Tan segura estaba de que se impondría en el recinto, que la oposición tenía al principio disposición a postergar una semana el tratamiento del proyecto de Boleta Unica de Papel, dejándole al oficialismo la posibilidad de habilitar una sesión sobre temas que le interesaran, pero eso sí, consensuados. Sin embargo se decidió finalmente no dilatar el tema y convocaron a sesionar el miércoles pasado, bien temprano.

La niebla del lunes los asustó y el martes revieron el horario del inicio de la sesión pidiendo reprogramarla para las 14. El cambio fue oportuno, pues la niebla que persistió al día siguiente obligaba a reprogramar vuelos y aterrizajes; como así también afectaba a los diputados que venían por vía terrestre. No fuera cosa de complicar el quórum, después de la luz de alarma que había encendido la baja por Covid del jefe del bloque radical, Mario Negri.

Así y todo, 17 minutos tardaron en reunir los 129 diputados necesarios para arrancar la sesión en la cual la oposición en su conjunto le propinó al gobierno de Alberto Fernández la primera derrota en una sesión. Porque no cuenta como victoria el traspié del oficialismo con el Presupuesto 2022. La oposición -salgo algunos que seguramente sí- insiste en que nunca quiso dejar al Gobierno sin Presupuesto y que eso fue algo que Máximo Kirchner provocó -tal vez deliberadamente, nadie lo sabe- en su último arrebato como jefe de bancada.

El Frente de Todos pensaba contrarrestar el efecto BUP con una sesión al día siguiente, “con temas que sí le interesan a la gente”, como es el alivio fiscal para monotributistas y autónomos: un universo de casi 5 millones de personas que aguarda ansiosa esa ley. Sin embargo debió postergarla para esta semana por la ausencia del presidente de la Cámara, Sergio Massa, autor además del proyecto que establece dicho beneficio.

La fecha de esa sesión estuvo en duda desde que el lunes se supo que el presidente había invitado a Massa a formar parte de la comitiva oficial en la Cumbre de las Américas. El titular de la Cámara baja quedó en contestar y terminó viajando. El sábado había discutido con Alberto Fernández, que le ofreció ese día reemplazar a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El tigrense, que varias veces sonó al frente de un “superministerio” que incluso contuviera Economía, respondió que solo aceptaría una oferta de ese tipo, y el presidente terminó designando a Daniel Scioli.

El ahora renunciante embajador en Brasil no dudó en aceptar. Hacía rato que sonaba como eventual recambio en el gabinete nacional y esta oferta le representa la posibilidad de volver a repensarse como precandidato presidencial para 2023. Alberto, que no abandona esa ilusión para sí, lo sabe, pero debe adaptarse a las circunstancias, que es lo que mejor le sale, por otra parte. Necesitaba alguien con suficiente volumen político, y por eso es que había pensado originalmente en Massa.

Los gobernadores peronistas también necesitan alguien con quien poder ilusionarse con mantener el poder en 2023, y Scioli alimenta esa esperanza. Lo sabe Massa que no ha superado un enojo que comparte con su esposa con el exgobernador desde que en 2013 un prefecto ingresara a su casa en un country con fines de robo.

Es un secreto a voces que Massa aspira a convertirse en la alternativa en 2023 y no le hace gracia el regreso de Scioli con renovada fe y esperanza. Con todo, el presidente de la Cámara ya había dado señales de diferenciación cuando tomó distancia del acto por el centenario de YPF. Mientras el presidente y su vice se reencontraban, Massa dejaba su lugar vacío en Tecnópolis y se mostraba en Moreno en la habilitación de una red cloacal, junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis; su esposa y presidenta de AySA, Malena Galmarini, y la intendenta local, Mariel Fernández.

La invitación a viajar con él a Los Angeles fue parte del operativo de contención desarrollado por el presidente con Massa. Sirvió para analizar juntos alternativas para esta administración. El diputado le habló de hacer, sino un relanzamiento de la gestión, al menos un reseteo. Se verán en los próximos días los resultados de los diálogos mantenidos en el exterior, donde como toda administración en problemas sus protagonistas suelen encontrar un remanso.

