Diciembre es un mes especial para la Argentina desde el estallido social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rua en 2001.

Todos los habitantes de la Casa Rosada se preocupan y se ocupan para desactivar cualquier tipo de protesta social y callejera. Y la administración de Alberto Fernández no es una excepción.

Los piqueteros están una vez más en el centro de la escena. Esta vez no solo reclaman más y mejores planes, sino que buscan que el gobierno no le de la baja a los miles de beneficios que fueron mal otorgados. En esto coinciden oficialistas y opositores.

Por esa razón, el Presidente Alberto Fernández y su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salieron a poner paños fríos en los movimientos sociales que se mueven alrededor del poder, después de que sus principales dirigentes no hayan ahorrado críticas sobre sus figuras.

Después de todo, saben que es una causa casi perdida la negociación con las organizaciones de la izquierda combativa, sobre todo lo que se mueve alrededor de Unidad Piquetera, donde sobresale el Polo Obrero iderado por Eduardo Belliboni.

El viernes, el propio Presidente, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Vicotria Tolosa Paz, le abrió las puertas de la Casa Rosada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Las caras eran conocidas pero el estado de ánimo no era el mejor. En la UTEP se unen el Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el MTE de Juan Grabois.

Emilio Pérsico del Evita, y funcionario al ministerio de Desarrollo Social, venía de reunirse días atras con Cristina Kirchner luego de un prolongado período de enfrentamiento.

En el entorno del Presidente creen que se terminará levantando el plan de lucha programado para el próximo miércoles por la UTEP en todo el país.

Por lo pronto, los interlocutores de Alberto Fernández se fueron con la idea de que el gobierno no suspenderá, por ahora, los miles y miles de planes que están en observación por incompatibilidades de sus beneficiarios, de acuerdo a la investigación que hizo la AFIP por pedido del antecesor de Tolosa Paz, Juanchi Zabaleta.

También que habrá un bono de fin de año y esperan que el gobierno no desenganche, del salario mínimo, la paritaria del salario social complementario que paga el plan Potenciar.

Muchos reclamos, demasiados para la capacidad que tiene el gobierno de dar respuesta satisfactoria a esos movimientos sociales. El Presidente y su Ministra están atrapados entre dos frentes. Por un lado, la protesta piquetera y, por el otro, la Justicia.

En una resolución el fiscal Guillermo Marijuán no ahorró palabras para denunciar a Tolosa Paz y a Pérsico: “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

Marijuan los acusa de no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a Desarrolla Social.

Por ahora, la Casa Rosada gana tiempo. Quiere pasar diciembre lo más rápido posible y que no lo persigan los mismos problemas de siempre.