Sin importar los gobiernos, la Compañía Naviera Horomar sabe acercarse a las cúpulas de YPF y cerrar negocios millonarios. Lo hizo con el macrismo y vuelve a generar escándalo ahora la renovación de un contrato para utilizar seis barcazas de YPF para trasladar combustible hasta el norte argentino por el Río Paraná.

En enero del 2019, YPF extendió por cinco años, con opción a dos de prórroga, el contrato para transportar combustible en barcazas desde las refinerías al norte argentino. El contrato contemplaba unas seis barcazas con capacidad para 5.000 metros cúbicos y dos remolcadores. La historia vuelve a repetirse y ahora a mano de la actual conducción de la petrolera estatal.

En 2021, ya en el Gobierno de Alberto Fernández y con Sergio Affronti al frente de la petrolera estatal, extendió el contrato. Se trata de uno de los acuerdos más codiciados y en el ambiente del negocio marítimo y fluvial, lo apuntan como uno de los agujeros negros de la corrupción estatal y privada. Sospechan que la licitación fue a medida de Horamar, según una nota publicada en un portal de noticias.

La Compañía Naviera Horamar es propiedad de los hermanos Claudio y Carlos López que en 2008 se fusionaron con Navíos Maritime Holdings, un grupo que nació a mediados del siglo pasado como subsidiaria de la United States Steel, una compañía gerenciada por el JP Morgan, para transportar mineral de hierro desde Canadá y Venezuela a los Estados Unidos.

Con los años, sumó negocios en la región a través de "la participación en la mayoría accionaria en Navíos South American Logistics Inc., una de las mayores empresas de infraestructura y logística en la región de Hidrovía de América del Sur", sostiene en sus informes trimestrales para inversores. Esto la ubica como una empresa con fuerte capacidad para cerrar los contratos con YPF.

De hecho Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, previamente se desempeñó como gerente de Transporte Marítimo de Horamar entre los años 2007 al 2015, cuando asumió como funcionario macrista.

En su momento el acuerdo llegó a la Justicia. A fines del 2020 antes del cambio de Gobierno el juez federal Sebastián Ramos dictó una medida cautelar a favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los trabajadores marítimos de las embarcaciones contratadas por YPF. Ramos ordenó la suspensión temporal de la contratación de la empresa Compañía Naviera Horamar a la que en septiembre de ese año se le había adjudicado el contrato por US$ 67 millones. La medida fue apelada y el negocio continuó. 

El juez Ramos asimiló entonces las responsabilidades de los directivos de YPF a las de un funcionario público porque si bien se trata de una sociedad anónima (estatal) la asimiló a una empresa estatal y por tanto sus directivos podían tener la responsabilidad legal igual a la de cualquier funcionario público.

En el sector sostienen que es necesaria una nueva legislación pero la Comisión Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios está presidida por la diputada de la Coalición Cívica, Mariana Zúvic, quien paralizó el tema, según denuncian en el sector.

La noticia fue duramente criticada por sectores del kirchnerismo. Una agrupación lamentó que se consolidará la decisión del macrismo de excluir del negocio a la National Shipping, la naviera fundada por ex trabajadores de YPF que perdieron su trabajo cuando el menemismo decidió desguazar la flota fluvial de la petrolera. Esa firma prestó el servicio por casi dos décadas, hasta que el macrismo la excluyó del negocio en una licitación muy cuestionada.

Noticias Argentinas intentó sin suerte, contactar a los responsables de Horamar al número telefónico que figura en la página oficial de Compañía Naviera. Llamativamente no atiende ni un contestador directamente liga a un número ocupado.