Podría parecer lo contrario, pero tiende a cerrar la grieta la resolución de la Cámara Federal que ordenó a la Juez María Romilda Servini de Cubría dictar un nuevo fallo en la causa penal por la bomba vietnamita colocada por Montoneros en el comedor de Seguridad Federal de la Policía que, en 1976, mató a 23 personas y dejó 60 heridos; fue el mayor atentado terrorista de la Argentina hasta que se produjo el de la AMIA. La magistrada Buru-buru-buría (pasó con ese apelativo a la petite historie nacional cuando censuró al programa de Tato Bores) había declarado prescripta la causa en 2006.

Sus superiores dijeron que no había considerado que esa organización subversiva recibía apoyo de gobiernos extranjeros (Cuba, Argelia, Checoeslovaquia, Líbano, etc.) y, por ello, se trató de un crimen de lesa humanidad y, como tal, imprescriptible. Están imputados en la causa, entre varios más, Mario Firmenich, Horacio El Perro Verbitsky y Roberto Perdía, que intentó copar, en 1989, el cuartel de La Tablada; Rodolfo Walsh, muerto combatiendo contra el Ejército, elevado a los altares al designar con su nombre a una estación del subterráneo, no podrá ya ser juzgado. El trascendental fallo reconoce que, en la Argentina, hubo una verdadera guerra, que iniciaron distintas organizaciones armadas (FAR, FAP, ERP, etc.) en varias naciones de América Latina para crear en nuestro continente “mil Vietnams”, como pretendía el criminal Ernesto Che Guevara.

Raúl Alfonsín llevó a los integrantes de las cúpulas militares que gobernaron hasta 1983 ante la Justicia, que los condenó; y el Poder Legislativo dictó las leyes de “obediencia civil” y “punto final”, que excluyeron de juzgamiento a los subordinados. En 2003, Néstor Kirchner se envolvió en los derechos humanos (“La izquierda te da fueros”, explicó con su habitual cinismo) que había negado hasta entonces y las mayorías del Congreso derogaron esas sabias normas, habilitando la venganza terrorista contra las fuerzas legales que las habían vencido.

La persecución de las fuerzas armadas, entonces, se transformó en política de Estado, al obsceno decir de Ricardo Lorenzetti, e incluyó su empobrecimiento masivo con sus magros salarios, la estigmatización de los militares, la insignificancia del presupuesto para la defensa y el enjuiciamiento de miles de ellos en procesos viciados. A modo de ejemplo, mientras que el máximo legal de la prisión preventiva no puede exceder los tres años según el Código y los pactos internacionales suscriptos por la Argentina, el promedio actual en este caso llega a casi nueve años (151 oficiales y suboficiales llevan más de once años presos y 17 de ellos, más de dieciséis años), todos sin sentencia firme.

Esta semana difundí una excelente descripción de Osvaldo Rolleri Aragón, “Robar a través de YPF”, sobre los dos juicios –uno, por no ofertar la compra de todo el paquete accionario y, el otro, por daños ambientales producidos por la empresa en un río del Estado de Nueva Jersey- que está enfrentando el Estado ante los Tribunales de Estados Unidos; la extrema gravedad del tema se debe a que suman US$ 31 mil millones; una carta en Clarín de Juan Alemann, la ratificó y agravó. Si tiene interés, le enviaré ambos trabajos, que ya motivaron una denuncia ante el Juzgado Federal N° 5. La familia Kirchner es dueña de algunas de esas acciones judiciales, detrás de sus testaferros Eskenazi, también propietarios del Banco de Santa Cruz, que intervino en los desaparecidos fondos provinciales, privatizado por el fundador de la dinastía saqueadora. Poco éxito auguro a la defensa de nuestros intereses ante esas cortes, en la medida en que, como Procurador del Tesoro, está a cargo de Carlos Chino Zaninni, notorio integrante de la asociación ilícita que nos gobierna.

Para tener una idea general de la magnitud del problemón, basta pensar que la petrolera vale hoy en el mercado menos de US$ 2.800 millones, y el Estado, dueño de la mayoría de sus acciones, estará obligado a hacer frente a la deuda por violar tanto los estatutos sociales cuanto las normas que impone la bolsa de Nueva York a las empresas que allí cotizan. Si estos fallos condenaran a la Argentina, destruirán definitivamente el relato que, aún hoy, sostienen Alberto Fernández, Cristina Fernández y sus delegados en el área energética y, en especial, el inefable Axel Kiciloff quien, como “exitoso” negociador ante Repsol de la expropiación de YPF, se hizo cargo de todos los eventuales daños ambientales que hubiera producido, convalidó la transferencia de todos sus activos externos y pagó US$ 10 mil millones por el 51% de la empresa, mientras declaraba que no sólo no lo haría sino que sería la compañía española quien debería indemnizar al país. 

Resultará caro pero, tal vez, logre enterrar al kirchnerismo definitivamente en el baúl de la nefasta historia reciente; también colaborará a esa inhumación el desastre que el Gobierno está generando en la economía y en la sociedad, con una inflación que no sabe, no quiere y no puede controlar.

Un párrafo final merece la penosa actitud del MemePresidente en la Cumbre de las Américas, donde se disfrazó de abogado defensor –tal como el Embajador de China ante Argentina, Sabino Vaca Narvaja, frente al exterminio al que el régimen somete a los uigures- a las dictaduras asesinas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que violan permanentemente los derechos humanos de sus sociedades y encarcelan a sus opositores para perpetuarse. Si a eso le sumamos la traición a Joe Biden que esa posición implica, cuando tanto le rogó apoyo para cerrar el reciente acuerdo con el FMI, no podemos menos que avergonzarnos.