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Tal vez la dinámica política ha dejado de lado por un rato el debate por los problemas económicos que arrastra la Argentina, que nos están transportando hacia terrenos pocas veces explorados. Dos dígitos de inflación mensual, una interanual que ronda el 140%, la enorme marginalidad social y los índices de pobreza que parecen estar empecinados en batir todos los récords son solo alguna de las cuestiones que se han pausado del debate público en virtud de estar atravesando una contienda electoral cargada única.
La política, sin embargo, empieza a preguntarse qué es lo que viene y cuáles serán los principales desafíos que deberá enfrentar la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, cuanto el país estrene un nuevo período presidencial. El desorden económico tiene tal magnitud que muchos comenzaron a ver a la hiperinflación como un posible escenario futuro.
Sin dudas la gran apuesta para quién ocupe el sillón de Rivadavia será la de presentar y ejecutar un plan económico creíble y robusto que deberá tener como premisa un gran ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas. El nivel de déficit fiscal (que probablemente se sitúe este 2023 en torno al 3% del PBI antes del pago de intereses) es uno de los grandes pilares contra los que habrá que batallar si se quiere evitar el colapso final de la economía. Independientemente de las metas impuestas por el FMI (las cuáles Argentina ha incumplido absolutamente todas) evitar que la máquina de hacer billetes siga en funcionamiento será clave para cualquier programa económico.
Sin dudas este brutal nivel de emisión monetaria tiene dos componentes que requerirán pericia y determinación para ser resueltos: por un lado el elefantiásico gasto público y por el otro el maltrecho patrimonio del Banco Central. Entender que detrás del déficit fiscal (y su contrapartida en la emisión monetaria para poder cubrirlo) se encuentra un Estado que ha logrado triplicar su tamaño en los 40 años de democracia, es también entender que el recorte del gasto público es otra de las piezas claves en las que de manera inmediata deberá tomar cartas en el asunto quién asuma como próximo Presidente: no hay tiempo para gradualismos ni espacios para apostarle a la fe. Ministerios, transferencias a las provincias, subsidios económicos, planes sociales y empresas públicas deben estar en el menú de opciones a la hora de evaluar posibles soluciones al descontrol fiscal.
Los pasivos remunerados del BCRA son un gran escollo. El nivel de inflación futura que representan las Leliqs puede lograr derribar cualquier pronóstico. Hoy los intereses que pagan estos instrumentos representan algo así como 60.000 millones de pesos diarios, toda una gran bomba de tiempo que tiene una mecha suficientemente corta a la que ya no le queda mucho margen más.
Desde ya que el éxito por evitar un desastre mayúsculo dependerá indefectiblemente de que el plan económico esté acompañado por una profunda reforma del sistema impositivo –el cuál hoy ahoga al sector privado-, por la liberación del tipo de cambio que termine con un cepo que lo ha destruido todo, por la liberación del comercio exterior, por el fin de las retenciones a las exportaciones y por sobre todo el respeto infinito por la propiedad privada.
La Argentina solo evitará seguir transitando el camino hacia la más absoluta decadencia si comprende que lo único que nos alejará de un futuro oscuro será la inversión, el trabajo, la educación y el respeto por la ley en el marco de una economía sana y sin inflación, que premie el esfuerzo y que tenga los incentivos suficientes para que el sector privado vuelva a ser pujante como en algún momento lo fue. Sin embargo lo que viene por ahora parece ser una gran y preocupante incógnita.
