El juez Jaime Far Suau verificaba hace 35 años (el 30 de junio de 1987) la profanación del cadáver del general Juan Domingo Perón por desconocidos que le cortaron las manos tras ingresar en la bóveda del cementerio de La Chacarita, donde reposaban los restos de quien fuera presidente constitucional del país en tres ocasiones. 

Se trató de un hecho que produjo una gran conmoción política durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que estuvo plagado de pistas falsas y muertes misteriosas, como la que sufrió el propio Far Suau, fallecido en un dudoso accidente automovilístico cuando se encontraba en plena instrucción de la causa.

"Después de tres décadas, lo novedoso es la continuidad de la impunidad y el pacto de silencio que aún persiste para que los argentinos no sepamos la verdad", señaló en diálogo con la agencia de noticias Télam el periodista Claudio Negrete, coautor del libro "La Profanación", una investigación sobre este caso que hasta ahora no pudo ser aclarado.

Este trabajo que Negrete elaboró con Juan Carlos Iglesias --un abogado de origen radical, amigo de Far Suau y fallecido en 2006-- se publicó por primera vez hace 15 años, y en estos días se difundirá una nueva edición.

"El robo de las manos de Perón no puede desvincularse del contexto político que se vivía en 1987, cuando el gobierno radical de Raúl Alfonsín intentaba consolidar su proyecto político y el peronismo pugnaba por ganar las elecciones de septiembre de ese año, algo que finalmente sucedió", repasó Negrete.

El 29 de junio de ese año, Roberto García, sobrino político de Perón había concurrido a la bóveda de La Chacarita para comprobar que todo estaba en orden, en una tarea que compartía con su concuñado Osvaldo Ramón Rodríguez, quien estaba casado con Alicia Dora Perón, hija de Mario Perón, el hermano del fundador del justicialismo.

Al abrir la bóveda, García comprobó que faltaban el sable, la gorra y un manuscrito que Isabel Perón había dejado junto al féretro de su esposo, y decidió concurrir a la comisaría 29 para hacer la denuncia.

Pero tres días antes, el senador nacional por Catamarca y titular del Consejo Nacional del partido Justicialista, Vicente Leonidas Saadi, había recibido una misteriosa misiva donde se le notificaba de la profanación.

El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini y el presidente del Partido Justicialista porteño, Carlos Grosso, recibieron el mismo texto y, al igual que Saadi, un fragmento del escrito de Isabel, que al unirse con los otros dos quedaba completo en su versión original.

El texto enviado a los tres dirigentes del peronismo era firmado por "Hermes IAI y los 13", contaba que las manos del cadáver del general habían sido cortadas el 10 de junio. 

El firmante reclamaba devolverlas a cambio de un pago de 8 millones de dólares, en concepto de una deuda que el ex presidente habría contraído en 1973; "la cual nunca abonó al igual que sus sucesores políticos".

Tras la denuncia de García, los tres políticos se reunieron con el entonces ministro del Interior, Antonio Trocolli, quien les notificó que los policías que habían inspeccionado la bóveda no habían encontrado rastros de un hecho como el que se detallaba en el misterioso mensaje. 

Pero Saadi insistió en que se hiciera una inspección judicial, la que estuvo a cargo de Far Suau, quien tras abrir el cajón en presencia de sus colaboradores, comprobó el hecho aberrante que se había consumado en esa bóveda.

El magistrado corroboró las disección de las manos (la derecha a la altura de la muñeca y la izquierda por encima de esa articulación), y con mucho cuidado verificó que los genitales no habían sido cercenados.

El ataúd con los restos de Perón estaba detrás de un blindex que apareció con un agujero, y además se comprobaron que había sido dañada la claraboya de la bóveda, pero para el juez quedó claro que los profanadores trabajaron con el cajón abierto.
Lo más probable era que los intrusos hayan ingresado a la bóveda y traspasado el blindex sin forzar nada.

El cadáver de Perón fue depositado en La Chacarita tras un operativo organizado por la Casa Militar en el verano de 1977, en pleno gobierno del dictador Jorge Rafael Videla, y las llaves quedaron en poder de esa entidad hasta que una copia se entregó en la Escribanía General de Gobierno.

"Es claro que en esos años se pudo hacer una, dos o varias copias de todas las llaves de la bóveda y el blindex. La complicidad que hubo en este hecho con los grupos operativos que trabajaron con la dictadura es algo evidente. Los profanadores no tuvieron que romper ninguna cerradura y obraron con comodidad", explicó Negrete.

Con la colaboración del comisario Carlos Zunino (quien más tarde sufrió un intento de asesinato), Far Suau se abocó a la instrucción de la causa más importante del país, y durante la administración del expediente sufrió amenazas, le plantaron pistas falsas y le formularon cinco pedidos de juicio políticos

Días más tarde, el juez junto a su pareja, Susana Guaita, y el hijo de cuatro años de la mujer, Maximiliano, viajó a Bariloche para visitar a su hijo y al volver encontró un trágico final.

El 25 de noviembre de 1988, el magistrado, un experimentado conductor, perdió el control del Ford Sierra Ghía que manejaba de regreso a Buenos Aires, en una curva del kilómetro 560 de la ruta 3, a la altura de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego.

Inexplicablemente, el Ford se salió de la ruta; chocó contra un peñasco y se incendió, luego de que sus ocupantes salieran despedidos como consecuencia de la colisión.

Far Suau y Guaita fallecieron, pero Maximiliano sobrevivió, y en 2013 dio una entrevista en la que aseguró haber escuchado una explosión antes del choque.

Pericias encargadas por Iglesias y Negrete establecieron que el accidente pudo ser ocasionado por una bomba de plástico colocada en el tren delantero de ese auto, cuyo tanque de nafta fue encontrado intacto en la zona del accidente, pese al incendio.

Pero no fueron los dos únicas muertes relacionadas con el robo de las manos de Perón, ya que también debe contarse a Teresa Melo y al cuidador de La Chacarita Paulino Lavagno.

Lavagno denunció que lo querían matar, y en medio de su agonía, decía que "sacaran la gente que había arriba del ropero".

¿Establecía en medio de su delirio un parangón con gente que había visto arriba de la bóveda de Perón? 

Una autopsia ordenada más tarde por el juez de la causa estableció que murió como consecuencia de una golpiza que recibió, muy probablemente en el cementerio donde se lo encontró mal herido. 

Igual destino corrió Melo, una mujer que le llevaba flores a la tumba de Perón y que había manifestado en varias oportunidades su intención de contar que había visto "gente sospechosa" cerca de la bóveda del líder del justicialismo.

"Los funcionarios del Gobierno radical sabían sobre el caso más de lo que dijeron. Todos las personas que dificultaron la investigación pertenecían al Batallón 601. El peronismo no hizo nada para que se esclareciera ese atentado contra su fundador.

Los autores del hecho mandaron un mensaje, y el silencio que persiste demuestra que los profanadores tuvieron éxito", agregó.