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El manoseo que le ha infligido Cristina Kirchner y la administración de los Fernández a la Justicia no tiene nombre. En particular, el ultraje a la Corte Suprema es de una gravedad y de un daño institucional inusitado.
Todo deriva de la necesidad de buscar jueces militantes y una Justicia dominada, donde desaparezca la separación de poderes y se instale un sistema autoritario, como sucede en Santa Cruz. Lo intentó a través de la democratización de la Justicia y le salió mal. Lo intentó a través del Consejo Asesor de la Comisión Beraldi y también falló. Insistió manipulando a la Oficina Anticorrupción y a la UIF para que no la denunciaran ni accionaran contra ella.
En el caso de la UIF, sucedió algo increíble. Se transformó la oficina que debe, precisamente, trabajar sobre el control de blanqueo -sobre todo el dinero que proviene de delitos de corrupción, narcotráfico, etc.- y tener un rol tremendamente activo de poner en marcha las causas, particularmente sobre vialidad, en defensor de la acusada. Un caso insólito que realmente va en contra de las dos Convenciones contra corrupción de las que la Argentina es parte, tanto regional como internacionalmente. Además, de este modo nos pone absolutamente en contra de AFI. Es algo gravísimo que acarrea una gran responsabilidad del Estado argentino en materia internacional.
A pesar de los hechos, la Corte Suprema rechazó los doce recursos extraordinarios por los cuales se pretendía interrumpir el curso de las causas en tribunales inferiores. Es decir, detenerlas sine die para que no hubiera juicios orales. La Corte Suprema simplemente respondió con su doctrina añosa, de toda la vida; solo interviene, por ser instancia extraordinaria, una vez que hay sentencia definitiva, siendo esto que se hayan pronunciado los tribunales inferiores de la causa.
