La presencia de 14 venezolanos y 5 iraníes a bordo de un Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, que en principio tenía matrícula iraní y habría pertenecido a la empresa Mahan Air, aerolínea persa sancionada por Washington por promover actividades terroristas, y que permanecen bajo investigación en Buenos Aires, será tema obligado de conversación y disertación durante el acto que realizará la comunidad judía el próximo 18 de Julio cuando se cumplan 28 años del atentado contra la AMIA que terminó con la vida de 85 personas en el año 1994.

Las extrañas circunstancias que llevaron a los integrantes del vuelo de Emtrasur y a la aeronave a quedar varada en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de Junio pasado no hacen más que alimentar las sospechas de los investigadores judiciales de estar frente a un escenario de posibles actividades relacionadas con el crimen organizado, desde trata de personas hasta narcotráfico, realizadas bajo la cubierta de actividades de logística para la industria automotriz o el transporte de tabaco, y cuyo objetivo final no sería el mero lucro resultado de actividades ilícitas sino la financiación de actividades terroristas.

Esa es la sospecha que busca develar la investigación federal que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena quienes afrontarán una semana clave a partir del lunes 18 de julio. No sólo por la cuestión simbólica que se producirá al recordar el atentado a la mutual judía sino porque, vencido el secreto de sumario, el magistrado deberá definir la situación judicial de los 14 venezolanos y 5 iraníes.

Sin embargo, según fuentes de la investigación que realizaron comentarios con reserva de nombre a NA, aún son numerosas las incógnitas que existen entre los funcionarios judiciales producto de la falta de colaboración de Venezuela y de la actitud cautelosa de la colaboración judicial de los Estados Unidos cuyos funcionarios no dejan de tomar nota de las internas del Frente de Todos donde hay sectores claramente simpatizantes de las causas bolivarianas.

Repasemos los misterios del vuelo de Emtrasur que aún deben ser resueltos.

La investigación realizada luego de solicitar cerca de 60 medidas de prueba, ordenadas por el Juez Villena, entre exhortos internacionales, requerimientos a agencias de aviación, testimoniales y, fundamentalmente, el análisis de más de 30 aparatos de comunicación, teléfonos celulares, tables y computadoras personales, secuestrados a la tripulación sumada a la transcripción de la caja negra del Boeing donde se escuchan las voces del piloto y el copiloto hablando en un dialecto del farsi, serán fundamentales a la hora de brindar certidumbre sobre una investigación que mantiene muy activa a la encargada de negocios de la embajada venezolana en Buenos Aires, Stella Lugo Betancourt, a los representantes de los gobiernos occidentales y a las administraciones de varios países de la región como Paraguay, Uruguay, Ecuador, México y Chile.

Agentes de la Policía Federal, Gendarmería, y de la Policía de la Ciudad, suelen reunirse en diferentes lugares secretos, con traductores del farsi, idioma que se habla de manera oficial en Irán, Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán y que cuenta con más de 100 millones de hablantes nativos, para analizar las memorias de los cerca de 35 aparatos secuestrados a los iraníes y venezolanos que se hospedan en un hotel de la localidad de Canning.

Para esta tarea se utilizan los  servicios de expertos en tecnología que suelen utilizar el programa UFED, o “herramienta” como le bautizaron los expertos cibernéticos, y que se utiliza para extraer información de los teléfonos celulares, para revisar las carpetas donde se acumulan mensajes de texto, documentos, fotos y videos. La filtración de la información del teléfono del  piloto más sospechado de actividades terroristas, Gholamreza Ghasemi, al que se lo ve de joven en una imagen con uniforme de combatiente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue suficiente para que el juez Villena decidiera estrechar el círculo de secretismo que rodea a toda la investigación.

Ahora bien, los datos recabados llevan a indicios contradictorios y alimentan las peores sospechas. Informes del FBI estadounidense señalan que el avión de carga Boeing 747-300 no fue adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido en leasing por la compañía Mahan Air. El leasing es un sistema de arrendamiento de bienes de un equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario.

La cuestión por conocer la titularidad de la aeronave es fundamental por las listas negras o blacklist a las que han caído las empresas involucradas. Mientras que Emtrasur o Transportes Cargo del Sur, compañía de logística creada en 2020 por el Estado venezolano, subsidiaria de la aerolínea estatal del país bolivariano, Conviasa, fue sancionada por la administración estadounidense desde febrero de 2020, bajo el gobierno republicano de Donald Trump, por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos sobre la población venezolana.

