Se supo hace apenas unas horas. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Grupo Marsans, es decir el dueño de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán, es uno de los que se encuentra a la cabeza de los que financiaron la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, junto a su socio Gonzalo Pascual. O sea que no sólo de maletinazos dolarizados de contrabando provinieron los fondos para que la presidenta llegara a serlo como llegó: desarrollando una onerosísima campaña eleccionaria que contrastó visiblemente con las paupérrimas campañas realizadas por los partidos opositores.
    Como señaló el diario La Nación, de los 15 millones de pesos gastados por Cristina y sus acólitos en las escalas previas a su ascenso al poder, el 85 por ciento fue financiado por 162 empresas entre las que figuran laboratorios farmacéuticos y compañías pesqueras. Se entiende así el por qué de las contemplaciones y el permisivismo que siempre tuvo el ex ministro de Salud, Ginés González García, frente a los abusos, negociados y otras cuestiones emprendidas por las multinacionales farmacéuticas en el país, y también el por qué de tantas turbiedades y ocultamientos en torno a diversos enjuagues de ciertas compañías pesqueras, en su gran mayoría de capitales españoles a las que encabeza Conarpesa —vinculada a Néstor Kirchner—, y donde no se puede evitar recordar el extraño y jamás aclarado asesinato del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa.
    Se comprende asimismo la paciencia y tranquilidad del gobierno argentino frente al caos aéreo provocado desde hace meses por Aerolíneas Argentinas y el hecho de que se haya mostrado tan dócil con sus propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, aunque ello no sorprende tanto si se tiene en cuenta que habiendo colaborado con más de 100.000 dólares, la empresa es la tercera que más aportó a la campaña presidencial. Una de las primeras medidas del gobierno argentino actual fue aumentar las subvenciones públicas para los vuelos de cabotaje, de la que Aerolíneas es la principal beneficiada. Lo que equivale a más ayudas públicas a cambio de financiación electoral, lo cual obviamente no convence a los trabajadores, quienes ven cómo se deteriora el servicio y se vacía la empresa. De allí que la Asociación del Personal Técnico de Aerolíneas (APTA) no está dispuesta a firmar la “paz social” que le está exigiendo el gobierno. Al menos no la firmará con el Grupo Marsans.
    Esta docilidad del gobierno argentino ante Marsans es muy similar a la de la prensa española, de la que Marsans es uno de sus principales accionistas. Por ejemplo, ningún periódico se ha hecho eco de la nueva etapa que se abre en el Juzgado Nº 35 de Madrid, donde se desarrolla la causa penal  contra Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual así como contra Antonio Mata, el primer presidente que los dos empresarios colocaron en Aerolíneas, por desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal. Algo de lo que ya dimos cuenta en un informe anterior.
    En tal sentido, la jueza Gemma Gallego solicitó un informe a la Agencia Tributaria, y ésta dictaminó que Díaz Ferrán, Pascual y Mata habían evadido 107 millones de euros al Fisco, precisamente por el caso Aerolíneas. Claro, la publicidad que paga en todos los medios la mayor agencia de viajes del país, propietaria también de Air Comet, y hasta hace seis meses la publicidad también de Spanair y de Pullmantur, ha hecho que la prensa española, que conoce perfectamente los hechos, guarde un conveniente silencio.
    En tanto el gobierno argentino, tanto en su anterior versión Néstor como en la actual de Cristina, no le ha hecho asco ninguno al hecho de ser contemplativo con sinvergüenzas como los propietarios de Aerolíneas Argentinas, aunque estén haciendo trizas la compañía aérea de bandera nacional. Si dieron una mano como la que dieron en la campaña electoral “cristinista”, mejor mirar para otro lado. Todo vale.


Comunicado de APTA
Informe general de APTA sobre “Paz social”

