En un desesperado intento de recuperar centralidad, el presidente concurrió de manera entusiasta al canal TN, un ámbito que supo ser para él una “zona de confort”, como tanto le reprocharon desde el sector dominante de la coalición que gobierna. Y volvió a confirmarse que a poco tiempo de cumplir tres años al frente del Gobierno, sigue sin aprender las lecciones.

La autosuficiencia no es por cierto una virtud y a él le sobra. Se autopercibe sobrecalificado para el lugar donde fue encumbrado y atribuye los sinsabores de su gestión a la herencia de Mauricio Macri, a la pandemia y a la guerra. Y secretamente, a las presiones de quien lo eligió. Insiste en que si a Martín Guzmán le hubieran dado un tercio de la libertad que tuvo Sergio Massa en estas semanas, las cosas estarían encaminadas hace rato.

Para dar una muestra más de su lealtad para con quien considera ha sido ingrata con él y no le ha reconocido sacrificios, pactó esa nota en el canal insignia de “la Corpo”, para defender en terreno “enemigo” la inocencia de su vicepresidenta. Alberto Fernández descree del coucheo -al menos para él- y mucho menos de la necesidad de prepararse con datos y respuestas para ir a una entrevista. Para más, en los últimos años se ha acostumbrado a decir cosas falsas y defenderlas con firmeza. Es parte del precio de haber pactado con quienes condenó durante años y haberse comprometido a sostener lo contrario de lo que dijo y repitió tanto tiempo.

Aunque una cosa es decirlas en un discurso, y otra es hacerlo en un reportaje con periodistas no afines.

Así y todo ahí no estuvo el problema, pues sus interlocutores no parecían pendientes de corregirlo: por eso pudo insistir en comparar la pandemia con el Holocausto, sin que le recordaran que ya la comunidad judía había estallado indignada por eso; o afirmar que la justicia ha probado que “Nisman se suicidó”, sin que le aclararan que es exactamente lo contrario.

Alguien debió haberle aconsejado no hablar en ese reportaje del fiscal muerto un día antes de presentar en el Congreso pruebas contra la entonces Presidenta de la Nación. Debía esquivar el tema como fuera, aunque nadie hubiera imaginado que Fernández trazaría solito semejante parangón entre el fiscal encontrado muerto en su departamento y el que acaba de pedir 12 años de prisión para Cristina Kirchner. Sus interlocutores tampoco repreguntaron ante semejante comparación, y ahí sí le hubieran hecho un favor de haber reaccionado, pues Alberto podría haber tratado de recomponer la situación. En cambio recién tomó conciencia de la magnitud de lo que acababa de pasar al dejar pasadas las 23 el estudio de TN.

“Alberto se habló encima”, resumió resignado un funcionario que le responde, mas reconoce el error ya no de haber dicho lo que dijo, sino de haber alterado la consigna de mantener perfil bajo. Para cuando se retiraba del canal, la portavoz Gabriela Cerruti ya le había transmitido lo que se leía en todos los portales, además de los mensajes espantados que le habían llegado desde los propios.

El enojo del kirchnerismo fue proverbial ese jueves, y la que mejor sintetizó el sentimiento imperante en el espacio fue Hebe de Bonafini, que tragándose un insulto le pidió al Presidente que se calle. En un pase de magia, Alberto cambió la estrategia K, y el papel de “víctima” pasó de Cristina a Diego Luciani.

El Presidente no le contestó a Bonafini, pero sí dedicó parte del viernes en preparar la respuesta escrita que le mandó al procurador Eduardo Casal, que el día anterior le había recriminado el destrato a los fiscales de la causa Vialidad y su exabrupto en TN. Y si bien en parte no falta a la verdad al hablar de “doble vara”, lo cierto es que lo que Fernández viene haciendo con esta causa es inconstitucional. Puede que Alberto Fernández se sienta “un hombre común, hijo de un juez y profesor de cátedra en la Facultad de Derecho”, como tanto le gusta reivindicarse, pero la verdad es que sigue siendo el jefe del Estado, aunque tal vez ya no se autoperciba como tal. Y el artículo 109° de la Constitución nacional no deja dudas: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Por más que le guste opinar de una causa, debe inexorablemente callarse, tal cual se lo indica solo a él la Carta Magna.

Eduardo Casal está al frente de la Procuración General de la Nación desde que Alejandra Gils Carbó renunció en 2017. Mauricio Macri no pudo designar a su reemplazante, y tampoco Alberto Fernández, que eligió al principio de su gestión a Daniel Rafecas -el mismo que desechó rápidamente la denuncia de Nisman-, pero la vicepresidenta nunca le perdonó su participación inicial en la causa Ciccone, que terminó hiriendo políticamente de muerte a Amado Boudou. Entonces nunca se trató el pliego de ese juez federal, y el kirchnerismo en lugar de buscar alguna alternativa se dedicó -sin éxito- a tratar de voltear a Casal a como diera lugar.