Mientras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encargado de administrar el tesoro público del país norteamericano, ha sancionado a las aerolíneas de origen persa, Mahan Air y Quehm Fars,  por “apoyar los esfuerzos del régimen iraní para fomentar la violencia regional a través del terrorismo y sus programas de armas”, según se desprende de un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), que además agrega, “esta advertencia se lanzó con el objetivo de señalar a la industria de la aviación civil, incluyendo los grupos que proveen de servicios a la actividad, sobre prácticas engañosas con respecto a temas aeronáuticos”.

Con respecto a la matrícula de la nave, originalmente pertenecía a Irán pero, una vez lanzadas las relaciones carnales entre los gobiernos de Venezuela e Irán, en enero hubo un cambio de matrícula a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, el juez Villena ha pedido a Conviasa toda la documentación necesaria acerca del dominio del avión.

El Boeing, matrícula YV3531, habría sido transferido a Venezuela para evitar las sanciones internacionales contra las dos empresas aéreas persas. Un modus operandi que ya se ha practicado en otras ocasiones al asociarse con líneas aéreas de terceros países y poder operar bajo otra bandera. Existen informes alertando acerca de las actividades de Qesham Fars Air de Azerbaiyán o Pouya Air de Sudáfrica.

Si bien la figura del piloto Gholamreza Ghasemi parece opacar las posibles actividades ilícitas de los 14 venezolanos y el resto del grupo iraní, NA informó que el copiloto está siendo investigado como un nexo importante dentro de esta trama. El piloto Ghasemi fue gerente de la empresa NAFT o Karun Airlines, una subsidiaria de Mahan Air, que  pertenecería  al conglomerado de compañías dirigidas por los líderes de la Guardia Revolucionaria, responsables de llevar adelante el programa atómico y misilístico de Teherán.

El copiloto Mohammad Khosraviragh presentó ante Migraciones Argentina el pasaporte Z46712482 y, según el periodista experto en relaciones internacionales, Daniel Romero "es muy común en el mundo árabe o persa que algunas personas tomen como apellido sus lugares de nacimiento y en esas costumbres, los activos de Hezbolah, Cuds y otras organizaciones deformen cambiando letras o jugando con las pronunciaciones, cosa que para los occidentales no es sencillo determinar”.

Las sospechas que se están revelando en el expediente judicial intentan despejar las dudas acerca de la identidad del segundo a bordo teniendo en cuenta que el copiloto es un hombre nacido en territorio iraquí, pero que antiguamente era persa, por ello que los nacidos en ese territorio se consideran iraníes, de ahí la incerteza de su identidad.

Según publicó el sitio especializado totalnewsagency.com el iraní investigado “posee un alto coeficiente intelectual y es el oficial de enlace de operaciones entre Venezuela y Argentina y habla 10 idiomas. Experto en contra información y posee varias identidades”.

Pero las sospechas más graves llegan desde Asunción, Paraguay y desde México DF.

Desde la capital azteca el avión en cuestión despegó hacía el sur del continente con 17 tripulantes, por lo que, según informó el sitio infobae.com a Buenos Aires llegaron dos venezolanos más que se habrían sumado en una escala en Caracas sin especificar los motivos por los que lo hacían teniendo en cuenta que se trata de un avión de carga que puede operarse con muchos menos tripulantes. Venezuela, por el momento, no realiza comentarios acerca de la cuestión.

Mientras que en Ecuador y en Chile se investigan las actividades de los tripulantes que tocaron tierra en esos países andinos, en Paraguay, las denuncias son más consistentes. 

Entre el 13 y el 16 de mayo, la nave permaneció en el aeropuerto Guaraní, que sirve a Ciudad del Este, ubicada en la frontera con Argentina y Brasil, desde donde trasladó cigarrillos a Aruba, en una operación que los investigadores guaraníes califican como “fachada”.

El martes 5 de Julio el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, afirmó que la tripulación del avión venezolano-iraní que llegó en mayo pasado a Asunción, mantuvo contactos con al menos dos extranjeros y un paraguayo investigados por trata de personas y narcotráfico.

“Durante el tiempo que esta tripulación estuvo en Ciudad del Este tuvo contacto con personas que están siendo investigadas por la trata internacional de personas y el narcotráfico”, dijo el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández.

Una pista que desataría los peores temores por el grado de connivencia necesaria entre criminales y autoridades para desplegar estas actividades ilícitas. Pero, lo cierto es que, desde el 2001 a la fecha, las actividades terroristas y del crimen organizado, que en el siglo pasado corrían por separado, hoy tienen puntos de contacto. Las actividades terroristas necesitan financiamiento y muchas veces recurren a los capos del crimen para utilizar sus rutas de contrabando.

Razón principal para comprender el interés mundial por la investigación del misterioso vuelo del avión de Emtrasur con cinco iraníes a bordo.