Según el Presupuesto 2023, las partidas oficiales que manejan las organizaciones sociales más vinculadas al kirchnerismo superan ampliamente los fondos asignados para la mayoría de los ministerios, incluyendo áreas sensibles como Salud y Justicia. ¿Cómo se explica esto?

Es que, como se sabe, Emilio Pérsico, además de ser uno de los referentes del Movimiento Evita, muy cercana al oficialismo, es a su vez funcionario del gobierno, teniendo a su cargo la secretaría de Economía Social.

El presupuesto de esta repartición para el actual ejercicio es de más de $594.000 millones.

Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), controla a través de Fernanda Miño la secretaría de Integración Socio Urbana, que administra partidas por $11.200 millones.

Entre ambas secretarías, que dependen del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, suman más de $605 mil millones. Y una de sus funciones es administrar los planes sociales que ellos mismos pagan.

Uno de ellos es el Potenciar Trabajo, con 1.268.044 beneficiarios. La particularidad de este programa es que se canaliza a través del Movimiento Evita de Emilio Pérsico.

Los más de $600.000 millones superan el presupuesto asignado en 2023 para 13 carteras: Jefatura de Gabinete, Interior, Cancillería, Justicia, Defensa, Turismo, Transporte, Obras Públicas, Desarrollo y Hábitat, Ciencia y Tecnología, Cultura, Salud, y Ambiente.

Y le pisa los talones nada menos que a Seguridad, que controla fondos por $619.186.324.722.

A su vez, casi duplica a Salud, con poco más de $390.000 millones, y supera ampliamente a Justicia ($104.400 millones). También le gana a Obras Públicas, ($565.200 millones).

Sólo poseen más partidas Economía, Educación, y Trabajo. Desarrollo Social, de quien dependen, tiene asignados $1.169.156.152.175.

También superan los presupuestos para 2023 de provincias como Formosa ($526.745 millones) y Catamarca ($453.775 millones). Y queda ahí nomás de una de las provincias más pobres de la Argentina: Chaco, que aprobó egresos por $705.775 millones.

Tales ejemplos grafican la magnitud del monto que manejan Pérsico y Grabois, tal vez los dos dirigentes sociales de mayor peso en el país.

Como ya si dijera, el plan más importante que administra el líder del Movimiento Evita, es el llamado “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local”, más conocido como “Potenciar Trabajo”.

Creado por el gobierno de Alberto Fernández a través de la Resolución 121/2020 al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, está dirigido a aquellos que “estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la economía popular”, y “sean mayores de 18 y menores de 65 años”.

Según su texto, su finalidad “es promover la inclusión social plena y mejorar los ingresos de las personas físicas que están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica”.

Pero sus mayores críticos apuntan a que el plan “no plantea una forma de salida del programa”, y que además “incentiva a las titulares a permanecer de forma vitalicia en él”.  De hecho, quienes son titulares del programa y tienen hijos menores de edad, pueden llegar a cobrar otros subsidios simultáneamente.

De acuerdo a un artículo de Clarin, tenía en sus comienzos 760.000 beneficiarios, y tres años después ya tiene más de 1.2 millones.

Pero el “Potenciar Trabajo” no es el único programa que maneja Emilio Pérsico desde su lugar como funcionario. También tiene bajo su órbita “El barrio cuida al barrio”, “Plan federal de ferias”, “Argentina recicla”, “Manos a la Obra”, “Mercados de cercanía” y “Microcréditos”.

En tanto, la secretaría de Integración Socio Urbana tiene como programa más trascendente el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

De acuerdo al último relevamiento del propio organismo, hay en el país exactamente 5.687 barrios populares. Se trata de urbanizaciones precarias formadas con “un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos 2 de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal”.

En total, se trata de un universo de aproximadamente 5 millones de personas.

Las obras de la secretaría manejada por Fernanda Miño se canalizan a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso financiado con el 9% del impuesto PAÍS a la compra de dólares. En 2022 también recibió fondos por el impuesto a las grandes fortunas aprobado a fines de 2021 e impulsado por Máximo Kirchner.

Para fines del año pasado, el FISU contaba con $68.000 millones, a los que habría que sumar aproximadamente unos $10.000 millones más, de acuerdo a cálculos oficiales. Otra cuantiosa cifra manejada, en este caso, por dirigentes allegados a Grabois.

En rigor de verdad, dicho fondo fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del decreto 819/2109, y Alberto Fernández lo dejó en manos del amigo papal, y lo nutrió con los aportes de los impuestos que su gobierno creó.

Según un informe de Forbes Argentina publicado en junio de 2022, en el país “hay 141 programas de protección social y ayudas estatales”. 

También por aquellos días, un proyecto de Diputados del PRO planteó “la posibilidad de eliminar de manera progresiva los planes sociales” a través del «Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad«, el cual ofrece a beneficiarios de asistencia oficial cursos de formación a cambio de continuar recibiendo las prestaciones por un máximo de dos años.

Según el INDEC, en el segundo semestre 2022, la pobreza fue de 39,2% y la indigencia de 8,1%, lo que representa18.679.605 pobres y 3.859.816 indigentes. Con una inflación en marzo récord para un mes en 20 años, con el 7,7%, una pobreza, estos guarismos claramente va a empeorar.

Lo que redunda en un círculo vicioso: mientras este escenario perdure, los Pérsico y los Grabois de la vida seguirán existiendo.