    “Desde hace varios meses, los dueños de MARSANS y controlantes de Aerolíneas Argentinas y Austral, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, junto con el anterior y actual gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, están operando mediática y políticamente para obligar a APTA, y demás sindicatos aeronáuticos, a que firmen un acuerdo embusteramente denominado “Paz Social”, que tal como se lo ha presentado solo favorecerá los propósitos e intereses sectoriales de quienes lo formulan, pero resultará absolutamente contrario a los de nuestra Línea Aérea de Bandera y Austral, sus trabajadores, usuarios, y el interés del público argentino.
   “La falacia en que se basa tal propuesta —que la ilegitima y descalifica—, es la de trasladar la verdadera causa de la gravísima crisis general que atraviesan ambas compañías a sus trabajadores y sindicatos. De lo que se trata, es de distorsionar ante la sociedad argentina el comportamiento de los empresarios y gobiernos nacionales desde Octubre de 2001 a la fecha, cuando los dueños de MARSANS se hicieron cargo de ambas empresas, haciendo pasar a las víctimas —sus trabajadores— como victimarios, para exculpar a los victimarios auténticos —empresarios y gobernantes— presentándolos a su vez como las víctimas. Con la misma perversa antilógica o inversión de causa-efecto se puede afirmar, que los bomberos son los culpables de los incendios porque habitualmente aparecen cada vez que surge uno.
    “Los sindicatos deben intervenir y llegar incluso a hacer uso de su derecho constitucional de tomar medidas de fuerza, cuando todas las opciones de diálogo y negociación se han agotado. Y APTA ha hecho uso —no abuso— de ese derecho solo en cuatro oportunidades en 7 años.
   “Por otra parte, si la culpa de los problemas de las compañías aerocomerciales fuera por la cantidad de gremios aeronáuticos y su proceder, el principal competidor local de Aerolíneas y Austral, LAN, debería tener similares conflictos sindicales y mal servicio, como falta de rentabilidad e inversión; en cambio, su situación es diametralmente opuesta, con una situación gremial y laboral estable.
   “El supuesto pacto de “Paz Social”, que Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz junto con el gobierno de Cristina Kirchner, como anteriormente con el de Néstor Kirchner, exigen a APTA y restantes sindicatos firmar, bajo pena de demonizarlos socialmente como los verdugos de Aerolíneas y Austral si no lo hacen, es una capciosa propuesta que, con argucias del razonamiento, busca engañar a la opinión pública.
   “De suscribirlo, APTA y sus representados se harían cargo en primer lugar, de toda la falta de inversión y vaciamiento en ambas empresas cometido hasta la fecha por MARSANS, eximiendo de responsabilidades éticas, judiciales y políticas a empresarios y gobernantes; luego de no haber tenido voluntad ni ejercicio activo del diálogo y la negociación para concretar acuerdos; y, lo más grave, la conducción de APTA debería renunciar a derechos constitucionales de sus afiliados para lo cual no tiene atribuciones.
    “El gobierno nacional, desgraciadamente, ha demostrado que no puede erigirse ni en garante ni en juez de nada que los sindicatos firmen con MARSANS, porque está claramente inclinado a su favor. Creyendo exclusivamente en sus dichos —por “default”, sin investigar y verificar—, como igualmente, aprobando solo su accionar. Es parte, junto a MARSANS.
    “Hoy, el nombre de la “paz social” en Aerolíneas Argentinas y Austral es: inversiones reales, empresarios probos y un estado al servicio del interés público nacional.


