Rosario se desangra y otras ciudades de la provincia de Santa Fe también sufren la violencia narco y de organizaciones criminales que no dejan de expandirse a otros territorios como algunos municipios de la provincia de Buenos Aires o asentamientos alrededor de grandes ciudades provinciales.

Pero, en Rosario, que promedia más de 200 muertes violentas por año, las estadísticas se dejan atrás cada vez con mayor asiduidad. La profusión de asesinatos es extensa y ya no sorprende a la opinión pública que observa como, por ejemplo, durante la última semana de Julio se cometieron tres crímenes en cinco horas y el lunes 1 de agosto ocurrieron tres asesinatos más durante el transcurso de dos horas.

Rosario se está convirtiendo en uno de los lugares más violentos de Argentina y de Latinoamérica, una especie de Sin City que devora funcionarios de seguridad cada vez más rápido, en Santa Fe acaba de renunciar el ministro del área Jorge Lagna a pedido del gobernador, Omar Perotti, y, también, tiene sus héroes.

Porque en medio de la debacle hay miembros del Poder Judicial que investigan los crímenes y terminan depositando a los asesinos tras las rejas.

Es lo que hicieron los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra y Matías Edery cuando lograron condenar a los cabecillas de Los Monos o al temido narco Esteban Lindo Alvarado.

Los fiscales viven con custodia, con políticos que los combaten porque les tocan sus negocios y con el estrés que produce tratar con seres humanos que no dudan en contratar a un sicario por 20.000 $ para matar a otra persona.

En diálogo virtual con periodistas que integran la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) de la que la agencia NA forma parte, los fiscales fueron contundentes a la hora de esclarecer el origen de la violencia en Rosario.

“Lo primero que debemos explicar es que las variables delictivas vinculadas con los homicidios que representan los casos más preocupantes de los últimos meses no se explican solamente por el narcotráfico sino, además, por otros tipos de actividades ilícitas”, explica Luis Schiappa Pietra.

Matías Edery graficó el accionar de los fiscales a la hora de investigar, “Intentamos unificar las investigaciones de las organizaciones criminales y conocer cuáles son sus relaciones policiales, financieras y políticas. La violencia actual, que ha generado muchas víctimas que se encuentran con el fuego cruzado de bandas armadas, se debe en gran parte al problema de la desorganización del crimen en rosario.  O sea, no hay un crimen organizado sino atomizado. Está tan atomizada la situación con tantos grupos mafiosos diferentes y las peleas son tan diferentes y usuales que causan violencia y los encargados de encontrar una solución a este problema no llegan a encontrarla”.

La aparición de numerosos grupos de narcos y mafias que cobran protección en Rosario y en otras ciudades de Santa Fe comenzó con “… los crímenes del fantasma Paz, el Pájaro Cantero y Luis Medina. A partir de esos hechos la violencia creció desmesuradamente”.

El punto de partida de la situación desesperante actual explicada por los fiscales remite al crimen de Martín “Fantasma” Paz, quien era sindicado como colocador del dinero de Los Monos y fue ejecutado por sicarios el 8 de septiembre de 2012, en su cupé BMW blanca, a la vista de su mujer y su pequeño hijo.

Era cuñado de Ariel “Pájaro” Cantero, líder de la banda Los Monos, asesinado el 26 de mayo de 2013 en las puertas del boliche, Infinity Night, de Villa Gobernador Gálvez. El caso abrió la causa 913/12 que se convirtió en una de las de mayor relevancia institucional en la provincia de Santa Fe por involucrar decenas de personas y hechos de extrema violencia.

Y, el crimen de Luis Medina, ejecutado el 30 de diciembre del 2013, en la Colectora de Circunvalación. Era socio del narco Esteban L. Alvarado en el negocio del narcotráfico al sur de Santa Fe, enfrentado con la banda de "Los Monos".

Desde entonces, “…se generó una fragmentación de las bandas de narcomenudeo en Rosario a las que se incorporaron como un actor fundamental en el negocio elementos de las fuerzas de seguridad. Desde el 2015, la red de Alvarado con la policía y la política ya estaba presente mientras se desarrollaba el juicio a Los Monos”, explicó Schiappa Pietra.

El fiscal Edery es concluyente, “…el sistema financiero, el sistema judicial, la policía y la política son permeables al crimen organizado. Lo más importante por comprender es el vínculo entre el narco y la política. No hay que entenderlo como el método burdo de un narco llevando una valija o un bolso lleno de dinero al político. Existen un montón de situaciones más sutiles, cómo, por ejemplo, no preguntar de donde proviene el dinero para financiar las campañas políticas. Y, provienen de organizaciones criminales. Existen un montón de relaciones porque el dinero que manejan las organizaciones criminales es muy grande. En barrios humildes llegan a manejar la ayuda social. Los que manejan la ayuda social en barrios de Rosario, con un 50% de personas pobres, son narcos y luego reclutan pibes para realizar trabajas sucios que administran bunkers o se convierten en sicarios y en dominadores de la gente del barrio, cuestión que complica mucho las investigaciones”.

Por su parte, el fiscal Schiappa Pietra señaló. “…lo que buena parte de las investigaciones han podido demostrar cuando hablamos de crimen organizado es que hay mercados ilícitos muy grandes que generan mucho dinero y que funcionan al margen de la legalidad y de la capacidad de contención del Estado. En nuestras investigaciones dimos cuenta de la cuestión. Hay gente que compran y venden dólares para adquirir marihuana, cocaína, y muchos estupefacientes se compran en dólares y se crea un circuito de financieras ilegales. Esto pasa luego al negocio de la construcción y, por estos hechos de lavado, ya hay personas condenadas. En los juicios a Los Monos y al clan Alvarado hay implicaciones comprobadas de efectivos policiales trabajando para una u otra banda. Y de esa manera los mercados ilegales continuaron sus actividades”.

Los beneficios por las rentas ilícitas han generado investigaciones de los fiscales que los llevó a acusar a su propio jefe, el ex fiscal regional Patricio Serjal, por permitir, junto a una poderosa estructura, el juego clandestino en parte de Santa Fe.

Por esa investigación se llegó hasta el senador provincial Armando Traferri, que ellos mismos investigaron, ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincia por supuestas “escuchas ilegales” a él. Traferri había sido involucrado por el empresario del juego Leonardo Peiti que señaló al senador por el supuesto cobro de una coima.

Ahora bien, las presiones sobre los fiscales son inmensas. La Legislatura tiene un régimen disciplinario que permite remover a fiscales por presunto mal desempeño. Luis Schiappa Pietra relató que “…la vicegobernadora Alejandra Rodenas le envió un escrito al juez Carlos Leiva que sigue las actuaciones judiciales del caso para que no avance contra el senador Traferri”, provocando un escándalo político que terminó de dinamitar la relación entre el gobernador Perotti y su vice.

Finalmente, Traferri seguirá sospechado porque el 27 de julio la comisión bicameral que tiene la facultad legal de revisar las actuaciones de fiscales y defensores no lo hará con quienes pidieron el desafuero del senador justicialista por San Lorenzo.

Para el fiscal Matías Edery “la solución de estos temas requiere de un respuesta política e institucional. Vivimos en una sociedad muy violenta y en la actualidad hay pibes que cometen delitos para algunas bandas porque les reditúa económicamente y en términos sociales porque les da reconocimiento. La ausencia en el barrio de una escuela, de un dispensario, de bases sociales, durante unos quince años, genera un arrastre que tiene consecuencias de esta naturaleza”.