En esas charlas Massa le reiteró a Fernández que el proyecto de renta inesperada no tiene ninguna posibilidad de avanzar en la Cámara de Diputados, razón por la cual insiste en no entender el sentido de enviarlo. Está claro que es para confortar al electorado propio, sin otro provecho ni esperanza. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una suba de retenciones, que el presidente insiste en reivindicar, para desconsuelo de su ministro de Agricultura que no se cansa de descartar tal posibilidad. Ni qué decir con la ampliación de la Corte. Nadie le encuentra el más mínimo sentido a esa costumbre presidencial de reivindicar causas perdidas, gastando tiempo y esfuerzos, y desnudando a la vez sus propias carencias. La única explicación que le encuentran los propios es el deseo permanente de enviar gestos hacia el Instituto Patria. Que no son correspondidos, por otra parte.

Es la misma justificación que se le encuentra al discurso presidencial en la Cumbre de las Américas. Alberto Fernández habló más como presidente pro témpore de la CELAC, que como mandatario de la Argentina. Será el precio que debe pagar por ese sillón que tanto se esmeró en conseguir. Lo cierto es que -algunos por entusiasmo, otros por compromiso- en el Frente de Todos fue ponderado su mensaje, que como tantas otras cosas poco tiene que ver con el pensamiento original que se le conocía.

Tan previsible era la victoria opositora con la Boleta Unica que en el bloque oficialista no se entusiasmaron en que la niebla la postergara. Como mal trago que era, lo mejor era superarlo cuanto antes y dar vuelta la página. No es un tema cerrado y para ser ley debería aprobarlo el Senado, donde eso no va a suceder. Allí manda Cristina Kirchner, asentada en una mayoría virtual que el oficialismo construye con aliados permanentes, aunque esta vez uno de ellos vaya a defeccionar. Igual, en este caso no se trata de ganar la votación sino de conseguir la mayoría especial que necesita este proyecto por tratarse de una ley electoral. En Diputados necesitaba una mayoría agravada de 129 votos y consiguió 132; en el Senado hacen falta 37 y no los tiene.

Juntos por el Cambio es un interbloque de 33, que sumará los votos de la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del gobernador Schiaretti) y el rionegrino Alberto Weretilneck. Le faltarían dos más y a lo sumo tendría a la riojana Clara Vega, que no se ha expedido, pero que no se inclinará por la afirmativa si su voto es decisivo. Sí o sí la oposición necesita votos de integrantes del Frente de Todos, a sabiendas de que hay al menos tres oficialistas que están a favor de la Boleta Unica: el jujeño Guillermo Snopek, que en noviembre de 2021 presentó un proyecto muy similar al aprobado en Diputados; Ernesto Kueider, que como ministro de Gobierno de Entre Ríos impulsó la boleta única a nivel provincial; y el correntino “Camau” Espínola, que no tiene un gobernador al cual responder y se ha pronunciado a favor del cambio.

El primero de ellos preside la Comisión de Asuntos Constitucionales que debe encabezar el debate en esa Cámara, y el segundo está alineado con el presidente. Ninguno se va a inmolar para propinarle una derrota a su gobierno.

Pasará seguramente como en 2016, cuando el entonces gobierno de Cambiemos logró la aprobación de la Boleta Unica Electrónica en la Cámara baja y en el Senado la entonces oposición no habilitó jamás el debate. Será una devolución de gentilezas de lo que sucede en Diputados con los proyectos cristinistas que salen del Senado.

Factótum junto a Silvia Lospennato de la aprobación en Diputados, Emilio Monzó ha estado manteniendo contactos en el Senado para tratar de encontrar los votos que permitan la aprobación, mas eso es complicado. Y tampoco preocupa demasiado a Juntos por el Cambio, que se da por satisfecho con la media sanción. “Vamos a sacar la ley en 2024, con la nueva conformación del Senado”, dijo confiada una fuente legislativa ante este medio. Basándose en la Ley 23.821, que en su artículo 1° dice: “Todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado. Si obtuvo sanción en alguna de ellas en el término indicado, éste se prorrogará por un año más”.

Así las cosas, la media sanción le da vida hasta 2024, cuando si cambia la administración, esos tres senadores ya no estarían comprometidos con un gobierno. En cambio debería rehacerse todo el camino de nuevo si en cambio el proyecto fuera rechazado por el Senado.