La pandemia no fue obstáculo para que, en 2020, el presidente Alberto Fernández fuera parte de manera presencial de los actos de celebración del 17 de Octubre. Y no estuvo esa vez en uno, sino en dos. Ese día concurrió a la isla Martín García, acompañado del gobernador Axel Kicillof, para visitar el lugar donde estuvo preso Juan Perón en el 45; y más tarde fue a la CGT, donde desde el Salón Felipe Vallese aseguró: “Empezamos hoy un tiempo distinto; el tiempo de la reconstrucción de la Argentina”.

Al año siguiente, el peronismo volvió a exhibir su dispersión con cinco actos, y el presidente no fue a ninguno. Así que lo que sucedió el lunes pasado no fue una excepción, sino una tendencia. Con un detalle anexo y no menor: todos los discursos tuvieron -quien más, quien menos- un sentido tono crítico dirigido a esta administración.

El presidente optó este 17 por ir a Cañuelas, por un acto de gestión en el que anunció un bono para sectores vulnerables que ascenderá a 45 mil pesos en dos cuotas. Se pagará en noviembre y diciembre, y busca tranquilizar a los más soliviantados de los propios. Los necesita este martes apoyando el Presupuesto que se debatirá ese día en la Cámara de Diputados. Veremos si los conforma; muchos no se han mostrado convencidos.

De momento, la preocupación del Presidente parece ser otra, que se plasmó en una insólita polémica con un habitante de la casa de Gran Hermano. Preocupación compartida con Gabriela Cerruti, quien inició el contrapunto saliendo al cruce del personaje conocido como Alfa, quien dijo haber “coimeado tres veces” al actual mandatario. No dio más precisiones porque no se las pidieron.

Fue solo un breve pasaje que ni siquiera transmitió por Telefé, sino que se vio en el la plataforma de streaming Pluto TV. Pero fue amplificado por el propio Gobierno a través de la portavoz presidencial, que se despachó con 27 tuits condenatorios. Ahí sí el episodio estalló. “El pronunciamiento de Cerruti en redes logró exactamente el efecto contrario al deseado”, aseguró el analista en redes Diego Corbalán para Scidata – Monitor Social Argentino. Allí se indicó que el impacto de las publicaciones sobre el programa de Telefé en los medios de comunicación digitales no paró de crecer a un ritmo sostenido. Pruebas al canto: de los 2.258.000 usuarios que tomaron contacto con publicaciones de medios en el día del debut del programa (el 17 de octubre), se pasó a un total de 10.396.000 usuarios alcanzados, en un incremento del 360%.

Semejante error de comunicación del Gobierno, y su consecuente exposición digital, no hizo más que politizar la discusión del programa, además de partidizarla, advirtió Corbalán. Esto se observa al analizar la semántica que expresa tanto sentimientos positivos como negativos sobre el programa de Telefé. Los términos negativos como “bardo”, “asquito”, “polémica” o “boludo” se entremezclaron con palabras como “vergüenza”, “populismo” y hasta hashtags como #CorrupciónOJusticia, etiqueta digital usada por los usuarios opositores al kirchnerismo, inspirados en la frase que pronunció el fiscal Diego Luciani en el cierre de los alegatos acusatorios contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa “Vialidad”. Es lo que despertó la reacción -¿desmesurada?- del Gobierno.

“No me voy a quedar callado cuando me agreden”, dijo, a todo esto, Alberto Fernández, quien ya ha dado sobradas muestras de sus reacciones cuando algo le molesta. Lo prueba un video que lo muestra reaccionando ante un hombre que le dijo algo que no le gustó cuando él estaba en un bar y terminó en el piso. Tampoco tenía contemplaciones en las redes sociales, donde su insulto favorito era: “Boludo con vista al mar”, que dirigía a usuarios ignotos o conocidos.

La oposición reaccionó con críticas porque el Presidente haya actuado así ante este hecho, aunque más de uno se pregunta si el planteo de Alberto no obedece a un deseo de mantenerse en los primeros planos a como dé lugar. Como sea, la diputada radical Karina Banfi habló de “abuso de autoridad de parte del presidente, al anunciar que iniciará acciones de daños y perjuicios a un ciudadano que participa de un show televisivo”.

