No he podido leer aún –tiene más de 1600 páginas- los fundamentos de la sentencia que condenó a Cristina Fernández a seis años de cárcel por el sideral saqueo (muy superior al monto señalado en el fallo) al que sometió a su propio país y, sobre todo, a los más pobres de sus coterráneos. De todas maneras, me obligó a reflexionar sobre otras situaciones que se dieron, por casualidad, esta misma semana; por ejemplo, la mayor pena (ocho años) impuesta a Enrique Blaksley por una estafa a privados, que alcanzó un volumen infinitamente menor, y a tantos otros delincuentes comunes.

Los fondos robados durante 17 años por los Kirchner (según Lilita Carrió, iguales a un PBI), que hoy sueñan en paraísos fiscales o, convertidos en diamantes en Angola, en cajas de seguridad de todo el mundo, son los que faltan en escuelas, hospitales, agua potable, salarios, viviendas, energía, puertos, caminos reales (no los de Lázaro Báez), armamento y elementos de movilidad y protección para las fuerzas de seguridad, tribunales y fiscalías, etc.. Es decir, en todo aquello que nos  convierte en un país del tercer mundo, ya capturado por el crimen organizado, cuyos enormes beneficios también ingresan, por la asociación que mantiene esta familia de canallas con la mafia; al respecto, recomiendo escuchar este esencial y breve reportaje: https://www.youtube.com/watch?v=OvBl6qFbsWU.

Pero dos hechos me produjeron asco e indignación. El primero: la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal –Dres. Treacy y Gallegos Frediani- firmaron una escandalosa sentencia que concedió a las hijas de Mario Roberto Santucho (el asesino jefe del ERP que quería fusilar a un millón de personas), el derecho a cobrar una monumental cifra por la muerte de su padre, a la cual sumarán las que percibirán por haberse fugado a Cuba. O sea, continúa la estafa con esas indemnizaciones (US$ 3.500 millones) que denunció José D’Angelo en el libro cuyo acto de presentación fue prohibido por Cecilia Moreau, Presidente de la Cámara de Diputados, en un repudiado acto de censura.

El otro, el procesamiento de militares que actuaron en el Operativo Independencia, ordenado por el Poder Ejecutivo en 1975/76, durante la presidencia de Isabel Perón para combatir al ERP en la selva tucumana. La contradicción no puede resultar más flagrante: no es aplicable la prescripción a militares que obedecieron órdenes legales, por presuntos hechos cometidos hace nada menos que ¡48 años! El propio Caracol, en el tan patético como agresivo discurso del 1° de marzo ante el Congreso, anunció que esta inicua persecución, que sólo es venganza, continuaría.

Y todo ello ante el silencio cómplice de una sociedad hipócrita (radicales y peronistas, gremialistas, gobernadores y funcionarios, empresarios, ejecutivos y gente común) que, cuando la violencia, las bombas, los asesinatos, las desapariciones y los secuestros que se producían por miles le impedían vivir, llamaron a las puertas de los cuarteles para exigirles terminar, como fuera, con la pesadilla. Y que hoy, únicos chivos expiatorios, mira hacia otro lado mientras mueren diariamente ancianos en las mazmorras del régimen, que vocifera su falso apoyo a los derechos humanos.

No se recuerdan los 30 millones que mató Stalin con hambrunas forzadas en Ucrania y en sus gulags siberianos, o los muertos de Mao, Pol Pot y tantos otros “iluminados” que reciben la protección histórica de la izquierda, pero el 27 de enero se conmemoró el Día del Holocausto, que costó la vida a ¡6 millones de personas!, principalmente judíos. Por ese crimen fueron juzgados sólo 24 jerarcas y 3 de ellos resultaron absueltos. Desde 1960, todos los crímenes del nazismo, salvo los asesinatos, fueron declarados prescriptos por el Parlamento alemán, pero sólo fueron considerados “asesinos” los máximos dirigentes; los demás, sólo “cómplices” que recibían órdenes y, así, la prescripción los alcanzó en 1968.

En Argentina, y por menos de 9000 muertos y desaparecidos, en 1985 fueron juzgados los 9 miembros de las tres juntas que gobernaron de 1976 a 1983, y 4 fueron absueltos. Las condenas a Videla y Massera fueron graves (reclusión perpetua) y los demás (Viola, 17 años; Lambruschini, 8, y Agosti, 4) recibieron penas menores. En especial si se las compara con las que, habitualmente, reciben –prisión perpetua y, a veces, varias- quienes obedecieron sus órdenes, inclusive aquéllos que revistaban en los rangos inferiores de los respectivos escalafones, todas en juicios amañados, ilegales y plagados de testigos, falsos pero indemnizados, y con la tolerancia y la complicidad de los asesinos togados.   

Con este Congreso y con esta Justicia, ¿obedecerán las fuerzas armadas una orden de reprimir al terrorismo, que ya se ha instalado nuevamente en todos los conurbanos del país, en el sur con los pseudo-mapuches más Montoneros, ERP, Sendero Luminoso y FARC, y en la Triple Frontera, con Hezbollah, Comando Vermelho y Primeiro Comando Capital? El Caracol ordenó a los batallones de ingenieros del Ejército construir casas y calles en las zonas más calientes y ensangrentadas de Rosario; los envió desarmados. Habrá que ver qué suceder si uno de ellos cae bajo las balas de los sicarios, tan decididos a concitar la atención de la prensa mundial con sus crímenes y atentados contra víctimas famosas.