La flamante ministra de Salud, Graciela Ocaña —a quien muchos han dado en llamar “la hormiguita”, así bautizada por su ex amiga y ex compañera de bancada Elisa Carrió—, no ha comenzado con buen pie su gestión al frente de esa cartera en la que reemplazó al pícaro de Ginés González García, premiado con la embajada argentina en Chile. En realidad Ocaña comenzó con el mismo mal pie —quizás para solidarizarse con ella— que su nueva amiga desde que se pasó a las filas del oficialismo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que en sus escasos cincuenta días como ministra, “la hormiguita” ya tiene el hormiguero bastante pisoteado y, como sucede cuando se pisa un hormiguero, alborotado.

Según importantes revelaciones que nos acaba de hacer una fuente que se desempeña en la rosada mansión porteña de Balcarce 50, Graciela Ocaña se abocó a la tarea de investigar numerosas irregularidades cometidas en diversas áreas por funcionarios muy ligados a Ginés Gonzáles García —con quien ella estaba enfrentada desde su anterior llegada al PAMI— y que ahora, con las embestidas de la ministra, corren de un lado para otro haciendo conciliábulos entre ellos, viendo algunos la posibilidad de irse en un par de meses mientras otros evalúan continuar pero haciéndole un vacío total a Ocaña.

De hecho, en el ministerio de Salud está todo prácticamente “parado”, con trabajos sin entregar y sin decisiones que tomar, mientras las reuniones del gabinete ministerial transcurren prácticamente dentro del mutismo y la indiferencia, ya que Ocaña, que no es médica, está rodeada de médicos que no la tienen muy en cuenta. Más aún con lo que consideran una “persecución” de la ministra.

El caso es que “la hormiguita” ya descubrió “chanchullos” bastante densos. Uno de ellos es un crédito otorgado a la anterior gestión por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 300 millones de dólares para “investigaciones”, pero resulta que la planta nombrada estaba compuesta por 130 personas inexistentes y el lugar para las supuestas “investigaciones” estaba registrado con una dirección también inexistente, ubicada en Avenida de Mayo al 800, en la Capital Federal, casualmente –o no, como veremos más adelante- frente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Otro tema que derivó en un verdadero escándalo —y que fue revelado por el sitio digital “Crítica de la Argentina”, una avanzada del diario que sacará al ruedo Jorge Lanata en marzo próximo— es el de un programa televisivo que se realizaba desde el año 2003 en el oficial Canal 7, y en el que está involucrado Marcelo Duhalde,  hermano del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y ex asesor de Ginés González García.

El programa en cuestión, denominado “Saludarnos” y que iba diariamente en el horario matutino de las 9 horas, contaba con un presupuesto para su producción, sólo en el año 2007, de 1.400.000 pesos, lo que le hubiera permitido sacar al aire un programa como los de Marcelo Tinelli en lugar de algo tan paupérrimo como lo que se emitía. Por supuesto, “la hormiguita” lo levantó de inmediato.

Es que como es habitual en la “gran caja” que es el canal oficial, el negocio se hizo como coproducción en la que Canal 7 aportaba la infraestructura física y los medios técnicos que requería la puesta en el aire, en tanto el ministerio de Salud se hacía cargo de los salarios y gastos del personal técnico y profesional. Marcelo Duhalde percibía, como asesor de Ginés González García, un sueldo de 4.700 pesos que no dejó de cobrar al hacerse cargo de la producción de “Saludarnos”, donde el anterior ministro lo confinó luego de mantener algunas diferencias con él.

Al asumir su cargo Ocaña, una de las primeras investigaciones que encaró fue sobre la “Unidad Ministro”, revisando todas las cuentas. Allí se encontró con facturas por servicios inexistentes (¿se acuerdan de Skanska?); compras de artículos para uso personal; gastos de combustibles, peajes y reparaciones de vehículos no oficiales; cargos falsos por ciertos trabajos, como pagos por “trabajo periodístico” al chofer de Duhalde; compras de computadoras que ahora no aparecen, ni en el ministerio de Salud ni en Canal 7; pasajes injustificados en avión (¿se acuerdan de Romina Picolotti?); y la contratación de la esposa de Duhalde como “asesora” del programa, cuando tenía el mismo cargo y cobraba sueldo también en otro convenio del ministerio.

Así que se entiende por qué a “la hormiguita” se le pararon las antenas y tomó cartas en el asunto, levantando un programa tan competitivo con los de Tinelli y despidiendo de inmediato a Marcelo Duhalde.


ANMAT: se ha formado una pareja

En el caso del crédito otorgado a la gestión de Ginés González García por el BID para “investigaciones”, donde se ha descubierto una planta de 130 “investigadores” fantasmas y una localización ídem, muchos señalan a la ANMAT como “metida” en ese tema. De hecho a su interventor, Manuel Limeres, se lo sindica como “incondicional” de Ginés. Y ahí va de nuevo “la hormiguita”, que acusa a ese organismo como un “nido de mucha corrupción” y ya ha puesto la mira también allí.

