Confieso que estoy desconcertado por algunos aspectos del DNU y del proyecto de “ley ómnibus” enviado al Congreso sin paracaídas y a los golpes, y que tantas esperables resistencias han suscitado en los sectores afectados, en el periodismo militante y en la Justicia, que reaccionó con una lluvia de cautelares. Considero a Javier Milei un gran jinete, y  criticaré cuando se disipe la polvareda que levantó galopando con la velocidad que ha impreso a su gestión; sin duda lo hizo para aprovechar el estado de estupor en que quedó la oposición, por completo ignorante de cuánto había cambiado la sociedad, al ver triunfar en la carrera a un jockey novato, sin experiencia y montado a las apuradas sobre el hartazgo y la impaciencia de la juventud.

Mis cuatro principales cuestionamientos son la ratificación del Ministro de Justicia  de la más que interesada orden de Cristina Fernández que impide a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Investigación Financiera actuar como querellantes en las causas penales; Mariano Cúneo Libarona argumentó para hacerlo que se usaron para perseguir opositores, o sea, justificó el invento del lawfare; el mantenimiento del régimen de protección a la industria ensambladora de Tierra del Fuego; la política relacionada con el Mar Argentino; y el nombramiento o conservación de funcionarios vinculados a la gestión de los Fernández² + Massa, moral y judicialmente cuestionados, incorporándolos a la actual administración.

En las causas por corrupción, aguardaré a ver qué hacen los fiscales ante las obligaciones persecutorias del delito que la ley les impone pero, si el ejemplo fuera Eduardo Taiano, mis críticas se convertirán en alaridos; ese Fiscal Federal pidió el sobreseimiento de Matías Tombolini, ex Secretario de Comercio, y de sus cómplices en la causa incoada por la conocidísima exigencia de coimas para autorizar el acceso a dólares oficiales a importadores, aduciendo que se había fundado en denuncias anónimas. Por el contrario, si los paradigmas fueran sus colegas Carlos Stornelli, Diego Luciani y tantos otros valientes, retiraré mis objeciones. Los ciudadanos de a pie, que apoyamos las políticas actuales (Milei hoy cuenta con una aprobación del 60%) pero seremos quienes más sufrirán el ajuste monumental que obligadamente ha puesto en marcha el Presidente, seremos también quienes peor reaccionaremos si el dolor en los bolsillos no fuera acompañado por un claro embate judicial contra aquéllos que tan impunemente, al menos hasta ahora, han saqueado tanto al país como para hacer imprescindible este duro apriete del cinturón.

Las “fábricas” de computadoras y celulares de Rubén Cherñajovsky y de Nicolás Caputo en la isla sureña gozan de una inicua protección que cuesta una fortuna al erario que ahora fue ampliada al excluir a los componentes que importa y allí ensambla de la aplicación del “impuesto PAIS”, perjudicando a los ciudadanos que podrían comprar productos en el extranjero, mejores y más baratos. Si se repone la libertad de importar y, consecuentemente, se permite que sea el mercado quien pone lógico freno a este inexplicable abuso, también quitaré el tema de mi lista de reclamos.

La propuesta de suprimir la Ley de Pesca que, reconozco, necesitaba importantes cambios, me asombra. Eliminar, lisa y llanamente, la política de cuidar nuestros recursos ictícolos de la depredación a de las flotas chinas y europeas, abriendo el Mar Argentino a quienes ofrezcan más dinero para pescar en él, me parece un disparate monumental. En el proyecto se deroga la obligación de faenar e industrializar en puertos argentinos, de utilizar tripulaciones locales y, dado el estado en que han quedado la Prefectura Naval y la Armada, que carecen totalmente de capacidad de control, se deja a la voluntad de los pesqueros la declaración de su captura a efectos impositivos. No entiendo, entonces, cuál sería el beneficio para el país, más allá de mejorar la recaudación inmediata a cambio de perder la futura, porque se extinguirían especies, se perderían miles de puestos de trabajo, se cerrarían cientos de fábricas y se pondría en juego, peligrosamente, la defensa de nuestras costas marítimas. El jueves el Gobierno reconoció que algunas de estas reformas serán revisadas; veremos entonces.

A pesar de comprender que el Presidente, que carece de un importante caudal de legisladores propios, de tan siquiera un gobernador y con pocas figuras experimentadas en sus filas originales, deberá acordar con muchos para obtener las leyes que le permitan aplicar su plan económico, y que esa combinación de factores hace que deba incorporar a muchos seguidores de otras fuerzas políticas a su administración, estimo que debe imponer una vara muy alta en materia de antecedentes morales para la admisión; todavía no parece ser el caso.

Creo que el enorme fárrago de medidas y cambios, unos cruciales y otros nimios, que contienen las dos normas –DNU y proyecto de ley- le servirán a Milei precisamente para esa negociación, entregando aquéllos que considere menores para garantizar la aprobación de los verdaderamente importantes. La convocatoria de las cúpulas de las centrales obreras, ajenas siempre a la voluntad de sus obligados y exprimidos súbditos, a un paro general a tan largo plazo como el 24 de enero va en el mismo sentido, o sea, intentar negociar con el Gobierno para evitar o, al menos, limar algunos de los recortes que, sin duda, afectarán las arcas personales de estos sátrapas eternizados e irrecuperables. En resumen, estoy en una ilusionada posición de “esperar y ver”, casi como hice anoche con los Reyes Magos.