Con tanta experiencia legislativa a cuestas, Cristina Kirchner debió haber advertido tempranamente que no tenía número para ninguno de sus objetivos en las dos cámaras. En el Senado no podría llegar nunca a los 2/3, y en Diputados sus proyectos más controvertidos siempre quedarían cajoneados.

Ahora es tiempo de lamentos en el cristi-kirchnerismo, donde afirman que todo hubiese sido muy distinto si hubiesen podido cambiar al jefe de los fiscales, o aun la actual composición de la Corte, como confesó sin pruritos el camporista Rodolfo Tailhade.

La verdad sea dicha, tan mal no le venía yendo en los tribunales a los abogados de la vice. La estrategia consistió siempre no en ganar los juicios, sino en evitar que los mismos avanzaran: y bastante éxito tuvieron, al conseguir voltear las causas Dólar futuro; Memorándum con Irán y Hotesur… Pero el castillo de naipes se desplomó al avanzar la causa Vialidad, cuya onda expansiva muy probablemente provoque la reapertura de Hotesur, la que más preocupa a CFK, no solo por la contundencia de datos que podría contener, sino porque involucra a sus hijos.

Por eso la decisión de invalidar la causa con elementos políticos. Sin contrarrestar pruebas, sino buscando respaldos y tratando de dirimir en las calles las cuestiones judiciales. Es a trazos gruesos lo que se buscaba con la Ley de Democratización de la Justicia que Cristina Kirchner hizo aprobar hace casi una década. Por citar solo una parte, una de las seis leyes que contenía ese paquete judicial establecía que el Consejo de la Magistratura pasaría de 13 a 19 miembros, con elección por voto popular de la mayoría de sus integrantes. O sea, quienes deberían elegir a jueces y fiscales, y juzgarlos, tendrían ineludible cercanía con el poder de turno.

El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria a elegirlos que ya se había oficializado. Una semana después la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “caso Rizzo” declarando la inconstitucionalidad de toda la reforma. El único voto en disidencia fue el de Eugenio Zaffaroni.

El protagonismo de Cristina

Así como el presidente intentó revertir su desdibujado papel, la vice recuperó en los últimos tiempos el protagonismo que había cedido para no referirse a temas económicos; y no lo hace: solo habla de su situación judicial. Y en ese marco polariza con Macri, que es lo que entiende le dará más rédito, sobre todo pensando en 2023. Su eventual candidatura presidencial se potenciaría con el expresidente en la vereda de enfrente, piensa ella.

Así las cosas no deja de tuitear y en cada referencia aparece el macrismo. Y Rodríguez Larreta, presente también el viernes en el discurso de Máximo Kirchner en la UOM.

“Larreta es Macri”, enfatiza la exmandataria sobre quien considera el rival más preocupante, y este fin de semana los caminos se unieron: con la decisión del jefe de Gobierno de poner vallas en torno al domicilio porteño de Cristina para evitar el acampe perpetuo que ya lo estaba malquistando con su propio electorado, el kirchnerismo encontró la manera de matar dos pájaros de un tiro y la emprendió contra “el vallado de Larreta”, sabiendo que doblegarlo representaría una victoria sobre su principal adversario. Ya sucedió en 2017 con las 14 toneladas de piedras. Pregúntenle a Macri.

No deja de ser digno de resaltar que a pesar de haber sido esta una semana muy caldeada en las calles, la nueva gestión económica ha logrado mantener calmado al dólar y hasta Sergio Massa consiguió imponer como viceministro a quien había elegido. Pero mientras no faltan los que celebran que el ruido judicial saca la atención de temas como la segmentación tarifaria y, sobre todo, el fuerte recorte en áreas muy sensibles, lo cierto es que nada incomoda más al ministro de Economía que semejante tensión.

Por un lado, tal desmadre tendrá su correlato ineludible en la relación con la oposición, justo cuando Massa venía pidiendo diálogo. En el Congreso hasta los más negociadores se han endurecido, como reflejó el pedido de juicio político al presidente que respaldaron 115 de los 116 diputados de la principal oposición. En tren de comparaciones, vale recordar el impacto negativo que tuvo en la economía de Cambiemos la “causa Cuadernos”, que estalló en los primeros meses de 2018. Si bien políticamente beneficiaba al entonces oficialismo, pues enlodaba a la gestión anterior, estalló justo cuando comenzó la crisis económica y el impacto en el mundo empresarial fue tal que complicó toda la gestión de obra pública en marcha, incluidas las PPP en las que tantas expectativas tenía esa administración.

A poco de emprender viaje a Estados Unidos, Sergio Massa debe fastidiarse cuando desde lo más alto del poder vuelven a embestir contra el FMI, e incluso insisten en vituperar a Mauricio Claver-Carone, a quien debe ver para pedirle plata. El ministro necesita algo de sosiego político, para que en el Norte escuchen lo que él va a decirles y no le estén preguntando por la situación judicial de la vicepresidenta, la estabilidad del presidente, o mucho menos sobre ese fiscal que en el exterior no dudan que fue asesinado el 18 de enero de 2015.