Situación de Aerolíneas Argentinas y Austral

    “Los gravísimos problemas de nuestra aerolínea de bandera y Austral, que APTA ha estado denunciado desde mediados 2002, hoy se manifiestan en: un endeudamiento postconcursal real de Aerolíneas Argentinas, la cual ni siquiera salió de su concurso de acreedores presentado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ente del estado español, en Junio del 2001, de alrededor de 1.000 millones de dólares; flotas de ambas empresas insuficientes en cantidad de aeronaves como de perfil predominantemente obsoleto y antieconómico por su alto consumo de combustible, debido a que los dueños de MARSANS no cumplieron con sus compromisos de inversión en flota estipulados en el contrato de compraventa de Aerolíneas y Austral, subscripto con el Estado español y aprobado por el Consejo de Ministros de España.
    “También, la carencia de inversión de MARSANS es generalizada y crónica en el Centro de Reparación y Mantenimiento aeronáutico de Ezeiza y Aeroparque; existen miles de unidades y equipos aeronáuticos sin reparar, falta de compra de repuestos y cobertura de vacantes de mano de obra técnica. Lo que complica y demora más las tareas de puesta en servicio de las aeronaves y conlleva a utilizar depredadoramente aviones como fuentes de repuestos, lo cual termina en su desguace, o sino aumenta enormemente los costos empresarios, obligando a la compra o alquiler urgente de unidades y repuestos en el exterior.
    “Esta situación se ha continuado agravando, y desde hace varios meses desde la más alta conducción de las dos compañías, se notifica a la gerencias que existen fondos mensuales solo para abonar combustible y salarios; además por supuesto, de los leasing de las aeronaves, que en su gran mayoría pertenecen a otra empresa del Grupo MARSANS, es decir que se les abonan a PASCUAL y DÍAZ.
    “Los incumplimientos contractuales de Marsans y el desvío de fondos públicos españoles destinados a Aerolíneas Argentinas y Austral por 758 millones, comprobados.
    “Tres informes surgidos de organismos del poder ejecutivo español entre el 2006 y 2007, que se complementan con lo denunciado judicialmente hasta principios del 2006 por sendos organismos del poder ejecutivo argentino, han demostrado indiscutiblemente que las denuncias por años expuestas por APTA, sobre los generalizados incumplimientos contractuales cometidos por Gonzalo PASCUAL y Gerardo DIAZ sobre sus obligaciones de compra en Aerolíneas Argentinas y Austral convenidas con la SEPI/Estado español, no son ni suposiciones ni alucinaciones de este sindicato.
    “Esas violaciones de compromisos de compras, como consecuencia del desvío de fondos públicos españoles efectuado por los dueños de MARSANS, monto que le fue entregado por la SEPI/Estado español para sanear a las dos empresas y reactivarlas industrialmente, el cual ellos cobraron pero jamás llegó a su destinos contractuales, están profusa, rigurosa y objetivamente probadas por el Tribunal de Cuentas de España en sus dos Informes de Fiscalización sobre la compra de Aerolíneas Argentinas, Nros. 705/06 del 13/03/06 y 765/07 del 19/07/07 (ver página del Tribunal de Cuentas www.tcu.es), en los que se concluye que las constancias de imputación de esos fondos o son inválidas —no están debidamente acreditadas en la mayoría de los casos—, o son de dudosa credibilidad.
    “Como así también se desprende inequívocamente del Informe Pericial de la AEAT de España (Agencia Estatal de Administración Tributaria) presentado en Octubre del 2007, por requerimiento del tribunal de instrucción criminal Nº 35 de Madrid, a cargo de la Jueza Gemma Gallego, donde PASCUAL, DIAZ y Antonio MATA están imputados por falsedad documental, delito tributario y desvío de fondos públicos en relación a la compra y administración de Aerolíneas Argentinas, informe que demostró que los dueños de MARSANS habían defraudado al fisco en el balance 2002 de Air Comet-MARSANS por 100 millones de euros (300 millones actualizado con intereses y punitorios), al no haber registrado créditos comprados contra Aerolíneas Argentinas por 300 millones de dólares, por lo cual violaron el contrato de compraventa refrendado por el Consejo de Ministros, que estipulaba que esas deudas debían ser canceladas, no subrogadas o compradas por MARSANS, desviando además esos fondos entregados por el tesoro español, del destino contractualmente estipulado para Aerolíneas Argentinas.
    “Las conclusiones del Informe Pericial de la AEAT respecto del desfalco al fisco por Air Comet-MARSANS como sobre el desvío de fondos públicos españoles, fueron ratificados ante la jueza del tribunal 35, por el perito contable que lo elaboró, Carlos Navas Díaz, en Diciembre de 2007.
    “Increíblemente —respecto de ninguno de los tres informes mencionados— se han dado por enterados ni el gobierno español de José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO, titular del poder que los emitió, cuyos ciudadanos son también damnificados por dicho desvío de dineros públicos como por la cuantiosa evasión tributaria de MARSANS, ni mucho menos por los funcionarios ministeriales competentes del anterior y actual gobierno, ni por Néstor y Cristina KIRCHNER.
    “Al contrario, los dos gobiernos jamás han dejado de proteger y abogar por los intereses y fines de los dueños de MARSANS. Al igual que hicieron en el pasado, Felipe Gonzalez, Aznar, Menem y De La Rúa, con la ex IBERIA estatal, durante su ominosa gestión en nuestra Aerolínea de Bandera y Austral.
    “Por su parte, el gobierno de Néstor KIRCHNER rechazó e impugnó judicialmente los balances de Aerolíneas Argentinas durante tres ejercicios consecutivos, 2002, 2003 y 2004, a instancias siempre del Ministerio de Planificación cuyo titular es Julio DE VIDO y con la aprobación del Ministerio de Economía a cargo de Roberto LAVAGNA, acusando a los dueños de MARSANS de fraude contable, por registrar en los balances de Aerolíneas Argentinas deudas que ya había sido canceladas por 300 millones de dólares (los créditos contra Aerolíneas comprados por Air Comet-MARSANS y denunciados por la AEAT por evasión fiscal al no estar registrados en sus balances; y que contractualmente PASCUAL y DIAZ debían saldar con el dinero entregado por el Estado español reduciendo los pasivos de Aerolíneas, y no comprarlos, reemplazando a otros acreedores por ellos mismos, pudiendo así participar de su concurso de acreedores aprobando ilegalmente su propia propuesta de salida concursal, como quedarse indebidamente con el 40% de esos 300 millones de dólares).
    “Los fundamentos de esas impugnaciones fueron ampliados ante nuestra justicia, también por los Ministerios de Planificación y Economía en Marzo del 2006, acusando a los propietarios de MARSANS de aprobación ilícita de su propuesta concursal en Aerolíneas en perjuicio de los acreedores minoritarios, como del vaciamiento de la empresa a favor de otras compañías del Grupo MARSANS.
    “Estos rechazos e impugnaciones por parte del Estado nacional, constituían una prueba más de los incumplimientos contractuales por parte de MARSANS, como de su desvío de fondos públicos españoles.
    “Sin embargo, en noviembre del 2006 el gobierno de Néstor KIRCHNER aprueba el balance 2005 de Aerolíneas Argentinas, en un acto de nulidad absoluta al no existir fundamentos en los hechos ni en el derecho, que habilite a tan radical cambio de posicionamiento estatal respecto de los balances de Aerolíneas Argentinas. En el sentido que un balance es consecuencia inevitable del balance anterior, y que los cuestionamientos que sustentaron las impugnaciones de nuestro Estado a los balances previos de Aerolíneas, se mantenían intactos.
    “El Gobierno anterior adujo, para tomar tal decisión, de que lo hacía en base a los acuerdos políticos firmados en Madrid en Junio del 2006, entre ese gobierno y los dueños de MARSANS, accediendo a las fuertes presiones del gobierno español para que se aprueben los balances de Aerolíneas Argentinas y que se concedan aumentos de tarifas y subsidios, junto con otras concesiones político-administrativas. Sin embargo, la Carta de Intención y Adenda, firmada en España con MARSANS, solo obligaba a nuestro Estado a “tratar” el próximo balance de Aerolíneas, no a aprobarlo.
    “Y ningún acuerdo político puede eximir de culpa y cargo a quienes delinquen –según las propias acusaciones de quienes firmaron tal acuerdo-; eliminar las ofensas criminales o los daños y perjuicios cometidos contra los intereses nacionales; y por sobre todo, convertir a los delincuentes en hombres de bien.
    “En contrapartida, PASCUAL Y DIAZ devolvieron “sin cargo” el 3,6% de acciones estatales licuadas, pudiendo reunir nuestro Estado nuevamente el 5% accionario en Aerolíneas Argentinas, aunque sin poder de veto alguno según lo subscripto en Madrid.
    “El Gobierno de Néstor KIRCHNER, pasó entonces de denunciante judicial a socio de quienes durante tres años consecutivos acusó de delinquir contra Aerolíneas Argentinas, el Estado nacional y el interés público argentino. Empezando a otorgarles crecientes subsidios, algunos denunciados por injustificados y otros por excesivos. Y de ahí en más adoptó una política de Estado en plena sintonía discursiva, estratégica y de objetivos, acorde a la voluntad e intereses de los dueños de MARSANS.