El tema remite de algún modo a las detenciones dispuestas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa abierta por amenazas a la vicepresidenta. El cristinismo en general venía reclamando investigar “qué hay detrás de los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner”, y había señalado hacia la agrupación Revolución Federal. Pero la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación de ese episodio, no encontró elementos de prueba que vinculen a Revolución Federal con la “banda de los copitos”, y así fue que terminó abriéndose una causa por amenazas a la vice, que derivó en cuatro detenciones, entre ellas la del líder de esa agrupación y orgulloso autor de la tristemente célebre guillotina llevada a un acto en Plaza de Mayo, y la hija del Coco Basile.

El cristinismo busca obsesivamente elementos que permitan elevar la vara en el intento de magnicidio, cosa que hasta ahora no ha podido determinar la investigación que encabeza Capuchetti; de ahí que se haya encarado hacia Revolución Federal, celebrándose el hallazgo de una pista que permita incorporar a la familia Caputo en la búsqueda del supuesto financista del atentado contra CFK.

“Hay que saber si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de atentar contra la vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada e insultar a funcionarios por la calle”, pasó el limpio el Presidente en una entrevista que le hicieron el viernes pasado.

Mientras tanto, en el interior del Gobierno se afirma la sensación de fin de ciclo. Nada menos que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó su salida del Gobierno. Será “en algún momento”, adelantó, sin dar precisiones, pero alcanza con que haya sugerido que “hay que esperar un poquito”. Se sabe que volverá a su provincia y hoy se descuenta que integrará la fórmula para la gobernación, acompañando en el segundo lugar a Osvaldo Jaldo, su vicegobernador con el que ha tenido idas y vueltas, en el marco de una relación conflictiva.

Tucumán es una de las tantas provincias que adelantarán las elecciones el año entrante: serán el 14 de mayo venidero. Sería intención del actual jefe de Gabinete reflotar -si le va muy bien en esos comicios provinciales- el “plan Juan XXIII” y convertirse en el candidato presidencial de los gobernadores peronistas. Se verá.

Lo cierto es que Manzur no es el único integrante del Gabinete que piensa en dejar su lugar actual para volver a “cuidar el territorio”. Ya lo hizo hace dos semanas Juan Zabaleta, que dejó Desarrollo Social para volver a Hurlingham, donde La Cámpora estaba amenazando su liderazgo. Otros dos exintendentes cavilan el mismo destino: Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis.

El que ha dado señales de querer quedarse, pero con la condición de que el Frente de Todos no derrumbe lo que trata de construir, es Sergio Massa. Quien se autopercibe “plomero del Titanic” ha logrado estabilizar la economía y si bien nada garantiza que vaya a tener éxito en su función en este casi año y medio que resta, quiere que en su gobierno se tomen muy en serio la afirmación que The Economist ha hecho sobre su persona: “is the only thing standing between Argentina and chaos”. Traducido, para la influyente publicación británica Massa “es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos”.

Este martes se propone lograr lo que su antecesor no pudo el año pasado: que le aprueben el Presupuesto. A diferencia de Martín Guzmán, que con una economía menos en emergencia y una inflación todavía no desbocada, pretendía que le aprobaran la ley de leyes en una semana, Massa habilitó un tratamiento de un mes para el proyecto en Diputados, con el desfile de la mitad de los ministros, muchos funcionarios y concedió decenas de correcciones al texto original. Más allá de que persisten algunas discrepancias con la oposición, espera que en la mañana del miércoles muchas manos opositoras se alcen a la hora de votar el proyecto, de modo tal de alcanzar una mayoría holgada en la aprobación en general, que ya tiene garantizada.

Para tal fin, entre otras cosas dio curso a un pedido opositor de aplicar una “cláusula gatillo”, según la cual si la inflación y la recaudación interanual superan al 31 de agosto de 2023 las pautas estimadas, el Ejecutivo enviará al Congreso una ampliación presupuestaria a fin de realizar un nuevo cálculo de recursos y créditos para el último trimestre.

En ese caso, que todos esperan vaya a suceder, el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por DNU en ese lapso.

Eso sucederá justo entre las PASO y las elecciones generales. Tal vez para entonces ya exista una sensación plena de quién gobernará la Argentina a partir del 10 de diciembre venidero, lo cual tendrá incidencia plena no solo en esa ampliación, sino también en el proyecto de Presupuesto 2024 que deberá llegar al Congreso el 15 de septiembre.