A casi diez años del crimen del agente de Contrainteligencia Pedro Tomás Viale, alias «Lauchón», los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 de San Martín abrieron este martes el juicio a Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre, del Grupo Halcón, acusados de homicidio agravado por haber sido cometido por miembros de la fuerza de seguridad abusando de sus funciones o cargo, sucedido el 9 de julio de 2013 en la casa de la víctima en La Reja, Moreno.

Para que se entienda: en el contexto de un allanamiento por una investigación sobre narcotráfico, el grupo de elite de la Policía Bonaerense mató a un agente de Contrainteligencia de la SIDE. Y recién ahora, diez años después, comenzó el debate para desenredar la trama. Tanto tiempo pasó que ningún medio estuvo presente, salvo, claro, el portal Encripdata.

Los acusados llegaron libres al juicio: de hecho, Martínez presta servicios como subcomisario, da clases en la Escuela de Policía Juan Vucetich y hasta brinda capacitaciones en la Dirección Especial Seguridad Halcón mientras que Alegre reviste como teniente en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El tribunal está presidido por la jueza Nada Flores Vega, presente en la sala, no así sus pares María Claudia Morgese Martín y Héctor Omar Sagretti, que estuvieron conectados por Zoom para poder asistir a otro juicio superpuesto en fecha, motivo por el que habían reprogramado el inicio de este debate un par de veces.

El fiscal de juicio es Carlos Cearras mientras que los abogados Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías representan a la familia de la víctima y Augusto César Martins, a la Agencia Federal de Inteligencia (SIDE / AFI). Facundo Améndola defiende a los dos policías imputados. El juez de instrucción fue Martín Ramos y el fiscal de esa instancia fue Santiago Marquevich.

Tras el inicio formal, el secretario del tribunal leyó los requerimiento de elevación a juicio, en el que las partes acusadoras coincidieron en imputarles el artículo 80, inciso 9, del Código Penal, pues «Martínez y Alegre, abusando de sus funciones y cargo, dieron muerte a Viale, en ese entonces miembro activo de la SIDE, dependiente de Presidencia de la Nación».

«El suceso que constituye el objeto procesal de esta causa -remarcó el MPF en el dictamen- no se encuentra controvertido ni cuestionado por los propios involucrados ni por la mujer del fallecido y es además coincidente con el resultado de la prueba objetiva (estudios periciales e informes técnicos) recabada y gradualmente incorporada a este sumario».

El fiscal, entonces, recordó que «a partir de haberse registrado diálogos entre el principal sospechado, Rodolfo Ángel Carricaburo, con Pedro Tomás Viale, alias ‘El Lauchón’, respecto de posibles maniobras vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes, el juez federal Juan Manuel Culotta dispuso y libró órdenes de allanamientos«.

«La inspección judicial dispuesta sobre esa vivienda -puntualizó- perseguía como finalidad lograr la incautación, de sustancias estupefacientes, elementos de corte o estiramiento, sustancias tales como precursores químicos, artículos y/o herramientas empleadas para producción y/o elaboración de sustancias estupefacientes (prensa, balanzas, moldes, etc.) y todo elemento empleado en la misma, armas de fuego, dinero en efectivo, agendas, pasaportes, equipos de telefonía móvil, así como también el secuestro de documentación del rubro inmobiliario».

De la casa del «Lauchón», la Bonaerense no se llevaría droga ni prueba incriminatoria alguna.

Alrededor de las 3 de la mañana, Enrique Roberto Maldonado, jefe de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de San Miguel, y Hugo Orlando Fasone, a cargo del inminente operativo sobre Viale, reunieron al escalón designado del Grupo Halcón para explicarles el objetivo.

Maldonado sabía que Viale era agente activo de la SIDE.

Fasone también lo sabía.

Es más: ellos les entregaron «a cada oficial una carpeta con la orden de allanamiento, formularios de declaración, constancias para entregarle a los testigos, fotografías de la vivienda a allanar, en el caso de que se tenga que detener a una persona su fotografía; todo a modo de ilustración».

La orden de allanamiento, que pudieron leer los acusados, rezaba textualmente: «Es importante destacar el fluido contacto que mantiene Carricaburo con el sujeto apodado ‘Lauchón’, quien fuera identificado como Viale, que según la investigación pertenecería a la Secretaría de Inteligencia y lo ayudaría a Carricaburo en las actividades que desarrollaría».

Todos sabían quién era.

Para la fiscalía, Martínez y Alegre abusaron de sus funciones y cargo porque «al momento de efectuar los disparos, la víctima los enfrentaba desde el interior de una habitación desde la cual no tenía posibilidad de escape» y encima ellos, acompañados del resto del escalón, lo superaban en cantidad, por lo que «podrían haber actuado de manera menos lesiva». Pero hicieron todo lo contrario: «Debe tenerse en cuenta que en el baño se encontraron una vaina y un proyectil provenientes del arma utilizada por Martínez», es decir, «disparó cuando Viale se encontraba allí acorralado».

