El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó a Guatemala la liberación incondicional de la ex-fiscal anticorrupción, Virginia Laparra, encarcelada durante 2 años, sin «las debidas garantías del debido proceso». Recientemente ha sido puesta «bajo arresto domiciliario», detención «arbitraria» cuya inculpación aún perduraría. El escándalo confirma la «criminalización» contra «funcionarios de justicia en los últimos 12 meses».

Esta ola represiva «es muy preocupante y socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho», afirmó Turk en Ginebra, cuando el país se apresta a un relevo presidencial. El actual mandatario Alejandro Giammattei, debe ceder el cargo el próximo 14 de enero a Bernardo Arévalo. Lo exigió la Corte Constitucional, exhortando al Congreso a «garantizar la investidura del Presidente elegido», objeto de una campaña judicial hostil, por ser una fuerza nueva y no contaminada con los 8 años del pacto entre redes criminales que han dominado el país.

Al respecto, el gobierno de Giammattei rechazó en julio pasado 80 recomendaciones para mejorar los derechos humanos, formuladas por varios países en el llamado Examen Periódico Universal (EPU), un escrutinio entre pares al que cada Estado miembro de la ONU está obligado a comparecer una vez cada 5 años. Entre ellas destacaron las criticas de la Unión Europea, y de Estados Unidos, el cual deploró «la corrupción» y «la impunidad» del gobierno ahora saliente.

«La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar», denunció el Alto Comisionado. Instó a que se tomen «medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del poder judicial», y «brindar la protección necesaria a las personas operadores de justicia». Varios jueces y fiscales guatemaltecos debieron exilarse, y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), creada a instancias de la ONU para luchar contra la corrupción, fue disuelta en 2019.

El sociólogo y diputado Bernardo Arévalo, del Movimiento «Semilla», de centro-izquierda, triunfó inesperadamente en las elecciones presidenciales del pasado 21 de agosto con el 58% de los votos. Se impuso a Sandra Torres, primera dama del otrora presidente Alvaro Colom (2008-2012), hoy su viuda, titular de la «Unidad Nacional de la Esperanza» (UNE, centro-derecha). Fue su tercera postulación y reunió el 37% de los votos, una derrota incontestable.

En paralelo, hubo elecciones para renovar el Congreso. «Semilla» cobró sorpresiva notoriedad como la tercera fuerza, con 23 escaños sobre un total de 160, detrás de las 2 formaciones políticas tradicionales: «Vamos» de Giammattei, con 39 escaños, y Sandra Torres con 28 escaños. El brillante desempeño de Arévalo en los escrutinios presidencial y parlamentario, sin duda se debió también a la movilización popular «antisistema», y al apoyo explicito de las poblaciones indigenas, el 40% de los 17 millones de habitantes del país.

Cabe recordar que Bernardo Arévalo es hijo del extinto Presidente guatemalteco, Juan José Arévalo, primer jefe de Estado elegido democráticamente (1945-1951). Impulsó reformas progresistas, en materia de educación, seguridad social y condiciones de trabajo. Preconizó un «socialismo espiritual», tildado entonces de «comunista» por los Estados Unidos, cuyo gobierno propició un golpe de Estado urdido por la CIA en 1954, derrocando a su sucesor, Jacobo Arbenz.