Propuesta de APTA al Gobierno nacional, partidos políticos y sociedad argentina
 
    “Por lo expuesto, el gobierno de la presidenta Cristina KIRCHNER, antes de creer ciegamente en futuras promesas de inversión por miles de millones de dólares a extranjeros que se dicen empresarios pero nunca cumplieron con sus compromisos de inversión y encima exigen indebidas y leoninas concesiones a ciudadanos y trabajadores argentinos, a quienes además buscan inculpar por sus faltas y delitos, debe empezar por exigirle que hagan efectivas sus promesas pendientes. En primer lugar, sus compromisos contractuales de compra de Aerolíneas Argentinas y Austral de realizar inversiones por 758 millones de dólares.
    “Como APTA está plenamente segura de sus afirmaciones y denuncias, propone públicamente al gobierno nacional para que definitivamente se dilucide ante trabajadores, usuarios y toda nuestra sociedad lo sucedido en las dos empresas desde Octubre del 2001, que se lleve a cabo sobre nuestra Línea Aérea de Bandera y Austral una auditoría exhaustiva, precisa e independiente, para determinar si MARSANS cumplió o no con sus compromisos de compraventa, y cuál es hoy la verdadera situación financiera, patrimonial y técnica de ambas aerolíneas, la cual podría encargarse a la Auditoria General de la Nación, que preside un miembro de la oposición, para asegurar alto profesionalismo, ecuanimidad y una representación política más amplia, considerando que se trata de un servicio público de transporte que afecta las necesidades y derechos de todo nuestro pueblo en todo nuestro país. Siempre con participación gremial para llevar a cabo las tareas de relevamiento empresarial que corresponden, y un representante de la oposición, con representación parlamentaria.