Según el fiscal y la AFI, el Grupo Halcón irrumpió a las 5.45; según los abogados de la familia, fue antes, a las 5.30, por lo que al no tratarse de un «caso sumamente grave y urgente» que habilite «proceder a cualquier horario», deberían haberlo hecho según el artículo 225 del Código Procesal Penal, que indica que «cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia solo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol».

Para los abogados de la familia fueron directamente a matarlo: «Fue tan evidente que se trató de un ‘ajuste de cuentas’ que hasta la propia AFI decidió asumir el rol de querellante en este proceso, en la inteligencia que no se trató de un mero error de procedimiento sino de un ataque directo a un agente». De hecho, varios jefes de la SIDE, como Horacio Antonio Stiuso, «Jaime», amigo de Viale, aludieron a «una suerte de ajuste de cuentas por la labor que le cupo a Viale en algún operativo anterior».

«Martínez y Alegre se valieron -insistieron- de un procedimiento, en el cual estaban llamados a actuar, para dar muerte a Viale. Y ese actuar abusivo es el que derivó en la muerte de Viale, sea porque el allanamiento se concretó en horario nocturno, sea porque no se le hizo saber al allanado que se estaba por concretar esa medida como corresponde en un Estado de derecho (lo que podría haber evitado el uso de la fuerza, pues nada permitía suponer resistencia del pesquisado), sea porque se hizo uso de la fuerza en un modo desmedido y desproporcionado, sea porque todo indica que el personal policial comenzó a disparar aún antes de recibir algún tipo de agresión por parte del allanado».

La investigación misma que derivó en el allanamiento, acusaron, fue la coartada perfecta: «No surgió allí en forma nítida la supuesta ‘llegada de la droga’ y, menos aún, el ‘apuro’ o a la ‘urgente necesidad’ de concretar tantos allanamientos. Así, como primera aproximación, despierta suspicacias que, con tan poca información, se haya precipitado tamaño operativo, que podría catalogarse ‘excursión de pesca’, en innumerables inmuebles, muchos de ellos sin relación con las conversaciones de Carricaburo donde podría aludir a droga. Tampoco hay una mención específica para vincular a Viale con lo relacionado con la droga que supuestamente había llegado. De allí que ir a buscar estupefacientes a la casa de Viale resultaba al menos infundado, en función de las pruebas reunidas en el expediente que diera origen al allanamiento».

Damián Ezequiel Parola, un policía que investigó a Carricaburo, declararía después que no existían indicios para presumir que el «Lauchón» tuviera droga en su propiedad. Pero ya era tarde: la madrugada del 9 de julio del 2013, el Grupo Halcón fue a buscar al amigo de «Jaime» Stiuso.

Los testigos del operativo, presentes desde el primer minuto, no escucharon a los policías identificarse como tales. Martínez y Alegre declararían que dieron la voz de alto -«policía, policía»-, pero que el sonido de los disparos fue más fuerte que sus gritos, es decir, en el mismo segmento temporal. La viuda, en cambio, contaría que fue todo lo contrario: que Viale, ya recluido en el baño, pedía «chapa, chapa, mostrá la chapa» mientras seguía el fuego cruzado.

Durante el debate, el tribunal podría ordenar la reconstrucción del hecho. Esa medida de prueba serviría para resolver la situación procesal del resto del equipo del Grupo Halcón y los superiores que aún se encuentran imputados: Ricardo Núñez, José Humberto Antichan, Raúl Héctor Castro, Damián Norberto Ignomirellio, Cristian Adrián Herrera, los jefes Maldonado y Fasone, Adrián Horacio Carrescia, subjefe de la DDI antinarco de San Miguel, y José Armando Tsuruoka, director de operaciones de la superintendencia antinarco.

Con los estudios planimétricos y balísticos, es decir, la ubicación de las vainas servidas que muestra el origen de los disparos y la ubicación de los proyectiles que muestra el lugar hacia donde se dirigían, el fiscal y las querellas también podrán evidenciar cuándo y dónde empezó a abrir fuego el Grupo Halcón y cuándo y dónde dejó de responder Viale, al que le acertaron once disparos -rostro, tórax, miembro superior izquierdo y cadera derecha-, uno de los cuales le provocó una hemorragia aguda que evolucionó con un shock hipovolémico y consecuente óbito. Fue Martínez.

Cuando requirió la elevación a juicio, el fiscal Marquevich solicitó extraer testimonios para seguir la instrucción sobre todo el resto. La familia de Viale no tiene dudas: aquel 9 de julio, la Bonaerense fue directamente a matar al agente de la SIDE para mandarle un mensaje a «Jaime» Stiuso.

Así, tras hacerles saber formalmente las acusaciones en su contra, el tribunal les tomó declaración indagatoria a Martínez y Alegre, que se acogieron al derecho de guardar silencio sin perjuicio de poder hacerlo más adelante.

El debate tendrá cuatro jornadas más. La próxima: el 4 de abril.