Si el gobierno de Alberto Fernández le hubiera dado una continuidad a la política de reducción de la presión fiscal que puso en marcha el ex presidente Mauricio Macri en 2017 con la reforma impositiva, este año casi ya estaría desapareciendo el Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias, uno de los peores gravámenes que ya se ha eliminado en la mayoría de los países.

Ese año, el Congreso aprobó la Reforma Tributaria y el Consenso Fiscal. en 2017 se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias para que en el plazo de 5 años, los gobernadores reemplazaran su principal fuente de ingresos impositivos, Ingresos Brutos, por el Inmobiliario, que constituye un tributo a los activos.

El sentido de la reforma era ir hacia donde apuntan los Estados que quiere incentivar la inversión del sector privado. Se trata de bajar la presión sobre las actividades productivas y subirla sobre las manifestaciones de riqueza de las personas. Con ello se buscaba dar señales para la inversión privada.

El cronograma era de 5 años, es decir, que este año Ingresos Brutos hubiera llegado a cero. Así, la ministra Silvina Batakis puso el dedo en la llaga el lunes pasado cuando anunció que va a venir un revalúo de inmuebles para  recaudar más por Bienes Personales.

Dijo que iba a sacar del ámbito del Ministerio del Interior la OFEVI (Oficina Federal de Valuación de Viviendas). Ese organismo estaba bajo su órbita mientras era funcionaria de Wado de Pedro. En dos años de gestión del actual gobierno, la OFEVI no avanzó en nada en su principal tarea: Generar un sistema homogéneo que permitiera a los provincias valuar con una misma vara las propiedades.

Nada de ello ocurrió. Incluso, el ex ministro de Economía Martín Guzmán y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, llegaron a sus cargos con un discurso totalmente contrario a la reforma tributaria del 2017. El argumento era que le restaba recursos al Estado y que no incentivaba la inversión privada.

Por eso es que la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos quedó en la nada.

Se considera que ese impuesto es uno de los peores en materia económica. Es básicamente un impuesto a la facturación. En cada eslabón de la cadena productiva de un bien, se va agregando un porcentaje, hasta que llega al consumidor final, que es quien termina pagando todo. Se llama impuesto en cascada. A diferencia, el IVA es un impuesto que paga el consumidor final. Las empresas en el medio solo lo van reteniendo. Abonan a la AFIP la diferencia entre el IVA que pagan al comprar insumos y el que perciben cuando venden sus productos finales.

Según señaló en innumerables entrevistas  el ex presidente de Fiat Auto Argentina Cristiano Rattazzi, Ingresos Brutos es un tributo que ya casi no se usa en ninguna parte del mundo. A parte de ser distorsivo para la actividad, genera un incremento de precios, lo que hace que las mercaderías sean menos competitivas frente a la competencia externa. Cuando más larga es la cadena de valor, mas alto es el costo fiscal y más sube el precio.

Además de ello, es un impuesto que se está cobrando por anticipado y de más. Tiene un régimen de retenciones en las facturas y además se le cambió el concepto de territorialidad. El impuesto no se genera por el domicilio de la empresa sino por el del consumidor que compra. Es decir, si una pyme le vende a un cliente en Jujuy, aunque la empresa no tenga en esa provincia ni siquiera un solo empleado, ni representante, ni comisionista, le tiene que pagar al estado jujeño el Impuesto a los Ingresos Brutos. Eso ha generado en los últimos años un cúmulo de créditos fiscales a favor de las empresas, que en la mayoría de los casos no se recupera. Solo un 20% tiene la posibilidad de recuperar su dinero en el plazo de los 3 meses, indica un estudio reciente de la UIA. En general, al llegar a agosto y septiembre de cada año, las industrias ven que ya empiezan a acumular créditos de más. Es decir, pagan impuesto de más.

Volviendo al inicio, si el gobierno de Alberto Fernández hubiera respetado esa reforma fiscal hoy ni las empresas ni los consumidores estarían pagando ese impuesto, los precios serían mas bajos.