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) fijarán sus precios”, lo que lógicamente incluiría las actualizaciones de éstos por efecto de la inflación. Un concepto que si bien repitió el DNU 690, claramente no fue cumplido. El otro punto es que vuelve a un cambio sutil pero relevante: los precios “podrán” ser regulados por la autoridad de aplicación (Enacom) y no “serán”, cambio que en su momento estableció el DNU. Lógicamente, el proyecto abarca también otros aspectos.

Luego siguieron esta semana las declaraciones de dos funcionarios relevantes del área, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, y el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Mateo Gómez Ortega, que fueron en la misma dirección. Éstas se dieron en el marco del Internet Day 2022, organizado por CABASE. López se mostró “dispuesto a revisar las normas”, aunque aclaró que no dará marcha atrás con el concepto de la conectividad como derecho humano básico así como con garantizar posibilidades de acceso equitativas. No es una afirmación menor considerando que hasta hace muy poco tiempo desde el Enacom aseguraban que “el DNU no se toca”. Por su parte, y respecto de esta norma, Gómez Ortega expresó que “claramente el resultado, más allá de los considerandos, no fue bueno. Somos los primeros en querer revisar eso y dar una respuesta”.

Tanto Carro como López fueron en su momento abiertos defensores del DNU y de su espíritu. Carro presentó un proyecto de ley en 2019 que buscaba fijar precios mientras que López, desde su posición en el Enacom, fue uno de los principales voceros a favor del conflictivo decreto. Es destacable el cambio de opinión frente a las evidencias. Por su parte, Neme y Gómez Ortega tienen a su favor el no haber estado vinculados al sector en el momento de la promulgación del DNU, con lo cual no debieron dar ningún giro.

Más allá de los problemas de fondo del DNU, también hubo un factor de asimetría entre las razones para su promulgación y sus consecuencias. Efectivamente, desde el gobierno siempre se dijo que el DNU fue motivado por la pandemia y su impacto. Sin embargo, el error de base fue que para un problema transitorio (la pandemia) aplicaron una solución definitiva (el control de precios por tiempo indefinido). Y si ésta no fue letal para la industria fue justamente gracias a la judicialización a la que llevó. No obstante, no debió haberse llegado a esta instancia.

Lo importante es que tanto prestadores como gobierno tienen los mismos objetivos, aun cuando fuera por distintas motivaciones: una mayor y mejor conectividad. Queda acordar cuáles son los mejores medios para lograrlos. Resta ahora ver si estos vientos de cambio que comienzan a soplar se transforman en medidas concretas que reviertan la situación de empantano en que se encuentra la industria y que afectan al desarrollo digital del país. Es hora de volver a la normalidad, como en los demás ámbitos de la vida (Comentarios).