Si bien había anticipado en campaña que en caso de ser necesario subsanaría su debilidad legislativa con la convocatoria a plebiscitos, el Gobierno de Javier Milei apeló no a esa vía al llegar al poder, sino a la del decreto. Lo hizo luego de haber anticipado que el día 11 de diciembre, un día después de asumir, convocaría al Parlamento a extraordinarias, para avanzar con un sinnúmero de modificaciones legislativas que irían en el sentido anunciado por el líder de La Libertad Avanza en la campaña.

Una decisión curiosa para el Gobierno con la minoría más extrema de la historia de la democracia argentina. Porque si algo se espera ante semejante escenario es que el Presidente sea muy cauteloso allí en el Poder Legislativo, el único ámbito donde no califica el triunfo que encumbró a Milei en la presidencia el 19 de noviembre, sino con las elecciones generales del 22 de octubre, cuando La Libertad Avanza resultó segunda, con solo el 30% de los votos.

La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se construyeron en base a ese resultado, razón por la cual el oficialismo cuenta apenas con 37 diputados y 7 senadores propios.

La realidad es que el Poder Ejecutivo no convocó finalmente al Congreso el 11 de diciembre a sesionar, sino que apeló a la vía del decreto para dar una muestra de poder y autoridad. Los decretos de necesidad y urgencia representan un hándicap para el gobierno de turno basado en la legislación orquestada allá por 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. “Primera ciudadana” en ese tiempo, y con la mira puesta en ser candidata presidencial el año siguiente -aunque con su esposo presidente mantuvieron la incógnita hasta el final- elaboró una ley para regir los decretos de necesidad y urgencia (la 26.122) hecha como quien piensa que va a gobernar por décadas, pues le asignaba al gobierno de turno la certeza de que muy difícilmente sus decretos podrían ser rechazados por el Congreso. Una década más tarde esa herramienta caería en manos de una administración ubicada en la vereda de enfrente, ideológicamente hablando, y así fue que Mauricio Macri apeló a los DNU, sobre todo en tiempos de receso legislativo. Pero no le fue tan favorable el tránsito de cada uno de ellos, pues varias veces ese oficialismo quedó al filo de una derrota sin precedentes.

En definitiva: a ningún gobierno el Congreso le volteó un decreto de necesidad y urgencia. Pero estamos hablando de gestiones que tuvieron mayorías al menos en una de las dos cámaras; en el caso de Cambiemos, varias veces estuvo cerca de romper ese invicto. Nada indica que a Milei le vaya a ir mejor en esa materia.

Así y todo apostó un pleno con el mega DNU anunciado el 20 de diciembre pasado, el más ambicioso que se recuerde de parte de un Gobierno. Una medida que tiene un antecedente en otro gobierno en minoría, el de Mauricio Macri, que en 2018 apeló al mismo camino para avanzar con un decreto muy ambicioso, pero no tanto como el actual. Ese mega DNU tenía 140 modificaciones de leyes y decretos, con 170 medidas agrupadas en 22 capítulos que involucraban las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Previsiblemente ese decreto de necesidad y urgencia encontró múltiples resistencias de parte de la oposición de entonces. Y si bien consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo, el mismo día que eso sucedió, el Gobierno anunció que cambiaría el decreto por tres leyes, que aprobó con holgura.

Ese podría ser un camino viable para esta gestión, que ha recibido de parte de la oposición perteneciente a buena parte de lo que fue Juntos por el Cambio, señales respecto de que estarían dispuestos a aprobar la mayoría de las medidas incluidas en el decreto… si vinieran en forma de proyectos. No se pide uno por cada medida, aunque tampoco una ley ómnibus. Dos o tres proyectos de ley que resuman el total del DNU presentado el 20 de diciembre, de los cuales algunos podrían quedar en el camino como concesión, pero sin opacar la victoria de este Gobierno en extrema minoría.

Por el momento, no parece ser esa la idea de este oficialismo, que ya encuentra dificultades en la conformación de la Comisión de Trámite Legislativo. La misma todavía no ha sido formada y ahí el oficialismo tiene el primer escollo. La comisión debe tener 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores. Unión por la Patria quiere la mitad de los correspondientes a cada cámara. No se los darán. Todo indica que les otorgarán tres lugares a los miembros de UP, basándose en la ley de Cristina Kirchner que establece que la conformación de esa comisión será “a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”. Y hay consenso en el resto de los bloques para no darle al peronismo más que seis lugares.

Lo cual no es presagio de que La Libertad Avanza vaya a dominar esa comisión cuya presidencia este año le corresponde al Senado, y que reclama el radicalismo. Allí habrá al menos un representante del Pro por cada Cámara. La UCR quiere dos por el Senado y al menos uno por la Cámara baja. Como sea, el oficialismo no tiene garantizado siquiera un empate que resuelva un presidente de la bicameral afín.

El radicalismo es clave, y el flamante presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, ha manifestado su desacuerdo con el decreto. Reclama, como el resto de su partido, “una ley espejo”. Lousteau es además senador nacional. No están alineados con él todos los senadores de su bancada, pero ya adelantaron que lo que decidan será en bloque. Y la postura adelantada mayoritariamente es opuesta a aceptar que el presidente se arrogue la posibilidad de legislar.

Sin el radicalismo, ni la Coalición Cívica, ni los diputados de Cambio Federal, ni tampoco los de Innovación Federal, el decreto no tiene chances de salir en Diputados. Tampoco en el Senado, donde los senadores Camau Espínola y Edgardo Kueider, ya expresaron su rechazo al DNU. Y eso sin contar al radicalismo, que también se pronunciaría en contra.

Lo más probable es entonces que el oficialismo busque dilatar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia in eternum. Ya quedó claro que su disposición no es tratar el tema en extraordinarias, al no incluir el presidente su tratamiento para las extraordinarias convocadas el viernes pasado.

Buscarán hacer hincapié en que el peronismo gobernante archivó un centenar de DNU de Alberto Fernández que nunca tuvieron tratamiento. Hace dos años que la comisión de DNU no se reúne para tratar decretos. La última vez fue el 6 de julio de 2021. Solo hubo una reunión después el 30 de junio de 2022: duró 10 minutos y solo fue para nombrar nuevas autoridades.

Es una estrategia arriesgada. Sin contar que tarde o temprano el tema llegará a la Corte Suprema, que muy probablemente termine fallando en contra, siempre tendría en ese caso el oficialismo el riesgo de que la oposición logre reunir una mayoría que le aseste una derrota legislativa histórica. Así y todo, la orden que bajan desde lo más alto del poder vigente es no dar el brazo a torcer en la materia. Confiados en que ni el radicalismo, ni otros partidos de JxC se atreverán a formar parte de una maniobra tal perpetrada juntamente con Unión por la Patria, para asestarle semejante golpe al Gobierno de Milei.