Una buena noticia entre tantas malas y muy malas: la desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre de este año: 3,2 puntos menos que en igual período de 2021. Y la tasa de empleo alcanzó el récord del 43,3%, según datos del INDEC. En números concretos, los desocupados suman alrededor de un millón y medio, 700 mil menos que a comienzos del año pasado, cuando -vale recordar- estábamos todavía en pandemia. Pero la ocupación ya supera el nivel de los años anteriores a la pandemia. Hasta aquí la parte llena del vaso.

Ahora la otra, cruda y preocupante: un 80% del incremento del empleo verificado a lo largo del último año correspondió a asalariados informales. Podrá decirse que este dato representa la vuelta al empleo (informal) de aquellos que lo perdieron cuando arrancó la pandemia, pero lo cierto es que la masa de trabajadores que no aportan al sistema jubilatorio es cada vez mayor. Alrededor de 8 millones de personas trabajan en la economía informal: entre un 35 y un 45% del total de esa tasa récord de empleo, según quien lo mida. Una bomba de tiempo. Una más.

La cifra de habitantes de nuestro país que reciben planes sociales asciende a 1.300.000 personas, según destacó Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su extenso discurso en Avellaneda, donde volvió a dejar en claro que no se siente parte de un gobierno que a su juicio ha fracasado, tiene rumbo de colisión y al que no obstante sigue dándole “recomendaciones”. “Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo tres días antes de que se conociera ese dato oficialmente. Porque hay que reconocerlo: Cristina está súper informada acerca de esta administración, con datos que recibe de manera continua.

Fue ese tramo de su mensaje en el que reclamó que el Estado nacional recupere “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Dos días después se mostró junto a un intendente ultra K: el de Pehuajó, Pablo Zurro, de quien dijo que se acercó hasta el Senado para entregarle una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Dijo que también se lo había enviado al ministro de Desarrollo Social de la Nación. Ese proyecto no existe como tal; se limita al compromiso del municipio a pagarles a los beneficiarios un adicional mensual, a cambio de asignarles tareas o capacitaciones. El municipio tiene la potestad de controlar el cumplimiento de las pautas dictadas por ellos mismos. Vino justo para adecuar al discurso vicepresidencial. El objetivo parece claro y es el de liquidar el poder creciente de las organizaciones sociales.

Fiel a su estilo, la vicepresidenta no necesitó decir a quién específicamente se refería. El Movimiento Evita, que maneja buena parte de los planes que reparte el Gobierno nacional, acusó recibo. También el presidente Alberto Fernández, para quien esa poderosa agrupación es una suerte de contrapeso frente a La Cámpora. Puede decirse que el Evita -que administra 130.000 planes Potenciar Trabajo, una caja de unos $2.860 millones mensuales- y la CGT son los dos sostenes reales que le quedan al presidente de la Nación. Sobre todo para evitar que la calle termine de desestabilizarlo.

A la calle le teme la vicepresidenta, que ha visto con recelo lo sucedido en países como Chile, Colombia, Perú y ahora Ecuador, con multitudes soliviantadas. Es la génesis de sus dichos del Día de la Bandera: si las políticas sociales están tercerizadas, no será el Estado el que pueda administrar esos ánimos. Y ya se sabe también que con la izquierda -que maneja miles de planes- no es mucho lo que se puede negociar. Una inquietud compartida con los gremios, inquietos ante el crecimiento de los “autoconvocados”.

Una alternativa para los planes sociales ven en la ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal. Tal es el nombre del proyecto del diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, que presentó el pasado 4 de mayo. Se trata de una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. En caso de convertirse en ley, el monto a percibir sería igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el INDEC, cuyo valor actual asciende a $44.498,60.

El proyecto cuenta con la adhesión de buena parte del oficialismo; vale decir que no tiene la anuencia general de esa bancada. Sobre todo cuando es rechazada desde Economía, donde se preguntan qué parte no entendió el resto del oficialismo sobre reducir el déficit.

Pero la iniciativa va ganando espacio en el seno del Frente de Todos, sobre todo el alineado con la vicepresidenta. En la provincia de Buenos Aires la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez asimiló las declaraciones de la CFK con el salario básico universal. “Las políticas sociales deben ser de acceso universal y no tienen que estar condicionadas por ninguna organización”, afirmó, remarcando que “es una discusión de presente y de futuro acerca de ir avanzando hacia el salario básico universal y otros programas que nos permitan abordar la complejidad de este momento”. En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sin ambages dijo que “llegó la hora de debatir el salario universal”, y que es “unánime” entre los intendentes la idea de “la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”.

“Hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el salario universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”, resumió el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

El salario básico universal puede poner también en apuros a una oposición en estado deliberativo. Porque sería incómodo aparecer oponiéndose a una alternativa de ese tipo si realmente viniera a reemplazar el festival de planes vigente. Máxime cuando se recuerda que fue Elisa Carrió la inspiradora de la AUH. En 1997, quien todavía militaba en el radicalismo impulsó junto a la también diputada nacional Elisa Carca el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI). Una propuesta que representaba un cambio en los modelos focalizados de asistencia social y se enmarcaba en los regímenes de renta básica universal, en este caso para todos los niños y niñas menores de 18 años, sin focalizar respecto de la situación laboral o socioeconómica de sus familias. Ningún oficialismo se animó a avanzar con esa iniciativa, hasta que en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó impulsando algo similar a través de un DNU, creando la Asignación Universal por Hijo.

¿Por qué impulsó esa administración semejante iniciativa? Porque la oposición, que acababa de propinarle en las elecciones del 28 de junio de 2009 la primera derrota al kirchnerismo, ya hablaba de reflotar esa propuesta para llevarla al Congreso. Con la nueva composición de ambas cámaras que se constituirían recién en diciembre, podrían imponerla por ley, y hubiera sido muy antipático para el gobierno de CFK vetarla. Por eso la implementó con otro nombre y por decreto, a pesar de contar todavía con mayoría en ambas cámaras: no tuvo que compartir la autoría con nadie.

Algunos se ilusionan con la posibilidad de que el salario básico universal pueda ser para el oficialismo una tabla de salvación similar a la que constituyó la AUH para Cristina hace trece años.

Pero con una inflación ya por arriba del 70%, necesitará mucho más que una buena ley este gobierno para sobreponerse. Sobre todo cuando el pronóstico es muy grave pues el BCRA no ha podido hacerse de dólares en la mejor parte del año para conseguirlo, con una liquidación de cereales récord.

Es que el drenaje sigue siendo intenso, sobre todo en materia de energía. Para el mes en curso se gastaron 2.000 millones de dólares y para julio harán falta 2.400 millones solo en importaciones de energía. En mayo, el drenaje de dólares fue de 7.800 millones: 1.600 en energía y 6.200 en otras importaciones.

La vicepresidenta calificó ese cuadro inquietante como “festival de importaciones”. De eso debe haber hablado en la reunión de más de dos horas que compartió el viernes con el economista Carlos Melconian. Más allá del genuino interés de Cristina de explorar alternativas para sortear la grave crisis económica, esa reunión estuvo destinada a mostrarla precisamente preocupada por buscar alternativas aun en quienes no comparten su pensamiento. Incomodar de paso -y sobre todo- a Martín Guzmán y Alberto Fernández; y mostrarla ajena a esta gestión. Como si no fuera parte del mismo gobierno, mal que le pese a la portavoz Gabriela Cerruti.