La Alta Comisionada manifestó este jueves en Ginebra que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando”, al enumerar más “detenciones arbitrarias y condiciones deplorables de detención” para opositores, y “cientos de organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica”.

Agregó que los “nicaragüenses continuan abandonando el país alcanzando un número sin precedentes”. Cifró que “en los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica ha sido de 150.000”, aumentando allí “en un 3% población”. Se añade “el incremento inédito” de migrantes nicaragüenses a Estados Unidos: de 3.164 a 92.037, entre 2020 a 2022, y 16.088 en el mes de marzo pasado.

A su vez, Bachelet denunció “la dramática reducción del espacio cívico”, debido a la cancelación “de la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre del 2018”, afectando “también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales”.

Paralelamente “se ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo control estatal”, reveló Bachelet. Precisó que está en peligro “la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora”. Para peor, una nueva ley “somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a un órgano central”

En cuanto a las víctimas de la represión, la Alta Comisionada contabilizó que perduran, “según fuentes de la sociedad civil, 173 personas privadas de libertad desde 2018”, algunos sufriendo “condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin un debido proceso”.

La tragedia en Nicaragua puesta en conocimiento de la comunidad internacional por Bachelet, se ahonda desde mayo último, con “acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la policía y se les prohibió la entrada a los feligreses”, en el marco de la “eliminación del Canal Católico de la grilla de televisión por cable”.

Los países de América Latina y del Caribe, reaccionaron divididos ante el informe de la Alta Comisionada. La mayoría, condenaron los hechos hasta aquí consignados, varios agrupados (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Peru, más Canada). Otros a título individual (Argentina, Colombia, Uruguay). Todos fueron respaldados, entre otros, por la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

En consecuencia, la Argentina recomendó a Nicaragua restablecer “las libertades públicas y el Estado de Derecho, y a que adapte su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos”, preconizando “un dialogo nacional inclusivo que debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis multidimensional que vive Nicaragua”.

Sin embargo, una minoría, encabezada por la propia Nicaragua, ademas de Cuba, Venezuela, y Bolivia, desestimaron las alegaciones de Bachelet. Bolivia resumió tales argumentos, reiterando su solidaridad “con el pueblo nicaragüense por los efectos negativos que tienen en el disfrute de los derechos humanos las sanciones económicas impuestas”, y “la implementación de medidas coercitivas unilaterales”.

A todo esto, el debate de hoy, a raíz de una actualización del seguimiento de Bachelet del caso nicaragüense, tal vez sea el último a raíz de su anuncio del lunes pasado, de no aspirar a renovar su mandato por otros 4 años a partir del 31 de agosto venidero. Su decisión abrió un compas de espera hasta que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, encuentre una personalidad de reemplazo que goce de consenso.

En medio de la guerra en Ucrania, con el poder de veto que subrepticiamente suelen ejercer los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia), surge el requisito que para ocupar el puesto hace falta la “aprobación de la Asamblea General de la ONU”, con sus 193 Estados miembros, y tomar en cuenta “la alternancia geográfica”.