Quizás por ello es que Limeres no le renovó los contratos, caducados el pasado 31 de diciembre, a dos de sus “mano derecha”. Ellos son Fernanda Tokumoto, quien en cuatro años pasó de ser propietaria de dos farmacias a ser titular de seis, además de convivir con Limeres, y Luis Rodríguez, a quien la gente de ANMAT lo llama en voz baja “el recaudador”, quién sabe por qué.

En realidad la feliz pareja Limeres-Tokumoto ha progresado mucho y visto evolucionar rápidamente su poder adquisitivo, considerando que son empleados del Estado. En los pasillos de la ANMAT se afirma que el primero tendría actualmente una pequeña fortuna de 1.000.000 de pesos, que supo amasar gracias a ciertos “porcentajes” obtenidos de su connivencia con importantes laboratorios medicinales.

Por su parte Fernanda Tokumoto adquirió un departamento de cuatro ambientes, al que reacondicionó totalmente, para un hijo suyo, y para ella un automóvil último modelo. Todo un ejemplo de sabia administración de su sueldo de 2.500 pesos, más lo que ella dice sacar de sus farmacias. El detalle es que las mismas están ubicadas en las zonas más carenciadas de Florencio Varela y, en principio, eran sólo dos.

Las travesuras de Lino

José Lino Barañao es doctor en Química y presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que a su vez depende del Ministerio de Educación. Además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, en el área de la biotecnología animal aplicada a la reproducción bovina. No sabemos si mantendrá esos cargos, ya que al asumir la presidencia Cristina Fernández de Kirchner creó el nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y puso como titular al doctor Barañao, a quien la prensa oficial se apresuró en mostrar como un “científico destacado y respetado por sus pares”. Sin embargo sería interesante conocer qué intereses defiende el flamante ministro de la flamante cartera.

Según informó el programa periodístico “Prende la Luz”, emitido por la FM Flores 90.7 de Buenos Aires, hace un año el investigador independiente del CONICET Eduardo Saguier denunció una enorme cadena de corrupción entre esa entidad, sus comisiones asesoras, las Universidades nacionales, sus consejos directivos y la Secretaría de Ciencia y Técnica. Dentro de esa red, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica cumpliría un rol fundamental en la “cadena de la felicidad” utilizada para beneficios personales, cooptación de científicos para intereses políticos y privados y el desvío de fondos a empresas privadas.

La denuncia, que nunca fue refutada en forma consistente, consignaba cómo medio centenar de coordinadores de áreas de la Agencia Científico-Técnica, setenta miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y medio centenar de Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades y Universidades Nacionales se habrían otorgado subsidios a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco. Unos dos mil “investigadores”, que son “jueces y parte”, reciben anualmente un promedio de 100.000 dólares cada uno. En el año 2001, el propio José Lino Barañao participó del “reparto” con un subsidio de 140.000 dólares.

Con multiplicar 100.000 dólares por dos mil presuntos investigadores, la cuenta de lo que estos buenos muchachos roban al Estado es fácil.

Entre otras travesuras de este “respetado y destacado científico” aparece la siguiente. En 1991, cuando las multinacionales de los agronegocios habían definido a la Argentina como el gran campo de experimentación de cultivos transgénicos, el gobierno de Carlos Menem creó un órgano de “asesoramiento técnico” del secretario de Agricultura: la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). La CONABIA se encarga de regular la liberación al ambiente de materiales animales y vegetales obtenidos mediante ingeniería genética. Está constituida por representantes de los sectores público y privado interesados en los grandes negocios transgénicos, por lo tanto se comporta como un colador y nada está prohibido. A modo de ejemplo: el evento T25 del maíz transgénico de Bayer, el denominado Liberty Link, está prohibido en Brasil pero en nuestro país fue autorizado por la CONABIA en junio de 1998.

Dentro de este grupo “interdisciplinario e interinstitucional” se encuentra el CONICET, ¿y quién participa de la CONABIA en representación del CONICET?. Pues el doctor José Lino Barañao. El mismo que participó en 2004 de la elaboración del “Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria” que el entonces ministerio de Economía de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna redactó a la medida de las multinacionales como Advanta, Bayer, Nidera, Syngenta y Monsanto.

Como todos sabemos, la alquimia transgénica ha tenido rutilantes fracasos como la clonada oveja Dolly, “creada” en 1997 y sacrificada en 2003 con signos evidentes de envejecimiento prematuro. Asimismo, los cultivos transgénicos han ocasionado -y siguen ocasionando- severos impactos ecológicos, ambientales y socioeconómicos que obliga a las multinacionales de los agronegocios a destinar una parte de sus ingentes ganancias a una profusa propaganda en los medios, al soborno de funcionarios y a la cooptación de científicos.

Algunos ocupan encumbrados cargos públicos, como entre otros los aquí mencionados titulares de la ANMAT y de la nueva cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Todo un ensamblaje que depende del ministerio de Salud. El alborotado hormiguero del que ha sido enviada a hacerse cargo “la hormiguita” Graciela Ocaña.

Y que si ya encontró lo que encontró, no nos imaginamos qué habrá de seguir encontrando en ese verdadero antro que tan bien han aprovechado para su propio beneficio y el de algunos de sus amigos, en los últimos años, ministros como Héctor Lombardo en la administración de Fernando de la Rúa y Ginés Gonzáles García bajo las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.