En enero de 2016 el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmaron un convenio por el cual traspasaron Policías Federales a la “Policía de la Ciudad”.

La medida que inicialmente afectó a 19.560 uniformados si bien fue exhibida por el aparato propagandístico del oficialismo como una solución para la seguridad de los porteños y “una gran oportunidad para los policías transferidos”, resultó al menos en este último aspecto todo lo opuesto.

El Estado Nacional en su condición de empleador dispuso un “Cambio del Estado Jurídico” del personal violando sus derechos y garantías, y obligó a los efectivos de la Policía Federal Argentina a revistar en otro organismo “que no existía” al momento de celebrarse el traspaso. De esta forma no solo se afectó la Estabilidad del Empleado Público en el orden federal, sino que también se sometió a los trabajadores a condiciones discriminatorias respecto de otros funcionarios de la Fuerza.

Para ser aún más gráfico el traspaso de efectivos de la Policía Federal a la Ciudad funcionó como una “Comisión de Servicios Encubierta”, que claro está, adolece de vicios insalvables. Con este artilugio administrativo los policías fueron rejerarquizados afectando sus derechos, e incluso terminaron subordinados a uniformados de la Policía Metropolitana y otras Fuerzas que no poseían la antigüedad, experiencia e idoneidad para tal fin. El régimen de ascensos también fue alterado produciendo inequidades y brechas escalafonarias, al tiempo que aumentaban los casos de acoso, persecución y violencia institucional en contra de quienes se atrevían a denunciar los abusos.

Finalmente gran parte de los policías traspasados coinciden que el cambio de organismo no solo violó su "decisión personalísima" de formar parte de una institución con historia y renombre como Policía Federal Argentina, sino que incluso se ultrajaron valores y principios profundamente arraigados cómo el sentido de pertenencia, la vocación de servicio, la devoción por el uniforme y el compromiso con la ciudadanía, que claramente la dirigencia política es incapaz de comprender y no puede compensar con incentivo de ningún tipo.

En la actualidad los trabajadores se encuentran en una especie de “limbo jurídico donde nunca fueron dados de baja de PFA ni regularizados por la Policía de la Ciudad”, lo cual evidencia graves omisiones, incumplimientos e irregularidades por parte del Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apelación del fallo de la CSJN

El 21 de diciembre pasado un grupo de uniformados asesorados y patrocinados por la “Asociación Azules por Siempre” y el Dr. Sergio Arriazu, impulsaron una “Acción de Amparo denunciando la Inconstitucionalidad e Inaplicabilidad de la Cláusula Segunda del Convenio aprobado por la Ley 27.606”, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera en los Autos “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ Amparo – Decreto 735/PEN/2020”, por cuanto el citado artículo “Afectaría de manera irreparable los Derechos Fundamentales de los efectivos de la Policía Federal Argentina transferidos a la Policía de la Ciudad”.

La Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020, aprobó el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad el 5 de enero de 2016. El Poder Legislativo tardó 5 años para ratificar un convenio que presenta múltiples inconsistencias.

Por último, la parte demandante solicita “Constancia del Estado de Revista en la Policía Federal Argentina de los funcionarios”, en los términos Art. 2, 5, 14, 17,33, 43, 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional; Art. 8, 25, 28 y concordantes de la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054)”; y la Ley 21.965 y su Decreto Reglamentario 1866/83 en lo que respecta a la publicidad de los actos de gobierno, a fin que se aclare la situación laboral de los actores -numerarios de la Policía Federal Argentina- que en la actualidad cumplen funciones en “Comisión en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, dado la angustia e incertidumbre que genera el contexto laboral, y la confusión respecto su futuro profesional máxime teniendo en cuenta las manifestaciones públicas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien refirió que los Policías Federales que trabajan en la Ciudad seguirán cobrando su haberes a pesar de haberse reducido la cuota de coparticipación estipulada en el Decreto 735/2020.