Corolarios y definiciones

    “Ya no pueden existir dudas, para ningún sector del quehacer nacional, que el ámbito para debatir sobre las causas de los graves problemas que afectan a Aerolíneas Argentinas y Austral y como resolverlos, no puede ser el laboral del Ministerio de Trabajo, sino el de los organismos del Estado que deben controlar las inversiones y la gestión de las empresas de servicios públicos, y/o donde se ejercen los derechos de control sobre las acciones en empresas que posee nuestro Estado, los cuales también tienen voz y voto para aprobar o no la administración y balances de esas compañías con participación estatal. Es decir, el Ministerio de Planificación Federal y/o el de Economía.
    “Caso contrario, ambas empresas jamás superarán sus serias crisis, y peor aún, las agravarán fatalmente al no atacar las causas de las mismas, por eximir el gobierno de la presidenta Cristina KIRCHNER a los dueños de MARSANS, de sus culpas y delitos contra Aerolíneas y Austral, transfiriéndoselas a los trabajadores y sindicatos. Usándolos de chivos expiatorios para abandonar Aerolíneas Argentinas a su suerte, y absorber Austral, con el 70% de nuestro mercado de cabotaje, saneada financieramente y recibiendo 15 veces más subsidios que nuestra aerolínea de bandera con Air Comet -MARSANS. Consumando el plan iniciado por la ex estatal IBERIA en 1990, de apropiarse —al igual que con VIASA— de todos los activos tangibles (patrimonio aeronáutico e inmobiliario) e intangibles (mercados y rutas) de nuestras dos aerolíneas locales.  También DE LA RÚA, Patricia BULLRICH, Carlos BASTOS y Domingo CAVALLO, decían que el problema de Aerolíneas era laboral, buscando circunscribir la atención pública exclusivamente al Ministerio de Trabajo, con el fin cómplice de encubrir a IBERIA y al Estado español por su vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral, y culpar de su caída únicamente a trabajadores y sindicalistas. Como IBERIA/Estado español, hizo en Venezuela acusando a los pilotos de VIASA por su quiebra.
    “Sería una tragedia nacional en todo los sentidos que el presente gobierno decida continuar las políticas neoliberales, antiindustriales y antinacionales del Estado hostil y enemigo de los argentinos de los 90, amparando a lo peor del paradigma privatizador de esa otra década infame, como del capitalismo bandolero que nos asoló.
    “El pueblo argentino en general, y los trabajadores aeronáuticos en particular, esperamos y reclamamos a la presidenta Cristina KIRCHNER, que honre en el caso de Aerolíneas Argentinas y Austral sus definiciones políticas como las del ex presidente KIRCHNER: “Vamos a correr de la Argentina a los ladrones y sinvergüenzas que nos llenaron de hambre y nos robaron. Y a terminar con las corporaciones que traban los intereses de la Patria” (N.K:. Bariloche, 11/03). “El gobierno recibirá con los brazos abiertos a los inversores, pero no a los que quieran venir a robar o extorsionar” (C.K: V.Dominico,09/05).
    “Los técnicos aeronáuticos también deseamos ratificar lo expresado en mayo del 2006 en una solicitada publicada en el diario Clarín: “No pretendemos la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, sino que sean controladas por empresarios honestos, capaces y genuinos”.
    “También exigimos que la seguridad jurídica sea para los ciudadanos argentinos, porque no existe doctrina económica que promueva el delito, ni leyes que lo amparen. Hoy, como ayer, y será siempre, seremos parte de la solución y nunca del problema de nuestra Aerolínea de Bandera y Austral”.

Carlos Machado